El frente de bonistas que discute los términos del canje de deuda ofrecidos por el gobierno argentino volvió a mostrar señales de resquebrajamiento. Dos de los grupos emitieron un comunicado criticando las dilaciones en la presentación de una propuesta que los satisfaga, mientras que el tercero se abstuvo de participar y negocia por cuerda separada con el Ministerio de Economía.

La novedad responde a la estrategia fijada por Martín Guzmán, quien busca evitar la conformación de un bloque férreo que por su fortaleza pueda imponer sus propias condiciones de negociación. Lo malo de la noticia es que el sector con el que el ministro hizo mejores migas es minoritario y no alcanza con su adhesión para concretar el canje esperado. Es el Comité de Acreedores, que coordina Hans Humes, CEO de Greylock, y que actúa en conjunto con Gramercy y Fintech, entre otros fondos de inversión. “A nadie le sirve un default duro”, es la frase que suele usar Humes cuando le preguntan sobre la negociación. El banco suizo UBS es el intermediario en la negociación entre el Comité y el gobierno argentino.

En cambio, los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholder, que en las últimas semanas reforzaron su alianza táctica, endurecieron su posición. El martes, el estudio neoyorquino de abogados White & Case, que los representa jurídicamente, lanzó una declaración pública afirmando que “no se ha emprendido ninguna interacción sustantiva entre ellos y las autoridades de Argentina desde el 17 de junio, a pesar de la publicación de informes en sentido contrario”. Y agregó: “La falta de una interacción seria por parte de las autoridades de Argentina es sumamente preocupante dado que el tiempo es un factor esencial y todas las partes deberían centrarse en evitar los elevados costos legales y económicos que conllevaría prolongar el incumplimiento de pagos en el que se encuentra el gobierno argentino”.

En conjunto, los dos grupos declaran poseer títulos argentinos bajo ley extranjera por U$S 21 mil millones, casi un tercio de los U$S 66.800 millones que el gobierno busca reestructurar. Por eso será difícil formalizar una operación que prescinda directamente de ambos. Las cláusulas de acción colectiva bajo las cuales se emitieron bonos en los últimos años fijan umbrales mínimos de entre 50% y 66% de aceptación para que un eventual cambio en las condiciones (por ejemplo, un canje) se convierta en obligatorio para todos sus tenedores. Y una de las pretensiones de la alianza Ad Hoc-Exchange es elevar ese piso a entre 75% y 85%, tal como se estipuló en las reestructuraciones de 2005 y 2010. El gobierno entendió que cambiar ese requisito es inaceptable y congeló las conversaciones.

Con el diálogo casi roto con ese sector, en estos días la idea del Palacio de Hacienda es llegar a un arreglo con el Comité de Acreedores y esperar que a él se sumen otros grupos independientes y acreedores minoristas, que no participan de la negociación. Para ello se especula con lanzar una nueva oferta con mayores atractivos pero con una fecha límite de aceptación, tras la cual esos beneficios extra se perderían. Esto forzaría a los sectores más renuentes a un acuerdo a definir si mantienen su negativa aun perdiendo dinero. Un retoque hacia arriba en la tasa de interés y un adelantamiento en el pago de los cupones podrían servir como aliciente para los indecisos y presentar un nivel de adhesión al canje que, si no llega al mínimo legal, sirva al menos como respaldo político para viabilizar la operación.

Mientras Guzmán afina el lápiz buscando ese estímulo, el gobierno sumó a comienzos de la semana otros dos incumplimientos en el pago de intereses de los bonos Centenario y Discount, por U$S 581 millones. Ambos se suman a los U$S 503 millones de los Global que quedaron sin abonar el 22 de abril. De la concreción o no de la reestructuración dependerá si la falta de respuesta a estos compromisos queda en el olvido o será la base de un nuevo litigio judicial en los tribunales de Nueva York.