No alcanza el esfuerzo fiscal para sostener los ingresos de las personas y ayudar a las empresas a sobrevivir al bajón económico que significa la pandemia. Calcúlese que un mes de actividad económica puede significar un giro de riqueza de unos dos billones de pesos. Y con todos los esfuerzos acumulados, el gobierno trasladó a planes y programas no más de un billón de pesos en tres meses. Y ya está dando señales de agotamiento: este viernes, el presidente Alberto Fernández anunció que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se acotará a las regiones en las que perdure el aislamiento social obligatorio.

El fuerte incremento del déficit fiscal de mayo confirmó que el coronavirus y la prolongación de la cuarentena causaron un fuerte impacto en la caja del Estado. Según el informe oficial del Ministerio de Economía, en mayo el resultado primario del sector público nacional fue negativo en $ 251.287 millones. Los ingresos totalizaron $ 328.120 millones, mientras que los egresos fueron de $ 579.507 millones. Entre estos últimos no se contabilizan los intereses de la deuda pública. Si se los incluye, el déficit total escala a $ 308.219 millones.

El efecto obedece a dos razones simultáneas. La entrada de dinero casi no tuvo variantes en términos nominales con la misma época del año pasado (apenas subió 2,4%), mientras que la salida se duplicó (96,8% interanual). Como referencia, la inflación de los últimos 12 meses los precios al consumidor subieron 43,4%.

La explicación oficial fue que el bajón de los recursos está dado “por los efectos contractivos del ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio) sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y comercio exterior”. En tanto, los mayores gastos responden “a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para sostener los ingresos de las familias, sostener el empleo y la producción y compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales”.

En el gobierno hay preocupación por la situación fiscal. De allí que el gabinete económico, presidido por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, e integrado entre otros por los titulares de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Trabajo, el Banco Central y la AFIP, haya resuelto la reducción del paquete de ayuda diseñado por el gobierno en los últimos meses. Esa “sintonía fina”, como la llaman, está destinada principalmente al programa ATP (Asistencia al Trabajo y a la Producción), con el que el gobierno se hizo cargo en los meses de abril y mayo del 50% de los sueldos en las compañías del sector privado que así lo solicitaron. Según el informe de Hacienda, el ATP y el IFE significaron el mes pasado una erogación aproximada de $ 80 mil millones.

Sin desactivar el ATP, porque hay consenso de que muchas empresas y empleos caerían sin esa ayuda, el ajuste implicó tanto la reducción de dos salarios mínimos a uno el tope que se paga por empleado en los sectores económicos y geográficos en los que la actividad ya se recuperó.

La incógnita es cuándo se podrá revertir la tendencia, habida cuenta de que en los cinco primeros meses del año el déficit primario acumulado ya es de $ 643 mil millones, alrededor de 2,5% del PBI. El economista Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF, le dijo a Tiempo que en este marco, la ayuda oficial no va a ser eterna: “Todo tiene su límite. Es el límite de la enfermedad, que no va a durar cien años. Es larga la pandemia, pero no va a ser siempre así”.