El gobierno tensa el diálogo con los docentes para disciplinar paritarias

Con la firma del decreto 52, el gobierno de Mauricio Macri volvió a tensar esta semana la relación con los docentes y recalentó las paritarias provinciales antes del inicio de las negociaciones formales. La medida, que será denunciada por CTERA ante organismos internacionales, se suma a otros pasos ya dados en el mismo sentido, como la campaña de desafiliación alentada por la Provincia, y marca una línea de continuidad en la relación del gobierno con el sector en 2017. Los gremios denuncian que es un intento por imponer una suba del 15% sin cláusula gatillo y «disciplinar» las paritarias del resto de los sectores acorde a la pauta inflacionaria 2018.

El decreto modifica el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, elimina la discusión paritaria nacional que fijaba el piso que debe cobrar un docente en todo el país y circunscribe el debate a temas no salariales. Establece, a su vez, que el piso salarial que deberán tomar las provincias como referencias para sus respectivas discusiones paritarias será el Salario, Mínimo, Vital y Móvil más el 20%, un criterio que había sido fijado el año pasado de manera provisoria y que ahora llevaría a $ 11.400 el piso. A su vez, deja librada a una decisión del Ejecutivo la continuidad y el monto del incentivo docente que hoy está fijado en $ 1200 por cargo para todos los docentes del país.

Por otro lado, el decreto cambia la representación de los gremios nacionales en la mesa de negociación al establecer que participará un representante por entidad sindical cuando, hasta ahora, la participación era proporcional a la cantidad de afiliados. Esto le resta votos de manera directa a CTERA, que detenta el 60% de la representación docente.

La decisión generó un profundo malestar entre los gremios nacionales y provinciales, y reavivó el conflicto que marcó la discusión docente en 2017. El año pasado, el gobierno nacional se negó a abrir la paritaria nacional; este año la eliminó directamente por decreto. CTERA anunció que realizará dos presentaciones: una ante la Internacional de Educación, que nuclea a todos los gremios educativos del mundo, y otra ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Plantearán que el decreto 52 es «inconstitucional» y que el gobierno incurre en «prácticas antisindicales».

El secretario gremial de CTERA y titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, confirmó a Tiempo la vía de respuesta judicial. «Vamos a ir a la Justicia porque el decreto implica un nuevo ataque a los derechos laborales de los docentes. Entre los derechos de cualquier trabajador está el de discutir los salarios en paritarias», argumentó. Y consideró que «el objetivo de Cambiemos es bajar el salario e imponer un aumento del 15% sin cláusula gatillo, lo que reduciría el poder adquisitivo de los docentes porque la inflación proyectada de mínima es del 23 o 24 por ciento».

El dirigente también retrucó los argumentos del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien aseguró que la paritaria nacional nunca existió y que el decreto busca «aclarar la confusión». «Él dice que la paritaria fue un invento del kirchnerismo y entonces me pregunto qué firmamos en marzo de 2016 con los ministros (Jorge) Triaca y (Esteban) Bullrich. La paritaria existe y está en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento», señaló.

Además, minimizó el cambio en la representación gremial y el impacto para CTERA de pasar de tener 5 votos a 1. «Es secundario porque con el resto de los gremios siempre votamos igual», dijo. Y ejemplificó: «Cuando le hicimos paro a Cristina o a Macri los nueve votos fueron unánimes. El problema es que el decreto elimina la posibilidad de discutir salarios, entonces en esa mesa no discutís nada. Fue un intento oficial de que haya pelea entre los sindicalistas».

El titular de UDA nacional, Sergio Romero, sostuvo a este diario que «decretar que el sueldo docente va a estar atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil es una equivocación tremenda y somete a los docentes a seguir bajo la línea de pobreza». 

También precisó que el incentivo docente queda librado a lo que decida el gobierno: «Eso lo debatíamos en la paritaria, ahora lo va a fijar el gobierno y es lamentable. Puede bajarlo, congelarlo, hacer lo que quiera».

Romero recordó que en junio del año pasado su gremio ya denunció al gobierno ante la OIT por no convocar a la paritaria nacional y advirtió que intentarán «superar esta instancia sobre la vía del diálogo y la negociación». Y anticipó: «Si no se revierte, va a haber conflicto sin ninguna duda».

Campaña

El clima previo a las paritarias docentes ya venía caldeado antes del decreto 52 por la campaña de desafiliación que comenzó a alentar el gobierno de María Eugenia Vidal la semana pasada y también por la amenaza de armonización del régimen jubilatorio provincial. Con el escándalo que tiene como protagonista al gremio SOEME y las denuncias por afiliaciones compulsivas como excusa, la Dirección de Cultura y Educación invitó a los maestros a chequear de manera online si están afiliados a algún gremio docente y a iniciar el proceso de desafiliación con un click.

