Tiene base en la ciudad de Rosario y sus socios residen en un barrio privado ubicado en el área metropolitana. En 2019, entró en virtual cesación de pagos.
La firma tiene como socios a Víctor Pablo Monti y María Laura Arnolfo, un matrimonio con domicilio en un cotizado barrio privado de Funes, localidad ubicada a 30 kilómetros de Rosario que en las últimas décadas vivió una explosión inmobiliaria, con fuerte empuje de desarrollos orientados al sector ABC1.
Cuando hizo conocer la noticia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no había ahondado en mayores precisiones sobre las personas implicadas. Sí había destacado que se había tratado del mayor decomiso de su historia, evitando el comercio ilegal de unas 9.150 toneladas de maíz y soja. «El operativo realizado en Santa Fe equivale a más de 300 camiones que estacionados uno atrás del otro en la ruta ocuparían 7 kilómetros», indicaron.
Fuentes confiables validaron a este medio las versiones que comenzaron a circular a horas de conocerse la noticia, respecto de cuál era la empresa implicada. Se trata de una compañía que viene transitando un sendero irregular en los últimos años: según los registros oficiales, al menos desde 2019 atraviesa una compleja situación financiera, con un rojo bancario superior a los $ 283 millones y más de 700 cheques rebotados.
La Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe pasivos con 14 entidades financieras, por un total de $ 238,6 millones. De esta cifra, el 99,7% aparece en situación 5, es decir, incobrable. La debacle activó una serie de demandas judiciales que puso contra las cuerdas a Agrofederal, motivando el inicio de operaciones «a través de un nuevo circuito de empresas», según reportó un conocedor del mercado de granos local.
Entre los bancos que desandaron el camino legal para recuperar fondos está el Nación, que en diciembre de 2020 obtuvo un fallo favorable de la Justicia Federal de Rosario, que ordenó la inhibición general de bienes de la compañía hasta cubrir un monto superior a los $ 10 millones. Unos meses antes, la empresa había recibido otro revés en el fuero Civil y Comercial de los tribunales locales, en una causa en la que el Banco Macro le reclamaba U$S 465.000.
El nuevo circuito descripto por la fuente sería el que terminó desbaratando AFIP, que informó que en la maniobra se utilizaban «productores fantasma», donde existía una empresa exportadora que adquirió 8.900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja a contribuyentes «sin capacidad para haber producido o adquirido esos volúmenes».
Según describió el organismo, el decomiso ocurrió tras una investigación realizada en los últimos dos meses, que permitió detectar la maniobra de la firma responsable del acopio de granos en el puerto de Santa Fe. Las fiscalizaciones arrojaron que el operador fue depositando las 8900 toneladas de maíz partido y las 250 toneladas de soja en los silos del puerto para luego, a través de exportadores, vender la mercadería a Brasil, Paraguay y Uruguay.
«Se intentaba ocultar con empresas unipersonales o jurídicas apócrifas a los verdaderos productores de los granos», ahondó AFIP, que aprovechó la ocasión para indicar que a lo largo de los últimos cuatro meses se desarticularon maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 23.000 toneladas de granos. La cantidad equivale al 0,017% de la producción nacional de granos, estimada en 130 millones.
Larga trayectoria
Si bien el capital accionario de Agrofederal estaba dividido en partes iguales, quien realizaba la mayor parte de las gestiones operativas siempre fue Víctor Pablo Monti, un hombre vinculado a los agronegocios desde la década de 1990. La sociedad propiamente dicha inició sus actividades en 2008, siendo su objeto principal el acopio y comercialización de granos. Contaba por entonces con una planta propia en Coronel Baigorria (Córdoba), con una capacidad de almacenaje de 10.000 toneladas. Además, tenía diversas representaciones comerciales en varios puntos del país.
Monti participó antes en otras empresas, pero el vínculo con varios de sus socios se fue quebrando con el correr del tiempo, siempre por motivos de negocios. Varios de los integrantes del Centro de Corredores de Cereales de Rosario no guardan el mejor de los recuerdos del empresario. Su último domicilio comercial es en el segundo piso del shopping Fisherton Plaza, ubicado frente al aeropuerto de Rosario. Antes tuvo dependencias en locaciones del microcentro.
Según consta en legajos oficiales, los socios de Agrofederal residen en el barrio privado Funes Hills Cadaques, que es uno de los varios desarrollos de ese estilo en esa localidad del Gran Rosario. Los countries de esa ciudad han sido protagonistas de varios capítulos de la sección policiales en el último tiempo, con allanamientos de diversa escala, muchos vinculados al lavado de activos y el narcotráfico.
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