El grado del ajuste

Aún antes de que Mauricio Macri asumiera como presidente, y con mayor fuerza luego, se instalaron en la discusión mediática dos grupos de opinión dentro del propio macrismo: los gradualistas y los partidarios del shock. No son dos escuelas distintas; la diferencia entre ambos radica en el grado del ajuste que se aplica.

La estrategia gradualista consiste en estimular la economía vía incremento del gasto fiscal y prestaciones sociales, para intentar llegar relativamente bien a las elecciones de 2017, un objetivo que se anticipa difícil de alcanzar. Luego del momento del sufragio, se produciría el fuerte ajuste en la economía, conjuntamente con una flexibilización laboral que hace tiempo viene reclamando el «círculo rojo».

La estrategia fue definida con claridad en el título de la nota de Ricardo Kirschbaum (Clarín, 25.11.16): «El giro «populista» para ganar tiempo». En la misma línea, según Marcelo Bonelli el presidente «está jugado a ganar las elecciones en octubre. Y lo hace porque recibió mensajes concretos del exterior: las inversiones no llegarán hasta que encare reformas de fondo, que sólo podrá concretar si consolida su poder político».

Javier González Fraga fue más contundente aún: «Nadie quiere invertir en el país porque no saben si no vuelve el populismo dentro de dos años», sostuvo, para agregar: «He estado hace poco en el exterior hablando con más de 40 financistas o potenciales inversores en la Argentina y 9 de cada 10 preguntas tienen que ver sobre la política” (Página/12, 19.11.16).

Preguntado sobre cómo arribará el gobierno a los comicios de medio término, González Fraga expresó: «Llega no muy bien desde lo económico, porque va a haber una reactivación, pero no la suficiente.»

Pero, independientemente de los deseos, la aplicación de la receta neoliberal lleva necesariamente al ajuste, más allá de que por algún período se mantenga un gasto público elevado por sobre los parámetros de dicha receta. Los límites de maniobra son pocos, y están condicionados por el endeudamiento externo, en un año en el que muy probablemente los recursos financieros sean más caros y eventualmente escaseen.

Este límite surge al analizar el monto confirmado por el gobierno nacional para la emergencia social. Si bien fueron anunciados con gran pompa, los $ 30 mil millones de ayuda social prometidos en tres años –2017 a 2019–, a modo de comparación, son sólo el 12% de lo que se pagará por el total de intereses de la deuda pública en 2017 o el 1,7% del total del gasto en servicios sociales en 2017. Esta redefinición macrista de la emergencia social no es más que una débil rueda de auxilio al modelo de ajuste y exclusión social que se implementa.

La presentación de la emergencia social por parte del gobierno nacional estuvo acompañada por la firma de un compromiso de no despedir hasta marzo de 2017 por parte de los empresarios del G6 (las grandes cámaras de Industria, Comercio, Construcción, Bolsa, Bancos y Sociedad Rural).

No es algo nuevo, ya sucedió a principios de año y no surtió efecto alguno. Abriendo el paraguas, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, aclaró que el acuerdo es sólo «una exhortación a un esfuerzo común» pues «legalmente» la entidad fabril «no tiene la facultad de obligar a no despedir». Para que no queden dudas, comentó que es un «derecho» empresarial despedir personal, en lo que podría ser una muy sui generis interpretación del derecho a «trabajar y ejercer toda industria lícita» del Artículo 14 de nuestra Constitución, y un gran olvido del 14 bis.

Son todas medidas que no tienen efecto y de un alcance limitadísimo, como lo está mostrando el acuerdo por el «bono navideño», escaso para quienes lo reciben, pero nulo para otros muchos trabajadores.

La liberalización comercial que permite importar ingentes cantidades de productos que compiten con la industria nacional, la orientación hacia la valorización financiera con tasas reales positivas y elevadas para los créditos a empresas, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, entre otras variables, son las políticas que están llevando a profundizar la recesión. Las medidas paliativas no cambian la tendencia de la economía ni la grave situación social. Son lo poco que tiene para ofrecer la gestión macrista para las elecciones. Si el resultado los acompaña, un fuerte ajuste se prevé cada vez con mayor probabilidad.

La economía sigue marcha atrás

Haciendo economía de recursos, el tema bien podría resumirse con dos títulos de La Nación del último viernes: «Los «brotes verdes» se secaron en septiembre» y «Se evapora la ilusión del repunte de la actividad económica».

El Indec publicó el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), anticipador del PBI, que arrojó en septiembre una caída interanual del 3,7% (comparado con igual mes del año anterior) y también una baja importante del 0,8% en términos desestacionalizados, medido respecto al mes anterior.

En términos acumulados, los nueve primeros meses de este año muestran una caída del 2,4%, y los datos del cuarto trimestre no ayudan: el Índice de Actividad Económica de la consultora de Ferreres, que emula al EMAE, cayó un 4,7% en octubre, mientras que el índice Construya evidenció una caída anual del 19,8 por ciento.

Los gurúes ya están recalculando la caída del PBI para este año, que estaría superando el 2,5 por ciento. Nada más alejado del dato «verdadero», a decir de Alfonso Prat-Gay, que estima una caída del PBI del 1,5% para este año en el diseño del Presupuesto Nacional.

El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella cae 4,6% en noviembre respecto del mes anterior, con una baja generalizada de sus tres indicadores principales: Situación Macroeconómica, Situación Personal y Bienes Durables e Inmuebles.

El Indec publicó la tasa de desocupación del tercer trimestre, que alcanzó al 8,5%, ubicada por debajo del 9,3% del trimestre anterior: un dato llamativo dado el panorama recesivo que se acaba de detallar.

Las cuentas fiscales tampoco ayudan. Macri acaba de comentar en el Congreso de la UIA que «está claro que endeudarse permanentemente para sostener un déficit es malo como también la inflación es espantosa y condena a los que menos tienen. Pero también hay que decir, ¿qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017.» A confesión de parte…

Esta advertencia de Macri va en línea con la realizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas sobre el déficit de octubre: «el resultado primario sin rentas financieras de los primeros diez meses del año se acerca a 3/4 del objetivo asumido para todo el 2016». Ya nos están alertando que en noviembre y diciembre el gasto debería caer significativamente, y, además, que podrían diferir muchos pagos para enero, lo cual no va a ayudar a la reactivación en el cuarto trimestre.

¿Por qué semejante déficit? Porque los gastos primarios subieron un 32% en los primeros diez meses (y los subsidios a las empresas privadas –principalmente por tarifas– un 43%) pero los ingresos aumentaron sólo un 26%, debido a las pérdidas por la eliminación de las retenciones (y las reducciones a la soja) más la baja en la recaudación de otros impuestos progresivos. Es un déficit que viene principalmente de esa debilidad de ingresos, por la redistribución regresiva.
Las condiciones no anticipan una recuperación en 2017. Si, en el mejor de los casos, la misma se acercara a la optimista proyección del FMI del 2,7%, se estaría a lo sumo recuperando lo que se perdió este año, y al finalizar el 2017 estaríamos al mismo nivel que en diciembre de 2015. Es lo mejor que Macri está en condiciones de ofrecer. «