El organismo aceptó flexibilizar las metas sobre reservas ante el fracaso del Banco Central en acumular divisas. Pero pidió apurar los recortes en los subsidios a la energía y limitar el ingreso a la moratoria previsional para reducir el gasto. De los U$S 5400 millones liberados, ya se devolvió la mitad.
Las recomendaciones fueron difundidas después de que el directorio aprobara, el viernes por la tarde, el informe del staff técnico sobre las metas establecidas para el cuarto trimestre del año pasado. Eso disparó el desembolso de otro tramo por U$S 5400 millones.
En la práctica, tras verificar el impacto de la sequía, el Fondo aceptó reducir la exigencia de que el Banco Central incremente sus reservas internacionales netas en U$S 4.800 millones este año. «Dada la magnitud del shock climático, se justifican algunos ajustes a la baja en los objetivos de acumulación de reservas», dijo la subdirectora del Fondo, Gita Gopinath. En su rol de número dos del organismo, debajo de Kristalina Georgieva (de viaje por China para participar de un foro económico), la economista indo-estadounidense recibió esta semana al ministro de Economía, Sergio Massa, con quien repasó los cambios al programa.
El número preciso no fue difundido ya que hasta el cierre de esta edición no se había liberado el staff report que elabora el equipo técnico. Sin embargo, se dio por seguro que el objetivo se redujo en U$S 2000 millones, aunque la diferencia debería ser compensada el año que viene por el Banco Central.
Los cambios se formalizaron cuando los efectos económicos de la sequía se transformaron en un dato de la realidad. Este sábado se conoció que las exportaciones del complejo oleaginoso y cerealero, el que más divisas aporta a la economía local, se redujeron en marzo a U$S 1228 millones. En el primer trimestre, bajaron 65% con relación al año pasado.
El comunicado de ayer, de todas maneras, fue muy duro en el aspecto fiscal. Se descuenta que los ingresos del Estado serán menores, porque la caída en las exportaciones redundará en una menor recaudación de retenciones y de otros tributos. Sin embargo, el Fondo presionó al gobierno para buscar recursos alternativos sin moverse del tope.
«Alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9% del PBI para 2023 sigue siendo esencial para respaldar la desinflación y la acumulación de reservas, aliviar las presiones financieras y la sostenibilidad de la deuda», dijo Gopinath. En particular, la subdirectora de la entidad pidió mejorar la focalización de los subsidios a la energía y la asistencia social. «Será fundamental garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos».
De modo elíptico, el organismo se quejó del mayor gasto público que ocasionará la moratoria previsional. «El costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada sólo a aquellos con mayor necesidad».
En materia cambiaria y monetaria, el FMI volvió a pedir un mayor ritmo devaluatorio, para evitar retrasos en la paridad. También insistió con «aumentos adicionales de las tasas en caso de que se produzcan nuevos shocks inflacionarios o se intensifiquen las presiones cambiarias», sin considerar las consecuencias sobre el nivel de inflación y de actividad.
Reconfiguración o waiver
A pesar del tono crítico, el FMI aceptó reconfigurar el programa por una sencilla razón: la necesidad de evitar un indisimulable incumplimiento. Si bien los números del cuarto trimestre habían quedado en orden, las cifras del período enero-marzo (que los auditores comenzarán a evaluar en alrededor de un mes) iban a forzar un waiver.
En estos tres meses, el Banco Central no sólo no pudo sumar divisas sino que las perdió: en marzo debió vender U$S 1918 millones en el mercado oficial de cambios. Según estimaciones privadas, la diferencia entre las reservas netas existentes y las prometidas al 31 de marzo es de U$S 5500 millones.
En el plano fiscal, las dificultades del gobierno también eran evidentes. El déficit primario para el primer trimestre había sido fijado en $ 441.500 millones y de ese monto se había consumido el 97% entre enero y febrero. Quizás por esa razón, la AFIP suspendió hasta fin de año el beneficio que permitía a grandes empresas importadoras eludir las percepciones a cuenta del IVA y Ganancias. Esa medida podría aportar unos $ 900.000 millones al fisco durante el presente ejercicio, algo así como 0,6% del PBI.
