El beneficio a las empresas no se toca: en vez de los usuarios, el Estado pagará las 24 cuotas del gas

El gobierno decidió dar marcha atrás con las 24 cuotas retroactivas que lanzó la semana pasada para compensar a las productoras de gas por el efecto de la devaluación, según informaron fuentes oficiales y de fuerzas políticas de la oposición que negociaron con las autoridades.

Pero la salida consiste en que el Estado se hará cargo de los $20 mil millones que son objeto del reclamo, sin que las empresas tengan que pagar ni un centavo.

Según fuentes consultadas, el Ejecutivo accedió a eximir a los consumidores del pago de la deuda a instancias de una propuesta que partió de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Instituto General Mosconi que terminaron de pulir los gobernadores radicales más cercanos al gobierno, como Gerardo Morales, de Jujuy, y Rafael Cornejo, de Mendoza.

La propuesta original recomendaba dividir la carga en un 50% a cargo de las empresas y otra mitad por cuenta del Estado pero en la mesa de negociación se decidió volcar la totalidad del pago sobre las arcas públicas.

La intención primordial del oficialismo era reducir el costo político y adelantarse a derrotas inminentes en la Justicia y el Parlamento.

Una de las fuentes señaló que el Pacto Fiscal al que muchas provincias se niegan a suscribir se puso sobre el tapete como parte de la estrategia del oficialismo. De acuerdo a lo que se pudo averiguar, los gobernadores radicales habrían gestionado la adhesión de las provincias como moneda de cambio para que el gobierno acepte retrotraer la última estocada a los bolsillos de los consumidores.

Lo resuelto sigue siendo eje de ebullición. “Lo correcto es que se hagan cargo las empresas porque no están en emergencia ni en situación de quiebra. Es un avance que no lo pague la gente pero en el gobierno ni siquiera consultaron al Fondo Monetario, con quienes se comprometieron al déficit cero”, planteó Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, y consultor de empresas.

Con la novedad se tendió una sombra sobre el secretario de Energía, Javier Iguacel, quien el martes defendió la medida en conferencia de prensa, pero también quedó pegado Mauricio Macri, quien ratificó su férrea defensa en la mañana de este miércoles. Para Ponce, la novedad “debe ser punto de partida para terminar con la nefasta captura de las empresas de los ministerios y a los organismos de control» y dijo que «Iguacel ni siquiera le avisó a (el ministro de Economía Nicolás) Dujovne que iba a plantear esta medida”.

Fuentes que siguieron de cerca los pasos del Ejecutivo contaron que el  ministro del Interior Rogelio Frigerio comunicó la decisión de bajar la medida a primera hora de este miércoles y que la información circuló desde temprano entre las cámaras empresariales más importantes.

En las fuerzas políticas que pugnaron para cambiar el sentido de la medida marcaron que las autoridades no pudieron soportar la presión conjunta del Congreso, la Justicia y la dirigencia política que operó en contra, incluso desde el propio seno del gobierno.

La iniciativa que Balcarce 50 defendió incluso en la mañana de este miércoles había levantado los ánimos en la opinión pública en general. El malestar se propagó rápidamente y concitó el rechazo de las asociaciones de consumidores y de la dirigencia política.

Esta semana el rechazo derivó en  una lluvia de acciones legales. Espacios políticos como el Frente Renovador que encabeza Sergio Massa y el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá presentaron amparos judiciales para frenar la iniciativa oficial, a la par de numerosos intendentes.

También se conocieron acciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que encabeza Alejandro Amor, y de ONG de todo el país, entre ellas el CEPIS.  

Entre las fuerzas políticas que terciaron estuvo la UCR que presentó una alternativa formal. El texto al que accedió Tiempo destacó la gestión de la Secretaria de Energía pero recomendó su revisión frente al “estrés social generado por los aumentos en el precio del gas”.

Los radicales propusieron reconsiderar la Resolución 20/2018 “evitando la judicialización del tema, que puede suspender los aumentos vigentes desde el 1º de octubre” lo que, argumentó, podría terminar “afectando las metas de reducción de subsidios previstas en el presupuesto 2019”.

La propuesta incluye “estudiar la suspensión de la aplicación de las Diferencias Diarias (DDA), como medida temporaria y de emergencia mientras dure la actual volatilidad cambiaria”. 

“Considerando que la suma total adeudada es de $20.000.000.000 –agrega el texto de la UCR- proponemos que, en virtud de la teoría del sacrificio compartido, el 50% de esta suma sea absorbida por las Empresas Productoras de Gas y que la suma restante de $10.000.000.000 sea afrontada por el Gobierno Nacional en calidad de subsidio a los usuarios, incluyendo este ítem en el Presupuesto que se está discutiendo actualmente en el Congreso Nacional”.

El cálculo de la propuesta agrega que a un tipo de cambio de $38 por dólar “esa suma reflejada en dólares asciende a U$D 263.157.895, por lo que manteniendo el plan de 24 cuotas, el Estado Nacional debería abonar aproximadamente U$D 10.965.000 por mes, o buscar una alternativa de financiamiento que sea factible cumplir”.