La conducción de la CGT amenazó primero con un paro de 36 horas con movilización que luego fue deshilachándose hasta una supuesta medida de 24 horas que la semana pasada entró en suspenso a la espera de la reunión que esta tarde se realizó entre los dirigentes sindicales y el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica secundado por el ahora Secretario de Trabajo Jorge Triaca. Todo indica que nada de eso ocurrirá.

Es que allí se acordó que el ejecutivo establecerá por decreto el otorgamiento de un bono de fin de año de $5.000 en dos cuotas a pagarse en noviembre y enero de 2019.

Los dirigentes sindicales, al concluir la reunión aseguraron que, por el momento, la medida de fuerza, cuya fecha nunca llegaron a establecer, no se suspenderá hasta tanto no conozcan la letra del decreto una vez que sea publicado en Boletín Oficial. El Consejo Directivo de la CGT se reunirá recién el jueves y allí podrían formalizar una resolución que, desde el gobierno, aspiran a que implique la cancelación de lo que hubiera sido el quinto paro general contra la gestión de Mauricio Macri.

Si bien es cierto que la letra del decreto aún no se conoce, por diversos antecedentes, se puede presumir que el bono no incluirá a los empleados públicos y que, incluso, podría llegar a ser de acatamiento voluntario tal como en junio se dispuso en el decreto 380/18 que habilitaba un tramo abreviado para el otorgamiento de 5 puntos más de aumento salarial para aquellos acuerdos que, entonces, habían obtenido sólo un 15%.

Desde ya que el bono no incluirá al 35% de la fuerza laboral que se desempeña sin registración alguna y cuyos salarios han quedado más relegados que el resto con relación a la inflación, ni a los que realizan tareas bajo la forma de monotribustistas o trabajadores autónomos.

El bono, por otra parte, podría ser utilizado como argumento por las patronales para poner fin a la seguidilla de reaperturas de paritarias que se han ido sucediendo en las últimas semanas y que, en varios casos, llevaron los acuerdos por encima del 40% anual. En ese sentiudo se había manifestado horas antes del cónclave el titular de la UIA Miguel Acevedo.

Por otra parte, el ministro Dante Sica se comprometió a buscar una formulación para impedir la continuidad de los despidos “sin causa” que, en rigor, se trata del establecimiento de un mecanismo de intervención del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo que, según declaró Héctor Daer, “discutirá si se puede resolver la cuestión”. En Diciembre de 2016 se había firmado una carta de intención de la naturaleza similar (las empresas se comprometían a no despedir sin causa) que fue incumplida en forma flagrante por las patronales.

La parte sindical, además, había reclamado una recomposición urgente para los jubilados y los beneficiarios de la AUH que podrían ser incluidos de alguna forma en el decreto que, se espera, sea publicado en el Boletín Oficial esta semana.