El organismo afirma que en América Latina la presión tributaria es muy inferior a la de los países europeos. Y que se eluden obligaciones por U$S 325 mil millones al año.
“El proceso de recuperación de la actividad económica a sus niveles precrisis será más lento que lo observado en la crisis subprime de 2007-2008”, indicó la mexicana Alicia Bárcena, secretaria general del organismo. En su opinión, las secuelas económicas, sociales y productivas tardarán en ser subsanadas. El informe calcula que la caída regional del PBI fue de 9,1% y que al final de 2020, el producto per cápita será igual al de diez años atrás.
Para la CEPAL, “el proceso de reactivación y reconstrucción requerirá de una política fiscal expansiva”, por lo que se considera necesario que el proceso “vaya acompañado de una ambiciosa agenda que incluya medidas para aumentar la recaudación fiscal, privilegiando la progresividad del sistema tributario, y cerrar los espacios de evasión y elusión”. La contracara de ese esfuerzo debería ser el compromiso de los estados para que el gasto público sea eficiente, eficaz y transparente.
De las 213 páginas del trabajo se desprende que con los actuales niveles de recaudación tributaria, que promedian el 23,1% del PBI de la región, no se alcanzarán esos objetivos. En particular, compara los ingresos por impuestos de la región con los de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): en los 37 integrantes de ese club de los países ricos, como se lo llama habitualmente, en el que predominan las naciones europeas, Estados Unidos, Canadá y Japón, la media tributaria es de 34,3%.
Los datos corresponden a 2018. En el caso particular de Argentina, está sexta en el ranking de los 25 países estudiados, con una recaudación tributaria del 28,8% del PBI, por debajo de otros vecinos y socios comerciales como Brasil (33,1%) y Uruguay (29,2%). La tabla es encabezada por Cuba (42,3%).
En particular, la CEPAL pone el foco en dos aspectos. Uno es la evasión fiscal, que en América Latina representó una pérdida tributaria estimada para 2018 de U$S 325.000 millones, el equivalente al 6,1% del PIB. Esto explica que los ingresos de los gobiernos hayan sido “históricamente insuficientes para cubrir las erogaciones públicas, lo que conduce a un sesgo deficitario en el manejo de las cuentas fiscales, con todos los riesgos que ello implica”.
El otro tema destacado es la falta de progresividad, que agrava los desequilibrios sociales. “La estructura tributaria que predomina en la región presenta un marcado sesgo hacia los impuestos indirectos sobre el consumo de bienes y servicios. Estos impuestos tienden a ser de naturaleza regresiva, por lo que tienen una mayor incidencia sobre los ingresos de las familias más pobres. En cambio, la recaudación de impuestos directos —sobre la renta y la propiedad— es escasa, lo que agrava las desigualdades verticales y horizontales inherentes al sistema vigente”.
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