El gobierno blanqueó en el Senado su hoja de ruta para los compromisos del próximo año. Se abonará en "cash" el vencimiento de enero. Repo y FMI, las cartas para reforzar las reservas.
La hoja de ruta reconoce dos hitos: son los dos pagos de capital e intereses de los bonos Global y Bonar, que insumirán unos U$S 4300 millones en enero y otro tanto en julio. Para el primero, Economía ya cuenta con los fondos suficientes: en octubre giró U$S 1500 millones al Bank of America para ser aplicados a los intereses, mientras que el capital se afrontará con las compras de divisas acumuladas por el Banco Central en los últimos meses.
Antes de que opere el segundo vencimiento, se abre una ventana de tiempo que el Palacio de Hacienda quiere aprovechar proponiendo a los acreedores canjear los bonos más cortos, que vencen en 2029 y 2030 y ya están generando obligaciones más onerosas (los más largos por ahora sólo devengan intereses).
Para lograrlo, el gobierno se escudará en las facilidades que le otorga el DNU 846/24, que flexibiliza los requisitos para la renegociación: la idea es proponer a los acreedores títulos de mayor duración y que entreguen los actuales en parte de pago.
Para el segundo semestre, el objetivo es volver a los mercados de deuda, con una emisión de títulos que podría aprovechar la caída del riesgo país y el proceso de reducción de tasas que iniciaría la Fed estadounidense y que haría más atractivas las oportunidades en los mercados emergentes.
En el ínterin, continuarán las negociaciones para conseguir un Repo (préstamo garantizado) que ayude a fortalecer las reservas del Banco Central. Dicen en el gobierno que las conversaciones con un consorcio de bancos internacionales están avanzadas para conseguir unos U$S 3000 millones, posiblemente a tres años de plazo y a una tasa de interés anual de un solo dígito, según aseguran. En paralelo continuarán las discusiones con el Fondo Monetario Internacional.
La estrategia fue revelada por el gobierno en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó el miércoles en el Senado. La larga exposición del ministro coordinador fue acompañada de un escrito de más de 1000 páginas en el que se contestaron todas las preguntas formuladas por los integrantes de la Cámara alta.
Perdidas en ese fárrago quedaron las explicaciones que Caputo brindó sobre la manera en que afrontará los compromisos en dólares del año próximo con bonistas y organismos internacionales, que suman alrededor de U$S 17.000 millones, según el informe que la Secretaría de Finanzas actualiza trimestralmente.
El canje de títulos fue admitido por el ministro en un cruce de preguntas y respuestas con Oscar Parrilli y María Inés Pilatti Vergara, los dos senadores del justicialismo que machacaron con marcada insistencia sobre el cuestionado decreto de necesidad y urgencia, que exceptúa el cumplimiento de ciertos requisitos para la reestructuración de pasivos a los que obliga la Ley de Administración Financiera.
“El Ministerio de Economía informa que el DNU 846/2024 no habilita la realización de operaciones de reestructuración de deuda, por lo que no se efectuó ninguna”, es la respuesta a las preguntas 760 y 761 de las que contestó la Jefatura de Gabinete.
“El DNU 846/2024 modifica el artículo 11 del DNU 331/2022 en lo relativo a los precios a los que se tienen que tomar tanto de los títulos públicos que se entregan, como los que se reciban en pago”, profundiza sobre el verdadero propósito de la norma que vio la luz en septiembre y que pese a las críticas, todavía no pudo ser rechazada por el Congreso, ya que la oposición no logró el quórum para sesionar.
Con ese decreto, la Secretaría de Finanzas quedaría habilitada para emitir nuevos títulos y tomar los ya existentes en parte de pago. Ese es el espíritu del DNU, que según el gobierno admite no busca gambetear la Ley de Administración Financiera porque, según su interpretación, ya está exceptuado de cumplirla a partir de decretos anteriores.
En otra respuesta a Parrilli, Economía afirma que “a partir de mediados de 2025 se espera emitir a tasas razonables en los mercados internacionales”. De esa manera se podría cumplir con los pagos del segundo semestre del año.
“Adicionalmente se están evaluando distintas alternativas con bancos y distintos organismos internacionales de crédito. Si bien estos últimos implican desembolsos para fines específicos, colaborarán en el fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central”, señala el Palacio de Hacienda en relación al Repo y a las gestiones con el Fondo Monetario Internacional.
Si bien este organismo aceptó iniciar las discusiones para otro acuerdo, su voluntad de aportar dinero fresco todavía está en duda.
Los compromisos en moneda extranjera son demandantes por la escasez de divisas del Banco Central, cuyas reservas internacionales netas siguen siendo negativas. Sin embargo, no son los únicos, ya que los vencimientos en moneda local obligarán a un «roleo» casi constante por parte de la Secretaría de Finanzas.
Según el relevamiento realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en diciembre vencen títulos por $ 6,4 billones y hay otros $ 51 billones con vencimiento en el primer semestre del 2025. En el Palacio de Hacienda son optimistas sobre la refinanciación de esos pasivos y ponen como ejemplo lo ocurrido en la licitación del último miércoles, donde no sólo lograron fondos para cubrir los $ 5 billones que vencían sino que obtuvieron un excedente de $ 1,5 billón más que fue depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA.
Participaron grupos musicales y performáticos como el Teatro Sanitario de Operaciones.
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