El dueño es la estatal italiana Enel, que ya logró desprenderse de dos centrales térmicas. El antecedente es la venta de Edenor, por U$S 100 millones, pactada a fines de 2020.
Lo que sucede con Edesur contrasta con los otros activos de la estatal italiana Enel que también están a la venta. Tanto la central térmicas Costanera como Dock Sud encontraron comprador casi de inmediato. El que picó en punta fue el Grupo Sadesa, que gestiona Central Puerto y otras generadoras térmicas y de energía renovable. Incluso hubo una disputa por Dock Sud ya que YPF ejerció una opción que tenía a su favor por la cual tenía prioridad en la compra y este viernes se conoció que terminó por quedarse con la generadora.
Pero nada de esto sucede con Edesur, por la que no aparecen compradores, al menos por los valores actuales. Lo que vuelve a colocar en el centro del problema el precio de la empresa. Una referencia puede ser el caso de Edenor, que fue comprada en diciembre de 2020 por un grupo de empresarios argentinos, entre los que se destacan José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, quienes pagaron U$S 60 millones en efectivo y otros U$S 40 millones a mediados de 2022.
Existe una cierta distancia en la operación entre una y otra distribuidora de electricidad que sirven en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Una medida pueden ser las multas que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) les aplica por las fallas en el servicio. En los últimos tres meses de 2022, Edenor recibió sanciones por $ 118,4 millones mientras que la de Edesur más que duplicaron ese valor y sumaron casi $ 260 millones.
En el ENRE, que dirige Walter Martello, y en la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, aseguran que las diferencias en los valores de las sanciones entre una y otra obedecen a que el servicio de Edesur cumple menos con las normativas y estándares establecidos que el de Edenor.
Al cierre de esta edición, 14.000 usuarios de Edesur y 5000 de Edenor no tenían servicio.
La dificultad para encontrarle comprador a Edesur podría estar motivando una operación compleja y rayana en la estafa. Distintos indicios dan pie a la versión. La señal más firme es la falta de respuesta de Edesur ante los reclamos de los usuarios afectados por los cortes de luz. La multiplicación de protestas callejeras en los barrios en los que la firma que depende de Enel tiene la concesión muestra que ese comportamiento empresario tiene la característica de un abandono de los usuarios a su suerte.
Ese es uno de los argumentos que empleó el Enre a la hora de presentarse ante la Justicia para pedir que se investigue penalmente a sus ejecutivos.
Desde que Enel anunció la venta de sus activos en Argentina, en noviembre de 2022, se sucedieron los rumores de que habría empresarios argentinos interesados en adquirir la empresa (en una operación similar a la de Edenor) y que para lograr un precio más bajo, el gobierno nacional estaría actuando en tándem con acusaciones contra la firma. Sin embargo, lo sucedido durante la ola de calor de febrero y marzo muestra que no fue necesario el señalamiento del gobierno como escarnio.
En cambio, lo que sí comienza a surgir con fuerza es el interés oficial por intervenir en la firma. La portavoz presidencial lo admitió el jueves pasado pero agregó que se estudiaba el tema con precaución porque la concesión tiene todavía una sobrevida de 70 años y cualquier paso en falso podría significar darle argumentos a Enel para concurrir al centro internacional de arbitrajes, el Ciadi, para buscar allí una indemnización. Es decir, encontrar en un tribunal el valor para Edesur que no consigue en el mercado.
Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del Conicet, observó que esa es una posibilidad real. En diálogo con el programa Te aviso con tiempo, de la AM 530, observó que «los trabajadores vienen denunciando hace tiempo el vaciamiento y la venta de activos de la empresa, como edificios». Y agregó: «Es probable que Edesur esté forzando una situación porque estas disputas, cuando llegan a tribunales internacionales, se resuelven en favor de las empresas».
Pinazo igual abogó por un control estatal de la distribución de electricidad: «La pregunta no es por qué deberíamos estatizar sino por qué sigue siendo privado el sistema de distribución de energía en AMBA».
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