Se trata de un arma sensible con la cual el gobierno ha intentado domesticar a la cúpula de la CGT desde que asumió.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había dejado una deuda de 30 mil millones del Estado con las Obras Sociales sindicales. Esos recursos corresponden al Fondo Solidario de Redistribución financiados por los aportes a la seguridad social y cuyos movimientos, desde 1993, quedaron sujetos al manejo y arbitrio de los funcionarios del Estado.
Una vez que asumió el actual gobierno prometió cancelar esa deuda en forma paulatina. El compromiso se plasmó en un acuerdo marco firmado el 2 de agosto de 2016. Sin embargo, los pagos pautados en aquel entonces en su mayoría fueron incumplidos .
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En aquel momento se dispuso el pago de $2.700 millones para el pago de tratamientos ya realizados y medicamentos ya otorgados que, finalmente, fue el único tramo de cumplimiento efectivo. Estos 4.500 millones de pesos que se desbloquearon a través de un decreto presidencial, de hecho, debieron ser depositados en un fondo de emergencia cosa que no había ocurrido. El acuerdo original, además, establecía la financiación del plan Cobertura Universal de Salud (CUS) por $8 mil millones cuyo lanzamiento ya fue anunciado pero su aplicación efectiva se encuentra todavía demorada. Por último el compromiso estableció la colocación de otros $ 15 mil millones en BONAR 2020.
El decreto 554/18 publicado el viernes y que dispone la liberación de esos $4.500 millones, sin embargo, no explícita ni los plazos ni la forma de distribución de los fondos. La disposición se limita a reconocer a la Superintendencia de Servicios de Salud como “la autoridad de aplicación del presente decreto» que «dictará las medidas complementarias y aclaratorias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente”.
Por ese motivo, desde la CGT, mostraron su desconfianza señalando que “es como en 2016 cuando Macri avisó que reintegraría los $30 mil millones. Muestran que la plata está pero no que la reintegran”.
Desde el gobierno, por otro lado, reconocieron en declaraciones al diario Clarín que «esto no es para frenar el paro, pero sí para descomprimir».
De hecho, desde la publicación del decreto a esta parte, los principales dirigentes de la CGT ratificaron el paro e incluso sindicatos de base hicieron públicas sus adhesiones. El SMATA, por caso, emitió un comunicado en el que anuncia su adhesión al paro que incluso realizarán si “por algun motivo” la conducción de la CGT resuelve suspenderlo.