Rosca política
Todos esos ingredientes estuvieron presentes en la reunión de los presidentes Joe Biden y Alberto Fernández. No fue casualidad que junto al mandatario estadounidense estuviera sentada su secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Se sabe que la palabra de la Casa Blanca tiene gran peso en el seno del FMI. «Las circunstancias generales han ido cambiando. Cumplir a rajatabla aquel acuerdo, que todavía no había experimentado los costos económicos que supuso para la Argentina la guerra en Ucrania o los costos que está suponiendo la sequía, va a requerir de juntar fuerzas para encontrar un punto de equilibrio. Biden nos anticipó que vamos a contar con ese apoyo», señaló en declaraciones radiales el embajador Jorge Argüello, que participó del encuentro.
En paralelo, ante la ausencia de Georgieva, Massa se reunió con Gopinath. Tras el encuentro, el ministro anunció un «dólar agro» (ver recuadro), que empezaría a regir la semana próxima con el objetivo de fomentar exportaciones y facilitar el ingreso de divisas. Aunque la creación de nuevos tipos de cambio no es del agrado del Fondo, que por doctrina defiende el tipo de cambio único y flexible, Massa prometió que la medida será el puntapié inicial para «empezar a recorrer un camino de simplificación cambiaría a los efectos de que se empiece a trabajar y a operar en un esquema más unificado», en reconocimiento a la variedad de impuestos y recargos para la adquisición de divisas. En términos boxísticos, fue un round ganado por Gopinath.
Desembolso con suspenso
Con todo ese trasfondo, la aprobación del directorio a la cuarta revisión del acuerdo no estuvo exenta de suspenso. La confirmación se conoció apenas seis horas antes de que venciera la prórroga de las dos cuotas que el gobierno debía haber cancelado el 21 y 22 de marzo. Con un atajo reglamentario, Economía logró pasarlas al último día del mes.
Sin embargo, el debate del directorio se prolongó más de lo esperado: primero aprobó un préstamo para Ucrania, tema sensible por el conflicto bélico de ese país con Rusia; luego debatió la situación en otros países caribeños y recién después abordó el caso argentino. En definitiva, la noticia de la aprobación llegó de manera indirecta al anochecer, por un tuit del Banco Central informando que sus reservas monetarias habían crecido en 2492 millones de dólares.
De todas maneras, si bien el Fondo informó que «la decisión del directorio hace posible un desembolso inmediato de U$S 5400 millones», la multimillonaria suma se irá tan rápido como vino. De hecho, la mitad ya fue descontada porque correspondía a los vencimientos programados para marzo. Y la otra mitad se destinará a las amortizaciones prometidas para el 8, 15 y 28 de este mes.
En el Ministerio de Economía apuran los detalles sobre el «dólar agro», el tipo de cambio diferencial que se planea poner en marcha en la semana entrante. La medida, anunciada por Sergio Massa, implicará una cotización especial de las divisas generadas por ciertos sectores con el objeto de estimular las exportaciones.
Massa argumentó que la decisión tiene como objetivo «promover exportaciones y consolidar al sector agro en la posibilidad de cumplir sus contratos; y al Banco Central, de fortalecerse en materia de reservas».
La medida está inspirada en el «dólar soja» que se implementó durante dos etapas, en septiembre y en diciembre, y que permitió que el Banco Central sumara unos U$S 8000 millones en reservas. Esta vez, sin embargo, abarcaría a otros sectores, ya que incluiría a las economías regionales. Además tendría una ventana de tiempo más extensa, de 90 días.
La intención de las autoridades es que los productos incluidos en esa liquidación preferencial sean de orientación excluyente a la exportación, para que el impacto de un precio más alto no tenga consecuencias sobre el derrame interno. Por caso, si se incluyera el trigo en ese lote de cultivos agrícolas, se correría el riesgo de que los productores intenten replicar esa ganancia extra con sus clientes locales y así haya aumentos de precios en las harinas y el pan.
Todavía resta definir el listado de productos, el tiempo en que regirá el régimen diferencial y también el valor al que se liquidarán las divisas. Se especula que rondará los 300 pesos, teniendo en cuenta los antecedentes de las anteriores ediciones y la inflación transcurrida desde entonces.
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