Dudas por el fondeo de las inversiones privadas para el gas

La idea del Gobierno es que el plan impacte en la recaudación, la generación de empleo, la reducción del costo fiscal y las regalías para las provincias. Tal es así, que lo extendió por un año más, hasta fines de 2024. El ahorro al que apunta el Gobierno es de unos 2.500 millones de dólares al final del plan y se vería reflejado en la sustitución de las importaciones, que en 2020 promediaron 20 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 20% de la demanda local, aproximadamente.

Para tal fin, el Estado ofreció a las productoras un precio atractivo, por encima de los valores internacionales. Hoy en día, el valor se ubica en torno a USD 2,4 por millón de BTU. El Estado ofreció un tope de USD 3,70 y en las licitaciones de la última semana, las ofertas de las 16 empresas que se interesaron rondaron los USD 3,40. La gran pregunta es quién pagará la diferencia. En el Decreto 892/2020, el Gobierno aseguró que “el Estado cubrirá con subsidios la diferencia entre lo que pagará la demanda y lo que recibirá la oferta”.

El Plan Gas apunta a que la producción sea de 70 millones de metros cúbicos por día. El país necesita alrededor de 100 Mm3 para autoabastecerse, aunque un 30% es para generadoras de energía e industrias que contratan por fuera del circuito. De estos 70 Mm3, que alcanzarían para la demanda de consumo interno, 47,2 Mm3 saldrían de Vaca Muerta; 2,8 Mm3, de la Cuenca Noroeste, y 20 Mm3, de la Cuenca Austral.

Andrés Repar es vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortíz (IESO) y fue también vicepresidente del Enargas. Sobre el nuevo Plan Gas, planteó algunas: “Hay muchos interrogantes: cómo se hace para poder ser competitivo con ese precio; en lo que hace al mercado interno, qué pasa si se devalúa el dólar, porque el gas sigue dolarizado; qué pasa con el gas no convencional, porque eso no lo resuelve el Plan Gas. Estas dudas hacen pensar en si se agarró un paquete cerrado de las empresas”.

El vocero de una de las petroleras dijo a Tiempo que se trata de “un objetivo viable”. “El plan es positivo porque busca generar condiciones de estabilidad”. Como contrapartida, “favorece a los jugadores más grandes” y, a largo plazo, “creemos que siempre se debe tender a converger en condiciones de libre mercado; que sea el mercado quien determine los valores”.

Si bien el contrato será por 70 Mm3, “detrás, hay un compromiso de inyectar por lo menos 100 Mm3”, que es la producción promedio de mayo, junio y julio. “Esa producción declina un 12% anual, promedio, y el compromiso es sustituir ese declino con producción incremental. Esto significa que para mayo de 2021 se tienen que sumar 12 Mm3 y lo mismo en los años consecutivos”, apuntó la fuente.

En cuanto al objetivo de dejar de importar, las fuentes consultadas coincidieron en que será difícil de lograr, al menos en el primer año. “Si no incrementás la producción, la importación iba a seguir creciendo. Es acertado el proyecto. La clave es el cumplimiento de las reglas, que no haya volantazos. El plan anterior generó un gran excedente en un año, pero luego se cambiaron las reglas y se dejó de perforar y de producir. Tanto en el gas como en el crudo, es central la estabilidad en el tiempo y la previsibilidad”, aseguró el vocero.

Si bien no hay en concreto una vía de financiación, el Gobierno estableció el 25% de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas irá para la actividad gasífera. Se estima que en total se recauden por esa vía unos 300 mil millones de pesos, de los cuales $ 75 mil millones irían para la actividad gasífera. Traducido a dólar oficial, se trata de unos 870 millones de dólares.

Jonatan Núñez, becario del Conicet especializado en Vaca Muerta, apuntó a Tiempo: “La gran pregunta es ver cómo hará el Estado para financiarlo. Lo que se recaude del impuesto no va a ser suficiente y el ahorro en importaciones, tampoco. La disyuntiva será que lo absorba el Estado y continúe el déficit o que lo traslade a tarifas”.

Por lo pronto, el Gobierno no habla de traslado a tarifas, aunque sí ya es cosa juzgada el descongelamiento, a la espera de una nueva Revisión Tarifaria Integral. Darío Martínez, secretario de Energía, está bien visto por las empresas. Para Núñez, su nombramiento en el cargo “fue un guiño a las empresas”, que se ubica en la misma línea que el traspaso de la Secretaría al ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán, quien a su vez está al mando de las negociaciones con el FMI. “Para llegar a acuerdo, el FMI impone ciertas reglas a cumplir y esto se traduce como una especie de garantías para las empresas. Va todo en el mismo sentido”, apuntó Núñez.

A cambio del atractivo precio, las empresas deberán realizar inversiones que “en ningún caso podrá ser inferior al flujo de fondos”. Cuando salgan las licitaciones y se terminen de rubricar los contratos, se tendrá un escenario más concreto sobre los montos de esas inversiones. El Estado las ubica en unos USD 6.500 millones. Según pudo saber Tiempo, para las empresas es un número demasiado optimista.

“Las inversiones de las empresas saldrían de su bolsillo, pero obviamente lo hacen porque saben que van a recuperar y con creces. Pero aun así, los USD 6.500 millones son demasiado optimistas”, finalizó Núñez.

Fuentes de la secretaría de Energía aseguraron a este medio que “al final del camino, el ahorro es la mitad de lo que está gastando”. Además, “este tipo de planes genera mucho empleo de manera directa e indirecta, por lo cual también para el Estado es una inversión y no un gasto; es difícil de cuantificar, pero se genera mucho empleo; sobre todo, para pymes”, apuntó. En todo caso, afirmó: “El dinero saldrá del tesoro nacional”.

Un punto importante para las petroleras es el acceso al Mercado Libre de Cambio, para la compra de divisas. Tal lo establece el mencionado decreto, el Banco Central “deberá establecer mecanismos idóneos con el fin de facilitar el acceso a dicho mercado a tales fines”, siempre y cuando se trate de operaciones a partir de la entrada en vigencia del decreto.

En concreto, las petroleras podrán comprar dólar oficial para la repatriación de las inversiones, las rentas que generen y el vencimiento de capital e intereses de endeudamientos financieros producidos por las inversiones concretadas a partir del 16 de noviembre de este año.

Algunas voces alertaron por una posible fuga de divisas a través de este instrumento. Las empresas podrían convertir sus pesos en dólares y girarlos al exterior, ya sea de manera legal o clandestina. Sin embargo, la pirueta no será tan sencilla porque las empresas deberán esperar dos años de realizada la inversión para poder comprar.

El citado vocero empresarial apuntó en ese sentido: “Es positivo que se haya contemplado el acceso a las divisas, pero está mal implementado porque no es inmediato, sino que se difiere en el tiempo y recién podés acceder a las divisas dos años después de realizadas las inversiones”.