La diferencia entre ingresos y egresos del sector público no financiero en los nueve primeros meses del año fue de $ 222.379 millones, equivalentes al 2,2% del PBI.
El objetivo que se había fijado el equipo económico era un déficit que equivaliera al 4,2% del PBI para 2017. Para conseguirlo, se había impuesto una pauta del 3,2% entre enero y septiembre. Atendiendo a esas premisas, el resultado fue mejor de lo esperado.
Según lo anunciado por los funcionarios en conferencia de prensa, los ingresos en lo que va del año totalizaron $1,466 billones y crecieron un 31% con relación al mismo período del año pasado, unos siete puntos por encima de la inflación.
Los gastos, en tanto, treparon a $1,688 billones y fueron un 27% mayor a los del mismo lapso de 2016. De continuar esta tendencia, no sólo se podría cumplir con la meta anual de resultado primario, de -4,2% del PBI, sino que, además y por primera vez desde 2004, los ingresos crecerían a un ritmo superior que los gastos primarios, señaló el comunicado colgado en la página web del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, un vistazo rápido a las planillas que acompañan la presentación deja ver algunos datos no tan optimistas. Es que debajo del resultado primario se consigna el resultado financiero, que también incluye el pago de los intereses de la deuda pública, que alcanzaron en estos nueve meses a $148.610 millones. Su magnitud (dos tercios del desequilibrio primario) lo hacen imposible de soslayar. Incluyendo ese ítem, el rojo del Estado trepa a $370.989 millones, es decir, el 3,6% del PBI. Ese dato apenas es mencionado en una línea y media de la extensa publicación en la web sobre el resultado fiscal del mes de septiembre; ocupa sólo tres líneas en las 14 filminas que acompañaron la presentación y no mereció ninguna de las 393 palabras utilizadas en el comunicado de prensa oficial.
En realidad, se trata de conceptos originados en situaciones diferentes. El déficit primario es la consecuencia directa de la gestión cotidiana del Estado, mientras el financiero incluye el saldo de las operaciones en que debió incurrir para cubrir sus baches de caja. Pero ambos están íntimamente emparentados, ya que el endeudamiento público responde a la falta de recursos para cubrir la gestión cotidiana.
La obligación de responder a préstamos, deudas, bonos y títulos reduce el margen de maniobra del Estado en lo relativo al cumplimiento de sus obligaciones y a la calidad de sus servicios a los ciudadanos.
En los últimos años el déficit primario fue recurrente; mientras el anterior gobierno privilegiaba la emisión de dinero y tomaba recursos de otros organismos estatales para tapar el agujero fiscal, el actual lo hizo recurriendo a la emisión de deuda. De esa manera el dinero destinado al pago de los intereses subió un 77% desde el año pasado: mientras de enero a septiembre de 2016 por ese concepto se abonaron $83.989 millones, este año se pagaron $148.610 millones. Pero esto no significa que se haya abandonado la práctica de ayudarse con préstamos interestatales: se prevé que el Banco Central gire en todo el año unos $150 mil millones en concepto de adelantos de utilidades.
En rigor, el pago de intereses incluye también compromisos contraídos por administraciones anteriores. Pero a juzgar por las palabras del presidente Mauricio Macri en la conferencia que brindó al día siguiente de las elecciones legislativas (Mientras Argentina tenga déficit fiscal va a tener que seguir tomando deuda), el rojo financiero no hará más que profundizarse en el futuro inmediato.
Al déficit primario y al financiero correspondería sumarles un tercer tipo de déficit, el cuasifiscal. Es el resultado de las operaciones financieras del Banco Central, que emite títulos remunerados para quitar circulante del mercado. Si durante el kirchnerismo lo hacía para financiar el gasto público, ahora el argumento es reducir la presión sobre los precios. Con un menor o mayor grado de independencia, el BCRA sigue siendo un importante brazo armado del gobierno para llevar adelante sus políticas. Tal como informó Tiempo en su edición del domingo 22 de octubre, en lo que va del año el déficit cuasifiscal es de $280 mil millones, un 2,7% del PBI.
En un mero ejercicio teórico, si la proyección se mantuviera constante hasta fin de año, el saldo negativo por los tres conceptos (el gasto público, los intereses de la deuda y los de la política monetaria) sumarían $845 mil millones, el equivalente al 8,2% del PBI, casi el cuádruple del que declara el gobierno nacional. Ese sería el déficit consolidado de la gestión del Estado nacional durante 2017.
Sería mayor al 7% que la actual administración denunció haber heredado al llegar al poder. Claro que ese dato resultó cuidadosamente omitido en los anuncios oficiales.
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