La medida generó una presentación judicial del Frente de Unidad Docente, que integran FEB, SUTEBA, AMET, SADOP, UDA y UDOCBA, que ya venían en conflicto con Vidal por el cese de 7000 docentes suplentes, el cierre de la Unidad Ejecutora Provincial que se encargaba de las obras escolares y el cambio en el régimen de licencias médicas.

Como cada año, la principal batalla salarial por cantidad de docentes y de escuelas se da en la Provincia de Buenos Aires. En 2017 la pulseada duró de febrero a julio e incluyó 17 días de paro y una campaña de desprestigio del gobierno nacional y provincial hacia los gremios y en especial hacia SUTEBA y su secretario general y adjunto de CTERA, Roberto Baradel. El conflicto se cerró en julio, a poco de iniciar la campaña por las PASO, con una suba del 27,4% (21,5% atado a cláusula gatillo más cifras compensatorias por 2016).

«La eliminación de la paritaria nacional es otra acción en esta arremetida del gobierno contra los sindicatos con la que busca devaluar los espacios de diálogo y deslegitimar nuestra representación», señaló a Tiempo la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, y puso como ejemplo la campaña de desafiliación a la que calificó como una ilegítima intromisión en la actividad sindical y una práctica desleal». La dirigente consideró que el gobierno «está generando un clima adverso para la negociación más allá del número (de aumento)».

Baradel, quien esta semana volvió a sufrir amenazas de muerte anónimas como ocurrió en plena paritaria 2017, sostuvo que el gobierno «está buscando un conflicto nacional porque quieren imponer una pauta del 15% sin cláusula gatillo y eso es conflicto seguro». «No vamos a aceptar una pauta a la baja», le aseguró a Tiempo.

El dirigente no descartó incluso que Vidal intente avanzar con cambios a la ley de paritarias provincial donde la representación y los votos de cada gremio están fijados de acuerdo al número de afiliados y SUTEBA tiene la mayoría. «Si Macri lo hizo, ¿por qué no lo haría ella? Es ilegal pero lo hicieron igual», sintetizó.

Aunque Vidal había prometido en campaña una discusión salarial con más tiempo, hasta ahora sólo hubo una reunión y no se habló de números. En el medio, la Nación cambió la pauta inflacionaria y ordenó quitar la cláusula gatillo, una herramienta que la propia mandataria había adelantado a los estatales que quería reeditar en 2018. Los docentes reclaman ser convocados, pero el gobierno todavía no fijó fecha. Desde la gobernación aseguraron que Vidal tiene previsto avanzar en definiciones con sus ministros mañana, cuando se reincorpore después de sus vacaciones. «

Cumbre marplatense con críticas al «gobierno de CEOs»

Convocados por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo en tándem con Hugo Moyano, dirigentes de 40 sindicatos de la CGT y de las 62 organizaciones se reunieron el jueves en Mar del Plata a compartir un asado y evaluar el escenario nacional y la situación interna de la propia central obrera. Como resultado emitieron un comunicado que llevarán como propuesta al Consejo Directivo de la CGT. 

En el texto los dirigentes rechazaron el tope del 15% en paritarias sin cláusula gatillo, reclamaron derogar la reforma previsional, congelar la reforma laboral y hasta eliminar los decretos de Macri. 

En la «Declaración de Mar del Plata» los dirigentes denunciaron la existencia de un «gobierno de CEO’s» que «en afrenta con la ley de ética pública» gobierna «en beneficio de sus propios intereses». Además, señalaron que la política económica «hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres». El texto también  denuncia al gobierno por haber contradicho «los acuerdos alcanzados» con la CGT bajo presión de «asesores empresariales». 

También advirtieron sobre una política antisindical del gobierno que se refleja en el decreto contra la paritaria docente nacional y en las «denuncias mediáticas, judiciales, tributarias y a través de un aparato comunicacional afín». Según los dirigentes, esa campaña pretende «la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo».

Del cónclave participaron, además de Barrionuevo y Moyano, los triunviros Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid y dirigentes como Omar Plaini de Canillitas, Sergio Palazzo de Bancarios y Omar Maturano de La Fraternidad (que suena como candidato de este sector a conducir la CGT), entre otros. 

Camioneros anunció su intención de convocar una movilización dentro de las próximas dos semanas para repudiar e invitaron a otros sindicatos a sumarse.