En el mismo momento en que se producía el respaldo del Fondo Monetario y del G20 a la nueva propuesta oficial de canje de deuda argentina, los dos grupos más importantes de acreedores la rechazaban. Esta situación presenta todas las aristas de la negociación que encaran las autoridades del Ministerio de Economía. De un lado, el respaldo político para que se llegue a un acuerdo; del otro, se mantiene el reclamo de los acreedores para que la letra de los contratos sea más favorable aún a sus intereses.

A estas alturas de la negociación, es claro que todas las partes quieren un final feliz en la negociación, pero por motivos diferentes. Para el gobierno nacional, cerrar el acuerdo –así fuera con concesiones hacia los bonistas que eran impensables tres meses atrás– es la base de un relanzamiento político y económico que coincidiría con la flexibilización profunda de la cuarentena. Sin las ataduras provocadas por la incertidumbre de una negociación de la deuda inconclusa y por las restricciones de la cuarentena, en el oficialismo esperan un despegue económico a partir del tercer trimestre de este año, lento al principio y más fuerte después.

Para los gobiernos del G20, el respaldo a la Argentina apunta a evitar una crisis de default que impactaría con fuerza en la región. Con los gobiernos de Brasil y Chile en una situación de extrema debilidad, un default argentino podría impulsar la volatilidad política y económica en toda la región, muy golpeada por la pandemia y las carencias de los Estados nacionales para paliarla.

El FMI tiene un ojo puesto en este escenario y otro en su propia acreencia. La Argentina pasó en seis meses de 2018 de ser un país que no le debía nada a su máximo deudor. El ingreso de Kristalina Georgieva a la mázima conducción del Fondo incluyó un manto de silencio sobre lo actuado por su antecesora en el cargo, Christine Lagarde, y todo el Directorio que aprobó esos desembolsos. El default argentino pondría nuevamente de relieve todos esos manejos, además de colocar un signo de interrogación sobre la posibilidad de cobrar esa deuda enorme.

Los acreedores que rechazaron la última propuesta también quieren acordar. Así lo manifestaron en su comunicado emitido el miércoles 8, en el que manifestaron: “Estamos preparados para participar en discusiones sobre modificaciones a la propuesta que pueden lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes”. Para los grandes acreedores, el regreso de la Argentina al mercado de deuda voluntaria internacional es un negocio redondo en la medida en que se financian en los mercados de capitales más baratos (las tasas de interés que les cobran a estos fondos en Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y Japón no exceden el 2% anual) y a la Argentina no le cobrarán menos de 8 por ciento. Es cierto que el mercado argentino es mínimo en relación a los movimientos globales de fondos, pero también lo es que los grandes fondos globales invirtieron en bonos estatales argentinos entre 2016 y 2017.

A buscar a los minoristas

En el Ministerio de Economía hicieron una lectura medianamente positiva, ya que observaron que el comunicado no era tan negativo y de hecho calificó a la propuesta oficial como “alentadora”. “Estos grupos quieren ocupar el centro de la escena y pretenden otro movimiento en la oferta. Esta vez no sucederá”, señalaron, al tiempo que destacaron el apoyo internacional al país en el G20 y el FMI. Y repitieron las palabras del presidente Alberto Fernández, en el sentido de que esta será la última oferta que escucharán los bonistas.

Para reforzar esta posición, los bancos Lazard, HSBC y Bank of America se encargarán de convencer a acreedores medianos y chicos que no están incluidos en los tres grupos de acreedores y que fueron identificados entre febrero y marzo. El cálculo es que los tenedores de deuda minorista acumulan un 60% del total y que a ese porcentaje se sumarían las adhesiones de Gramercy y Fintech, los fondos que ya aceptaron el planteo oficial, y Pimco y Greylock, cuyos representantes hicieron declaraciones positivas.

Los dos principales grupos de acreedores de la Argentina, el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange, tienen entre sus integrantes a los fondos BlackRock, Ashmore, Fidelity, T. Rowe y Monarch. Según los datos que han difundido, acumulan bonos canjeables por un total de U$S 21.000 millones o un 32% del total a negociar, de U$S 64.800 millones en bonos argentinos bajo jurisdicción legal exterior emitidos tras el canje de 2005-2010 y durante el gobierno de Mauricio Macri.

La última propuesta oficial acepta pagar 53 centavos por cada dólar nominal de los bonos a canjear, mientras que los acreedores reacios piden 57 centavos. Pero la mayor diferencia es sobre las cláusulas de los contratos de los nuevos bonos. En su camino de adaptación a los reclamos de los acreedores, la Argentina aceptó respetar las cláusulas originales, pero los bonistas quieren mayores facilidades para presentarse ante los tribunales y litigar. Una idea que sobrevuela esta situación es que ese tipo de cláusulas facilitaría la venta de los nuevos bonos.