Se trata de 3,2 millones de personas entre los 14 y los 29 años que trabajan y quieren cambiar sus condiciones actuales o que no están empleados.
En la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del pasado miércoles el Indec señaló que mientras la tasa de desempleo general era del 9,2%, en el caso de las mujeres de hasta 29 años alcanzaba el 20,1%, mientras que en el de varones con el mismo tope etario llegaba al 17,2 por ciento.
Los números del Indec no alcanzan a dar una magnitud del problema del empleo juvenil. El titular del organismo, Jorge Todesca, fue mucho más claro dos semanas atrás, cuando aseguró que el 60% de los desempleados tenía menos de 30 años.
Dentro del universo de los jóvenes hasta 29 años que trabajan o buscan trabajo (es decir, que forman parte de la Población Económicamente Activa, o PEA), la tasa de desocupación plena llega al 25 por ciento. Si a ello se le agregan los jóvenes que tienen empleo no registrado, tienen contratos a plazo, trabajan en grupos familiares en forma indistinta a los efectos de los ingresos o son asalariados registrados pero sus ingresos, no alcanzan el salario mínimo o, por último, forman parte del colectivo de cuentapropistas, todo ese universo lleva a que el 80% de los jóvenes que conforman la PEA se encuentre en alguna forma de inserción precaria en el mercado laboral. Es decir, 3,2 millones de jóvenes están afectados por esta problemática sobre un universo de 4 millones que son los que trabajan o quieren trabajar y no consiguen empleo.
En este número no están contabilizados los jóvenes que no trabajan por propia voluntad, sea porque estudian o por otras razones.
Un informe reciente de la consultora Atenea explicaba que: «Esta situación de vulnerabilidad se torna más grave si se tiene en cuenta a qué tipo de trabajos acceden los jóvenes. Según el indicador de precariedad juvenil desarrollado por Atenea, uno de cada dos asalariados tiene un trabajo precario. Esto significa que casi la mitad de los asalariados jóvenes no tiene acceso a vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni licencias por enfermedad, ni obra social, ni aportes jubilatorios. Si se toma la población asalariada total (mayores de 16 años), la precariedad es sensiblemente más baja: uno de cada cuatro.»
Para Damián Ledesma, director de Atenea, «los problemas laborales en los jóvenes es un fenómeno que viene in crescendo en los últimos años. Vemos con preocupación que el Estado publicite que todos los jóvenes pueden ser emprendedores y no crea nuevos instrumentos que reviertan la precariedad y la falta de oportunidades.»
El gobierno asegura que da respuesta al problema del empleo joven, pero apuesta a mecanismos que impulsan una mayor precarización, en un cuadro más general de iniciativas en ese sentido (ver nota aparte).
Las medidas específicas de la administración Cambiemos para los jóvenes apuntan en la dirección del convenio McDonald’s: 4000 pesos por 20 horas semanales consideradas de aprendizaje pero que son de trabajo real en los hechos. En su respuesta a los diputados durante su última visita a la Cámara Baja, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que «hay otras políticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como la Ley de Empalme, el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el programa Construir Empleo, el programa de Trabajo Autogestionado, programa de Formación Continua, entre otros, que brindan herramientas de empleo a más de 200 mil personas.» El problema es que, según Atenea, existe una «desfinanciación» general de los programas destinados a la juventud para capacitarla o incluirla en el empleo.
En un escenario marcado por la expulsión de mano de obra capacitada y con un nivel inconmovible de trabajo no registrado, en el 33%, parece difícil que un puñado de iniciativas logre torcer lo que parece el destino de los jóvenes en esta época. «
El alza del PBI no generó trabajo
El Indec publicó esta semana los datos de actividad económica del primer trimestre de 2017. Según el informe, el Producto Bruto Interno creció 1,1% con relación al mismo período del año pasado y un 0,3% en comparación con el trimestre anterior. Esa mejora no se trasladó al empleo, ya que el índice de desocupación subió a 9,2%, casi igual que a comienzos del año pasado.
Algunos datos explican esa aparente contradicción. Por ejemplo, al desagregar por sectores productivos, se observa que dos áreas de alta generación de empleo, como la manufacturera y el comercio, bajaron 2,2% y un 0,9% respectivamente. Además, el crecimiento de la inversión (3% interanual) se basó en la importación de vehículos, que desplazaron la mano de obra local del sector automotriz.
Una semana con más de mil despidos
Más de un millar de despidos se produjeron esta semana a partir del cierre y la reestructuración de varias empresas. A las 600 personas que se quedaron sin trabajo en Pepsico, que desactivó su planta de Vicente López, se suman las 170 de la química alemana Lanxess, que se va del país. La textil Unisol, dueña de la marca Puma, argumentó la caída de la demanda para cerrar dos fábricas que empleaban a 160 personas en La Rioja. En Santa Fe, la empresa Rioro cerró sus talleres ferroviarios y dejó cesantes a 80 operarios ante la no renovación del contrato con el Estado para reparar vagones del Belgrano Cargas. Como si fuera poco, la seccional Zárate de la UOCRA anunció que ya se enviaron 600 telegramas a trabajadores de la central nuclear de Atucha, que quedarán en la calle a fin de mes.
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