La decisión del gobierno nacional de reducir drástica y velozmente los subsidios al consumo de los servicios públicos de luz y gas incluyó la negativa a hacer campañas públicas para que 1,7 millones de usuarios vulnerables conocieran la necesidad de empadronarse.
El resultado ha sido que ahora, 1,4 millones de esos usuarios –es decir, el 82%– no se empadronó y perderá los subsidios a sus consumos de luz y gas a partir de diciembre.
En su afán de quitar los subsidios, la administración de ultraderecha impuso en junio pasado un nuevo criterio restrictivo: los usuarios que, por tener tarifa social, fueron incluidos en forma automática en el nivel 2 de la segmentación tarifaria (el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, RASE) en 2022, debían empadronarse.
Para estar incluido en el nivel 2, la familia debe tener un ingreso máximo de una canasta básica medida por el Indec, que en septiembre pasado tuvo un valor de $ 964.620. Pero en ese nivel no solo están los más vulnerables en términos de ingresos, sino también aquellos que carecen de las herramientas para acceder a la información pública y quienes no forman parte de los públicos hacia los cuales se dirige la información oficial.
Y ha sido justamente este aspecto el que brilló por su ausencia en los 90 días que estuvo abierto el RASE para este empadronamiento.
Consultado por Tiempo, Pedro Busetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), una organización civil especializada en servicios públicos, dijo que la principal causa por la que 1,4 millones de usuarios con tarifa social no se empadronaron fue la falta de información.
“La información se dio a través de los medios de comunicación en forma muy confusa y no sirvió. El gobierno debió informar a través de los canales oficiales, que son las empresas de distribución eléctrica y de gas natural, y de las dependencias estatales, pero no lo hizo”, subrayó.
Entonces, agregó, “la mayoría de la gente que tenía tarifa social y estaba en el nivel 2, no sabía que debía empadronarse porque desconocía lo que es la segmentación”.
La falta de información oficial violó incluso el decreto 332/2022, que dio origen al RASE y que en su artículo 7 indicaba que “Las prestadoras del servicio público correspondiente [en referencia a las distribuidoras de luz y gas] y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a través de sus oficinas, deberán realizar la atención presencial facilitando la carga digital para aquellas personas que no tienen acceso a dicha tecnología, con el fin de universalizar el acceso en todo el territorio nacional. La autoridad de aplicación podrá disponer que otras dependencias públicas faciliten también dicho trámite en forma ágil y gratuita”.
Busetti subrayó: “Nada de eso se cumplió. Por lo tanto, lo que sucede es que mucha gente no se empadronó y el gobierno la mandará al nivel 1 y perderá todo el subsidio”.
El desconocimiento de la población sobre la segmentación y de los usuarios con tarifa social en el nivel 2 que debían empadronarse es masivo, según la experiencia de Busetti. El especialista puso como ejemplo la actividad que despliega Deuco en La Matanza. Señaló que, hasta el 4 de septiembre, último día para realizar el empadronamiento, asesoraron a más de 1500 usuarios de los servicios de luz y gas que no conocían la segmentación ni para qué servía y que tampoco sabían que debían empadronarse.
Improcedente
El empadronamiento de los usuarios con tarifa social y ubicados en el nivel 2 de la segmentación tarifaria de luz y gas se ordenó en la Resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía, publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial. Otorgaba 60 días corridos para que todos esos usuarios, alrededor de 1,7 millones, se anotaran en el RASE. Luego, esa secretaría prorrogó el plazo por 30 días más, hasta principios de septiembre último.
El argumento oficial para justificar esta acción era que había que verificar si las familias que tenían tarifa social “realmente son de ingresos bajos”, según dijo, meses atrás, Eduardo Rodríguez Chirillo, en ese entonces secretario de Energía, en un encuentro con la prensa. Sin embargo, el funcionario no desconocía que, para aplicar la tarifa social, esos usuarios ya habían pasado por filtros de selección en cada provincia del país.
El empadronamiento de los usuarios con tarifa social fue improcedente ya que el decreto 332/2022 previó “los cruces de información necesarios para verificar la veracidad de las declaraciones juradas correspondientes”, tarea que encomendó a la Subsecretaría de Planeamiento Energético.
