La negociación por la deuda entre el gobierno y los bonistas internacionales quedó extendida de hecho, luego de que el viernes cerrara formalmente el plazo para aceptar el canje de títulos. En el desayuno de trabajo que mantuvieron ayer el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se resolvió profundizar las conversaciones con los fondos de inversión más renuentes y explorar alternativas para convencerlos de que se sumen a la operación.

Ante la evidencia de que la aceptación entre los acreedores fue muy baja, el gobierno se apuró a dejar en claro que tratará de evitar una cesación de pagos. “Nadie quiere caer en default. Puede haber contraofertas en los próximos días. La negociación sigue”, avisó Fernández en declaraciones radiales. Luego, en la red social Twitter aseguró: “La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir. Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir”.

En el mismo tono, Guzmán dijo: “Agradecemos a los acreedores que apoyaron nuestra propuesta. Hasta este lunes hay tiempo para extenderla. Continúa el diálogo en pos de un acuerdo que Argentina y sus acreedores puedan sostener”.

El efecto práctico es que, como no se alcanzó el umbral mínimo de aceptación que establecen las cláusulas de emisión de los títulos para extenderlo a todos los tenedores de manera obligatoria, el canje de los viejos bonos, que suman U$S 66.238 millones, por otros nuevos (que implican de manera global una reducción de intereses de 62% y una quita de capital de 5%, además de un período de gracia de tres años), sólo podrá realizarse con la porción minoritaria de tenedores que declaró su conformidad. El resto tendrá derecho a exigir el pago en las condiciones originales o, si ello no sucede, recurrir a los tribunales de Nueva York, Londres o Tokio, que son los designados para eventuales diferendos judiciales. El primer conflicto podría dispararse el 22 de este mes, cuando expira el período de gracia para los intereses por U$S 503 millones correspondientes a tres series de los bonos Global –emitidos durante el macrismo- que quedaron impagos a fines de abril.

De cara a este tiempo extra, los fondos de inversión insistirán con su objetivo de rebajar la oferta oficial. La diferencia entre los flujos de dinero por intereses que entregarían los nuevos bonos y los que preveían los anteriores es de U$S 41 mil millones, según los cálculos del Ministerio de Economía. Por eso la nueva estrategia oficial es que Guzmán mantenga videoconferencias individuales con BlackRock, Templeton, Fidelity y Pimco, entre otros grupos de acreedores que no aceptaron el canje hasta ahora.

Las diferencias entre las posiciones quedaron claras cuando Economía difundió la contrapropuesta que había recibido de BlackRock. Mientras el gobierno sugirió que los vencimientos de capital arrancaran recién en 2030, tres años de gracia para el pago de intereses y luego una tasa creciente que arrancaba en 0,5% anual y llegaría en el caso extremo a sólo 4,9% anual; el fondo (que maneja activos por unos cinco billones de dólares, según datos extraoficiales) ofreció arrancar con las amortizaciones en 2028, bajar los intereses sólo por ese período (luego recuperarían su actual nivel promedio de 7% anual)  y una “compensación en especie” por el lucro cesante.

En una jugada por garantizar el éxito comunicacional de la propuesta, Economía logró la adhesión de 138 economistas y académicos de prestigio, provenientes de centros de estudio e investigación de todo el mundo, que pidieron a los acreedores que accedieran a la reestructuración como contribución a un nuevo orden que emergerá de la crisis del Covid-19. La carta abierta la firmaron, entre otros, dos premios Nobel (Joseph Stiglitz y Edmund Phelps) y figuras de renombre mundial, algunas de las cuales compartieron cátedra con Guzmán en la Universidad de Columbia hasta hace pocos meses. Otros 174 economistas locales hicieron lo propio en un segundo documento publicado el viernes.

Pese al revés, las nuevas cartas que se apresta a jugar Economía no difieren mucho de las que mostró en manos anteriores. “Seguimos siendo flexibles y consideraremos cualquier combinación de intereses o reducción de capital, período de gracia y extensión de vencimientos que esté alineada con los análisis de sostenibilidad de la deuda que hizo este gobierno y el FMI”, dijo Guzmán a la agencia Reuters.

El FMI sí cobra los intereses

Los pagos al Fondo Monetario Internacional son una de las pocas excepciones a la estrategia oficial de pisar los dólares que quedan en las reservas. Esta semana salieron del Banco Central unos U$S 320 millones de dólares correspondientes a los intereses por el dinero que el organismo giró al país a través del crédito Stand By suspendido en agosto de 2019. Voceros del BCRA confirmaron la operación, que de acuerdo al cronograma vigente debería repetirse en agosto y en noviembre de este año.

A contrapelo de otras crisis de deuda en la historia argentina, esta vez el FMI, sea por su deseo de recuperar sus acreencias o como consecuencia de la zozobra que vive la economía mundial, apoya la reestructuración de títulos que gestiona el gobierno. “Aunque no estamos directamente involucrados, tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo con una alta participación de acreedores”, dijo el vocero del organismo, Gerry Rice.