En vez de flexibilizar, hay que mejorar las condiciones de trabajo; hay que privilegiar la alimentación de nuestra población; considerar que el punto de llegada no es el equilibrio fiscal y la estabilidad a como dé lugar. Esto es lo que está expresando la resistencia al neoliberalismo en la región, la verdadera agenda de los pueblos a la que le teme el establishment. No por nada, Jair Bolsonaro señaló: «Siempre tenemos que estar preparados para que los acontecimientos no nos sorprendan», antes de suspender sus planes para el tratamiento legislativo de una profunda reforma del sector público (que incluye congelamiento de salario y recortes de empleo, entre otras medidas).
En el plano regional, Alberto Fernández consideró que más allá de que digan que estamos rodeados de gobiernos de derecha y que eso es una debilidad, en realidad «estamos rodeados de conflictos que ha generado el modelo neoliberal en la región, lo que muestra que no es el camino». Vinculado a esto, un punto alto fue cuando sostuvo «que el Mercosur va a superar a Bolsonaro y a Alberto Fernández».
Siguiendo con las prioridades, fue claro al decir «vamos a hacer todo lo contrario de lo que está pasando (…) Argentina no necesita de los que especulan, necesita de los que invierten y dan trabajo», para luego señalar que «la deuda (…) no la van a pagar los que producen, los que dan empleo». Todas definiciones que comparto.
Profundizando en el tema de la deuda, ya unos días antes del encuentro en la UIA se conoció que el nuevo gobierno no pedirá los 11 mil millones de dólares que restan del programa con el FMI: «Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, la solución no es seguir endeudándote», expresó Alberto Fernández. Me parece una línea absolutamente lógica, y que en su momento esbocé, cuando se hablaba de qué pasaría si el FMI no desembolsaba los 5400 millones de dólares, tal como terminó ocurriendo. La respuesta es lógica: hubiera aumentado aún más la deuda y habría habido casi seguramente más fuga de capitales. Es decir, la hipoteca habría sido aun más grande. En adelante, no pedir el giro de estos fondos permite negociar con el FMI desde otro lugar, sin estar sujetos a los pedidos de los organismos y los mercados. Más cuando los vencimientos con el Fondo son realmente importantes recién en 2022 (20 mil millones de dólares), pero seguramente esto cambie tras la negociación de la deuda.
Las resistencias ya se hacen presentes. La semana pasada fue el FMI, que pidió ver el «plan completo», y también la OCDE, con todo un conjunto de recomendaciones ortodoxas. En el plano local, Marcelo Bonelli hizo referencia a un «Plan Verano (…), que apunta a descomprimir el descontento social y a reanimar la economía». Luego aclaró que «tiene limitaciones y la ‘maquinita’ requiere una cosa: pericia en el BCRA para no recalentar aun más la inflación».
El cuestionamiento a la emisión monetaria no es nuevo. Sin embargo, el actual gobierno ha llevado a cabo una fuerte contracción de la cantidad de dinero y terminó generando un récord de inflación. Hemos repetido en innumerables ocasiones que la inflación es multicausal y obedece fundamentalmente a la puja distributiva. En este marco, el Acuerdo Económico y Social que se propone es esencial para que los mayores ingresos y la consiguiente mayor demanda no sean aprovechados por unos pocos para incrementar los precios.
En este marco, el futuro presidente dijo: «No voy a traer remeras de China o bicicletas de Chile para que nuestros industriales se vuelvan a caer». Aunque aclaró que no habla de «vivir a puertas cerradas». La administración del comercio con los demás países es crucial, ya que de lo contrario el mayor poder de compra va a parar al exterior y no se incentiva la producción y el trabajo local. Por ello, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de sacar al país adelante y que para ello se precisa un compromiso colectivo, no es un dato menor que estas definiciones hayan sido volcadas con fuerza en el seno de la UIA.
La situación del trabajo heredada es una cuestión esencial para gestionar el próximo plan económico, ya que partir de la mejora del empleo y del poder adquisitivo del salario se valida el programa de crecimiento
Resultan claros los datos de la Secretaría de Trabajo que se conocieron esta semana, que consideran sólo al trabajo registrado (quedan fuera los trabajadores no registrados que son un 35,5% del total de trabajadores). Desde noviembre de 2015 a septiembre de 2019, último dato conocido, los trabajos registrados aumentaron en 112 mil personas, pero con una fuerte caída en los trabajadores privados (187 mil puestos) y aumentos en los trabajadores estatales (99 mil), en los trabajadores de casas particulares y autónomos (36 mil) y un gran incremento en los monotributistas (164 mil). Pero la principal caída se produjo en el último año (septiembre 2019 respecto de igual mes de 2018) con una reducción de 99 mil puestos de trabajo. Esto da una idea del impacto de la crisis del último año en los trabajadores. Y aquí no estamos considerando a los trabajadores no registrados.
En su «Balance de Gestión 2015-2019», Hernán Lacunza, al hablar de la creación de empleo, indicó: «Buena parte de los puestos se crearon en el sector informal y cuentapropista, revelando una disociación entre la regulación vigente y la realidad del mercado de trabajo». Si bien la precarización producida en el trabajo está indicada en la frase del ministro, la razón por la cual se produce (la regulación vigente) no resulta sostenible. Los datos de la gestión, y especialmente del último año que se han analizado, indican que en la caída del empleo y la precarización del trabajo, la crisis económica es la más determinante, así como la inexistencia de medidas paliativas, como lo fue la aplicación de los Repro (programa de recuperación productiva) que ayudaban a las empresas en problemas a mantener su plantilla de trabajo.
Este enfoque de Lacunza, que se refleja también en las palabras de Mauricio Macri que se citan en esta nota, indican claramente que los problemas principales derivan de las ideas aplicadas. Es por eso que se necesita un cambio total en las políticas. Cambio que Alberto Fernández definió muy bien en la campaña electoral, y ratificó luego ampliando los contenidos y las herramientas para lograrlo. «
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