Un grupo de los acreedores más duros se enojó por las escasas reservas disponibles. Ocurre a pocos días de que el gobierno abone U$S 693 millones por intereses de los títulos reestructurados.
Las fuertes declaraciones públicas de este grupo se dan pocos días antes de que el gobierno deba afrontar un pago de intereses de bonos por U$S 693 millones. Es el pago semestral correspondiente a los nuevos instrumentos lanzados tras el canje de septiembre de 2020 y que vence el 9 de este mes.
“A pesar de la cosecha récord, los precios más altos en 10 años y los U$S 4.300 millones de DEG (asignados por el FMI), Argentina termina 2021 con reservas netas de U$S 2.600 millones. Y parece que el BCRA ha recurrido a prendar el oro. Todo para sostener una política cambiaria descabellada. ¿Argenzuela?”, tuiteó la cuenta Argentina Exchange Bondholders.
La reacción vino a partir de un posteo en las redes sociales del docente y economista Joaquín Pastor, quien a partir del estudio de los balances que presenta diariamente el Banco Central concluyó que “alguna operación hay” con las reservas de oro de la entidad, ya que su valor cayó levemente, a contramano de la cotización en alza del metal que se da en todo el mundo. “Hay tres alternativas: directamente vendieron el oro (sería raro), algo pasó con la calidad del oro (en teoría puede pasar que si el tipo de oro cambia o algo así puede haber cambios en esa cuenta), o lo swapearon para conseguir liquidez. La tercera parece la más probable”, arriesgó Pastor.
Tal como consignó Tiempo en su edición impresa del último domingo, ese tema se viene debatiendo entre analistas económicos y financieros. Para muchos de ellos, las reservas líquidas del Banco Central se acabaron o están pronto a terminarse, y por ello se están recurriendo a estratagemas para tener dólares frescos con que cubrir los requerimientos para importaciones y los pagos para la deuda, como el que se debe realizar en pocos días más. El swap, un intercambio transitorio bajo condiciones determinadas, es un recurso en esa dirección.
La virulenta posición del grupo de bonistas es llamativa porque no hubo ningún indicio de que el gobierno no vaya a cumplir con el pago de intereses. También es destacable la arrogancia con que se inmiscuye en cuestiones como la política cambiaria o el manejo de los recursos, que no están en el área de incumbencia de inversores privados que compran títulos de la deuda. En otros posteos, el Argentina Exchange Bondholders presionó firmemente por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que permitiría que los activos argentinos (y por ende sus propias carteras) se revaloricen. “Los bonistas reestructuraron asumiendo que vendrían políticas lógicas y un acuerdo con el FMI. Hasta ahora hubo políticas insostenibles, demoras costosas e intentos de sacar conejos de la galera. Argentina necesita un plan creíble”, se manifestó algunas semanas atrás.
El cerebro detrás de esa agrupación es Dennis Hranitzky, un abogado con larga experiencia en conflictos con países soberanos. Durante muchos años fue el asesor de Paul Singer, dueño del fondo buitre Elliot Management, quien logró que el gobierno de Mauricio Macri le entregara nuevos bonos en reemplazo de los defaulteados que Singer se negó a canjear en 2005 y 2010. Además, Hranitzky fue el ideólogo del embargo a la Fragata Libertad, en 2012, y se dice que estuvo al frente de la demanda judicial a la provincia de La Rioja por los atrasos en sus bonos.
Según su presentación en Twitter, el Exchange Bondholder es un “grupo organizado de instituciones de inversión” y aclara que “muchas de nuestras firmas han sido inversores en Argentina por décadas”. El consorcio fue uno de los más duros durante la reestructuración de la deuda que llevó adelante el ministro Martín Guzmán y logró que a los títulos en su cartera se les reconociera un valor presente neto (VPN) varios puntos por encima de la media general.
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