Dos grupos de bonistas rechazaron la primera oferta argentina

En sendos comunicados, se quejaron de la unilateralidad de la propuesta y esperan mantener abierta una negociación. Desde el gobierno dejaron trascender que una respuesta así era esperable en estas instancias iniciales.

Argentina recibió este lunes el rechazo de algunos grupos de acreedores privados a su propuesta de reestructuración de deuda en dólares bajo legislación extranjera con fuertes quitas de capital e intereses, con la que busca evitar un default.

Al menos dos grupos internacionales, el Comité de Acreedores Argentinos (ACC, por su sigla en inglés) y el Grupo de Tenedores de Bonos de Canje, expresaron su negativa a aceptar la oferta argentina.

La oferta presentada el viernes pasado a los tenedores de bonos por 66.238 millones de dólares de deuda emitida bajo ley extranjera, contempla una quita de 62% sobre los intereses y de 5,4% sobre el capital, para comenzar a pagar en 2023.

La quita implicaría una rebaja de 37.900 millones de dólares en intereses y 3.600 millones del capital.

El ACC «ha revisado la propuesta hecha por Argentina y lamentablemente no puede apoyarla», señaló este lunes en un comunicado.

Agregó que «la oferta unilateral (argentina) ha quedado muy por debajo de las expectativas de los tenedores de bonos, no habiendo existido discusiones significativas».

El ACC reúne a fondos de inversión como BlackRock, Greylock Capital, Fidelity y T.Rowe Price Group.

De su lado, el Grupo de Titulares de Bonos de Canje lamentó que sus opiniones «no se han tenido en cuenta de ninguna manera en la oferta de canje anunciada por Argentina».

Este grupo aseguró que «Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral» por lo cual considera la propuesta «inaceptable y no tiene intención de apoyarla».

Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, consideró que «el rechazo de los acreedores nunca es ideal, pero es lógico porque la propuesta es perfectible y es una negociación».

«La propuesta es menos agresiva de lo que se esperaba, pero nadie dice que sea laxa», afirmó a la AFP, en referencia a versiones que preveían una oferta con mayor porcentaje en condonación de capital.

– Negociación dura –

El Ministerio de Economía no se vio sorprendido por las primeras reacciones de los tenedores de bonos argentinos. «Estos eran movimientos previsibles», dijo el lunes a la AFP una fuente de la cartera que pidió anonimato.

Al presentar la oferta públicamente en una alocución el jueves pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había anticipado que no se había llegado a un acuerdo con los bonistas y que se esperaba una negociación dura.

«Las voces de nuestros acreedores que buscan que Argentina pague más de lo que puede pagar van a estar resonando. Va a ser importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso de estar unidos detrás de nuestra oferta», dijo Guzmán.

Los bonistas tienen 20 días para responder, es decir hasta el 7 de mayo.

El miércoles 22 de abril, Argentina tiene que afrontar un vencimiento de 500 millones de dólares de intereses de estos bonos a reestructurar. Es esperable que no los pague en la fecha de vencimiento, pero cuenta con un plazo legal de un mes para regularizar la situación antes de entrar en cesación de pagos.

Según Rajnerman, el gobierno presentó esta propuesta «que vencerá el 7 de mayo cuando falten 15 días para que Argentina pueda entrar en default, para poder seguir negociando».

– Coronavirus, en contra –

El presidente Alberto Fernández afirmó la semana pasada que Argentina está en «default virtual», pero siempre ha resaltado su intención de reconocer y pagar la deuda.

La deuda pública totaliza cerca de 324.000 millones de dólares (en torno al 90% del Producto Interno Bruto de Argentina).

«Para nosotros la deuda sostenible es que podamos pagarla sin postergar necesidades de los argentinos, que se han incrementado a partir de toda la debacle de la pandemia», dijo el mandatario la semana pasada.

El país se encuentra en recesión hace casi dos años, con más de 35% de la población en la pobreza, y se espera un agravamiento de la crisis como consecuencia de la cuarentena decretada a partir del 20 de marzo para evitar la propagación del COVID-19.

«La pandemia desfavorece la negociación argentina porque hay muchas más urgencias para el Estado argentino que para los acreedores. El coronavirus lamentablemente juega en contra para negociar», estimó Rajnerman.

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