El ministro de Economía, Martin Guzmán, estudia un nuevo esquema para gravar los ingresos extra que están obteniendo los sectores agroexportadores. El mecanismo complementaría los actuales derechos de exportación, que no serían modificados, y permitiría mejorar las cuentas fiscales.
“Está claro que se está viendo una situación internacional en la que hay una renta grande para ciertos sectores”, dijo Guzmán en referencia a la suba de los precios internacionales generada tras el estallido de la guerra en Ucrania. “Es necesario encontrar un mecanismo para redistribuir esas ganancias extraordinarias. Estamos trabajando en ello”, anticipó el ministro en un reportaje concedido a la señal de noticias C5N.
La idea no implicaría ningún cambio al actual sistema de retenciones, que establece un arancel de hasta 33% para la venta de esos productos. “Hay una definición política tomada, que es que no se van a aumentar los derechos de exportación para los granos. Y cuando hay decisiones tomadas es necesario que los funcionarios estén alineados con lo que se define políticamente y no digan cosas que generen incertidumbre. Cuando el Presidente toma una decisión, hay que respetarla”, dijo Guzmán. La frase pareció un mensaje directo al kirchnerismo y sobre todo al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que hace rato viene propugnando un incremento en las alícuotas para evitar el contagio al ámbito doméstico de los mayores valores que se cobran en el extranjero.
La disparada en los precios internacionales se ha convertido en un tema recurrente en todo el mundo. En el Palacio de Hacienda reproducen informes sobre la inflación en Europa, donde algunos países como Alemania, España y Holanda han tenido índices de precios al consumidor con aumentos bastante “argentinizados”, de entre 3% y 4% en un mes. En el mercado local, las remarcaciones en los alimentos básicos están a la orden del día y el propio Guzmán anticipó que la inflación de marzo, que se conocerá este miércoles, será “la más alta del año, va a superar el 6 por ciento”.
Con esos aditamentos, la decisión de Economía es avanzar sobre las ganancias extraordinarias en el sector agroexportador. Un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que esta web reveló la semana pasada, estima que el valor de las exportaciones de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y malta y sus derivados batirá en 2022 todos los registros históricos y superará en U$S 3.000 millones la de por sí excelente entrada de divisas del año pasado.
La intención es que el Estado se haga de una parte de ese monto para lograr mayor poder de fuego en otras políticas sociales. “Si logramos el apoyo del Congreso para poder obtener parte de esa renta, tendremos más capacidad para asegurar que la Argentina vaya en la senda de una distribución del ingreso más equitativa, con más instrumentos para los sectores que son más prioritarios, y proteger a los sectores más vulnerables”, insistió Guzmán.
De la referencia al aval parlamentario se desprende que el nuevo mecanismo podría tratarse de un impuesto extraordinario que deba ser creado a través de una ley con el apoyo de ambas cámaras. La intervención del Poder Legislativo no es casual; algunos especialistas en derecho creen que al ser rechazado el proyecto de Presupuesto 2022 también cayeron las atribuciones del Ejecutivo para mantener los derechos de exportación. De hecho, la Sociedad Rural de Río Cuarto llevó el tema a los estrados judiciales y presentó un recurso de amparo para que cesara el cobro de ese tributo. Sin embargo, la solicitud fue denegada por la Justicia Federal de Río Cuarto.