El juego de las diferencias oculto tras la discusión por la deuda bonaerense

El pase de facturas por las conductas del pasado y las recetas para afrontar el ahogo financiero fueron el eje de la rimbombante discusión sobre la deuda bonaerense. El cruce a través de Twitter del gobernador Axel Kicillof y el exministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, dejó en claro diferencias conceptuales que exceden la guerra de números.

El disparador fue la decisión de citar a los tenedores del bono BP 21 para buscar alternativas que dilaten el pago de los U$S 250 millones que debería efectivizarse el lunes de la semana que viene. «La situación de la caja de la Provincia es compleja y no tenemos capacidad de pago para afrontar el vencimiento», se sinceró el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

Kicillof planteó abonar los intereses en fecha y postergar el pago del capital hasta el 1 de mayo. Se trata de una propuesta muy parecida a la que barajan sectores del gobierno nacional para discutir con sus acreedores, por cierto que con montos mucho mayores y otras complicaciones adicionales (léase la marca a presión del FMI).

No por casualidad, desde la Nación apoyaron la vía de las negociaciones. El ministro de Economía, Martín Guzmán, respaldó ese camino aunque negó que fuera a aportar dinero para un salvataje. «La Provincia de Buenos Aires está llevando a cabo sus propias gestiones, que me consta que están basadas en principios similares a los de la Nación. Nosotros apoyamos esas gestiones», dijo Guzmán.

La estrategia fue cuestionada por Lacunza, quien el último miércoles escribió un hilo de tuits en contestación a los que había publicado Kicillof un día antes. Por encima de las cifras, quedaron en claro las distintas maneras de proceder entre quienes entregaron y tomaron el poder en diciembre pasado.

Números y también ideas

El contrapunto arrancó por los números. Mientras el gobernador dice haber recibido un pasivo que medido en dólares alcanza los 11.263 millones, con un fuerte crecimiento en los últimos cuatro años, Lacunza menciona que en ese período la deuda no tuvo cambios y que los U$S 1800 millones de más estaban en 2015 «escondidos» en préstamos del Bapro y deudas a proveedores. También afirma haber dejado una disponibilidad líquida de $ 33 mil millones, superior a la que menciona el gobernador.

Por fuera de los números, Kicillof criticó el «catastrófico endeudamiento y la situación de caja que dejaron», originados en las «pésimas decisiones del gobierno anterior». Como ejemplo, citó el abultado monto de obligaciones que vencen antes de 2023 y que trepa a U$S 8800 millones: «Los vencimientos se concentran en los cuatro años de este mandato».

Pero lo jugoso está en la recomendación de Lacunza de que la Provincia podría salir de su crisis de deuda a través de un endeudamiento aún mayor. El exministro, que estuvo en su cargo desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal hasta agosto del año pasado, cuando pasó al Gabinete nacional, recordó que la Legislatura bonaerense autorizó a tomar préstamos por $ 67 mil millones y que eso ayudaría a encarar una negociación integral. «Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que generen las políticas futuras», dijo Lacunza, pasando toda la responsabilidad sobre el tema a la actual gestión.

La respuesta fue bastante obvia y vino de parte de Sergio Massa. «Le aconsejaría (a Lacunza) que haga silencio, porque tuvo que declarar una deuda en default en pesos de la Argentina», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, en alusión al reperfilamiento de Letes que en su momento dispuso el funcionario de Cambiemos.

Kicillof también se quejó de que la proporción de deuda en moneda extranjera creció de 57% a 82% del total. Lo consideró un grave error de cálculo del gobierno de Vidal. «La Provincia produce y recauda en pesos, no en dólares», fundamentó. Lacunza culpó de ello a la devaluación y señaló que sólo la mitad de la deuda tomada por él estaba nominada en dólares.

Como se ve, la polémica remite a otras que dominaron la discusión política y económica del país en los últimos cuatro años. En esa materia, las diferencias se mantienen más vivas que nunca. «

El gobierno afronta pagos por U$S 36 mil millones

La deuda pública nacional requerirá pagos por el equivalente a U$S 69.709 millones durante 2020. Sin embargo, al excluir los préstamos realizados por otros organismos del sector público, los servicios se reducirían a U$S 36.217 millones. Así lo estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, al presentar su informe correspondiente al mes de diciembre.

El estudio también puntualiza que durante el primer semestre, los pagos más relevantes corresponden a las amortizaciones de los Bonar 2020 (a pagar en febrero y en mayo) y Bonar 2024 (en mayo). Entre los bonos en pesos se destacan el Bogato (marzo) y el Botapo (junio). En abril, en tanto, será el turno del Boncer, los bonos en pesos ajustados por CER.