Lo hizo a través del Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de dar marcha atrás con lo que negoció Dietrich en 2018 y que resultó en la aceptación de una deuda que, entre capital e intereses, sumaba U$S 770 millones.
En el Acuerdo Integral de Renegociación (AIR) de 2018, el gobierno de Cambiemos estableció la existencia de una deuda de U$S 540,5 millones en favor de Ausol. En función de ello, la administración macrista aceptó la dolarización de la tarifa de peaje y su aumento constante, además de la prórroga de la concesión por 10 años, todo ello para crear las condiciones para que el concesionario cobrase esa deuda sin perder el valor presente neto.
Cabe consignar que la deuda reconocida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en nombre del Estado nacional, cargaba con un interés del 8% anual, con lo que el total se incrementaba en un 40% hasta los U$S 770 millones.
Para la actual administración del Frente de Todos, esa deuda es inexistente pues en su cálculo no se tomó en cuenta lo que el concesionario (la firma española Abertis) le debía a su vez al Estado por multas e incumplimientos de contrato desde 2002 en adelante.
Desde Transporte aseguraron, además, que las obras que contrata Ausol para el mantenimiento del Acceso Norte se financian con “un fondo público”, por lo que los ingresos derivados del acuerdo de 2018 ingresaban “en su casi totalidad” en el bolsillo de Ausol.
Además del pedido de declaración de nulidad del decreto 607/2018 y del contrato, Obras Públicas solicitó a la justicia con carácter urgente el dictado de una medida cautelar inaudita parte a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión del Acceso Norte.
La cartera que dirige Alexis Guerrera informó que “en breve se interpondrá la respectiva acción de lesividad que permita modificar el Acuerdo Integral de Renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste S.A. (GCO)”, que tiene la concesión del Acceso Oeste.
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