Denuncian violación de convenios laborales en puertos y barcos

La intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), iniciada un año atrás, ha derivado en una falta de representación sindical de los trabajadores marítimos y en un aprovechamiento empresario que ha avanzado sobre conquistas y derechos de los trabajadores de las terminales portuarias de la Ciudad de Buenos Aires y Rosario con el argumento de reducir costos.

Si bien no existe un vínculo directo entre los costos laborales de las terminales porteñas y rosarinas con el accionar del SOMU en la medida en que en los puertos se desempeñan trabajadores de otros sindicatos, la carencia del peso específico del SOMU (con alrededor de 15 mil afiliados) ha volcado la balanza a favor de las empresas que explotan las terminales.

En un diálogo informal con periodistas un día antes del paro nacional del jueves 6, Juan Carlos Schmid, miembro del triunvirato de la CGT, dirigente del sindicato de Dragado y Balizamiento y titular de la Fempinra (una federación de sindicatos portuarios y navales), destacó que «las cámaras empresarias han aprovechado la ausencia de un sindicato clave como el SOMU para avanzar sobre el resto de las actividades. Nos está complicando a todos. El SOMU es como la UOM en el sector industrial. Te sacan del medio eso y, en nombre de la competitividad y la globalización, empezás a discutir cosas que no se discutían».

Entre los marineros del SOMU la situación es crítica. Una fuente de ese sindicato vinculada a una agrupación opositora a Omar «Caballo» Suárez, extitular del SOMU y ahora preso, recordó en diálogo con Tiempo que «la Cámara de Armadores de Bandera Argentina, días antes de la intervención, envió una solicitud a los ministerios de Trabajo y de Transporte reclamando la reducción de los costos laborales para ‘recuperar competitividad a nivel global’. Allí sostenían que ‘el tripulante argentino es caro'».

Ahora, a más de un año de la intervención, explicó que «no hay convenio de hecho y la ofensiva patronal se acrecienta día a día». Según alertó, existe una tendencia a restablecer el régimen de «bandera de conveniencia» que otorgó en su momento el menemismo y que reconocía a las empresas la posibilidad de elegir la bandera de su embarcación y aplicar el convenio correspondiente en violación de la legislación argentina. De hecho, a pesar de que esa norma fue derogada, denunciaron que, por ejemplo, la naviera Maruba ya está ofreciendo contratos bajo convenio internacional (ITF) que no obliga a hacer la liquidación final ni otros aportes propios del convenio local (el 602/10).

Además, desde que rige la intervención, «se eliminó de hecho el llamado ‘marinero de guardia’ que, según disposición de la Prefectura Naval, debe actuar como vigía en el puente y ahora lo obligan a realizar tareas de mantenimiento de cubierta. Están imponiendo la multitarea. Cuando teníamos representación, ni por casualidad se animaban a hacer esto. Las paritarias de 2016 las discutió la intervención y cerraron un aumento del 23 por ciento. Se mejoró en 10 puntos por una negociación del sindicato de maquinistas navales al cual vamos atados», dijo la fuente.

Un informe de la Bolsa de Rosario que trascendió a los medios, indicó que, a partir la intervención del SOMU, los costos operativos del puerto de esa ciudad se redujeron en un 40 por ciento.

Respecto de los puertos porteños, el avance empresario sobre los derechos laborales, que denuncian los trabajadores, se da en simultáneo con una crisis institucional, ya que algunas concesiones están vencidas y el gobierno avanza hacia nuevas licitaciones en medio de complejas negociaciones.

La terminal 5 es controlada por la empresa china Bacttsa y su concesión venció hace cuatro años. Entonces se acordó una prórroga por tres años que volvió a renovarse en 2016, cuando también venció la concesión de la terminal 4 en manos de la holandesa APM Terminal. Finalmente, se pactó que la concesión de Terminales Río de la Plata (TRP, parte de la multinacional emiratí DP World) que opera desde 1994 en las terminales 1,2 y 3 y cuya concesión vencía en 2019 se unificara a 2018 junto con las otras para, eventualmente, establecer una licitación única. Todo ello en medio de la incertidumbre por el posible traslado de todas las terminales al puerto de La Plata, cosa que finalmente no sucedió. Fempinra reclamó y logró un asiento en la mesa que discute las nuevas licitaciones.

En ese contexto, APM promovió retiros voluntarios y, en diciembre último, logró imponer modificaciones en tres artículos clave del convenio colectivo, lo que ha implicado una reducción del 40% en los salarios y la cristalización de la actividad de los trabajadores tercerizados, los que ya no pasarán a planta permanente. Los tercerizados realizan el 50% de la actividad portuaria actual con salarios de la mitad de los del convenio. Las patronales portuarias podrán incrementar la presencia de este tipo de trabajador en el futuro. «

SOMU: rechazo unánime a la intervención

El encarcelamiento del «Caballo» Suárez produjo la intervención del sindicato y, además de allanar el terreno a las patronales, derivó en el estallido de la conducción sindical y la aparición de nuevas líneas gremiales.

Existen cuatro agrupamientos que se disputan el sindicato. Todas coinciden en reclamar el fin de la intervención y, además, rechazan en general las recomendaciones de la Dirección de Asociaciones Sindicales publicadas en Boletín Oficial el 6 de abril, que plantean el voto electrónico y el cumplimiento del cupo femenino, entre otras medidas.

Pero tras esta coincidencia asoman profundas diferencias por el mecanismo mediante el cual se normalizaría el SOMU. El mandato trunco de Suárez vence en 2019. La corriente 12 de octubre, continuadora de la lista 53 de Suárez, reclama el reconocimiento del secretario adjunto Mario Morato, pero tiene la dificultad de que nueve de sus dirigentes se encuentran involucrados en la causa que incrimina al «Caballo».

En tanto, la agrupación La Ocampo –que se escindió de Suárez hace dos años– contaría con el apoyo del sector de Pablo Moyano en la CGT y son los que habrían acercado a la Justicia parte de las denuncias contra el extitular del gremio. Las otras listas son la 33, encabezada por Jorge Alfaro, y la 18 de febrero, que cuenta con dos referentes de la vieja dirección sobre quienes no pesan causas penales ni sospechas.