Esta semana, mientras las reformas laboral, tributaria y previsional acaparaban la mayor parte de la atención, el oficialismo consiguió avanzar con otros proyectos igualmente importantes para el proyecto económico de Cambiemos y, una vez más, para el interés de las grandes corporaciones. 

Entre otros, se destacó la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, también conocida como Ley Antimonopolios. 

El miércoles, una fusión de los proyectos de los diputados Elisa Carrió y Mario Negri superó con éxito la instancia de comisiones y se prevé que Diputados lo tratará en los próximos días. 

El texto propone cambios a la Ley 25.116, vigente desde el 16 de septiembre de 1999. Entre sus puntos más salientes, establece la creación de un tribunal de defensa de la competencia que levantó polvareda durante el tratamiento en comisiones. 

Los detractores de la reforma desconfían de las intenciones reales de Balcarce 50. Plantean que, más allá de la historia de las fuerzas que integran la alianza Cambiemos, un sencillo análisis del rumbo económico alcanza y sobra para convenir que el gobierno de Mauricio Macri está lejos de combatir las concentraciones de los mercados.

Al contrario, en la trayectoria que condujo a Macri desde la jefatura porteña a la Casa Rosada, los monopolios oficiaron de trampolines de lujo, aportando recursos humanos (hoy muchos de sus exdirectivos son funcionarios) y también moneda contante y sonante.

Los legisladores de la oposición ingresaron al debate de comisiones con esa contradicción en la cabeza y salieron en el mismo estado.   

Tras el debate, el diputado Julio Solanas, del FpV-PJ, señaló a Tiempo que «el gobierno incurre en una suerte de doble estándar porque, por un lado, habla de protección del usuario, pero al mismo tiempo promueve la existencia y el desarrollo de los monopolios».

La ley de Carrió y Negri, consideró el legislador entrerriano, «es profundamente densa y burocrática» porque «crea nuevos tribunales y secretarías pero no va al fondo de la cuestión, que es la protección verdadera del usuario. Eso, que es lo más importante, no está expresamente señalado» en la iniciativa del oficialismo. «No dice nada de los supermercados ni de los precios de las góndolas», agregó a manera de ejemplo. 

El legislador salteño por el Frente de Izquierda (FIT), Pablo López, sumó su punto de vista a la crítica del proyecto. «Nosotros denunciamos básicamente la hipocresía de una ley que se propone para combatir la formación de monopolios y la concentración cuando ellos (por la alianza que conduce el Ejecutivo) son el gobierno de la concentración». 

López recordó que la administración nacional «habilitó la fusión entre las empresas Cablevisión y Telecom» y asoció ese procedimiento con la gestión del ministro de Energía «(Juan José) Aranguren, que es ministro pese a que representa monopolios». 

Pero fundamentalmente apuntó contra el rol que se propone para el tribunal que crea la ley para autorizar o no las operaciones de las empresas. La autoridad también cosechó observaciones en el massismo y en el FpV, salvo casos como el del diputado Diego Bossio, que calificó la iniciativa oficial como «de avanzada». 

Entretenidos

El avance de la ley sorprendió incluso a empresarios del ámbito pyme y a referentes de defensa del consumidor, que siempre siguen estos temas pero esta semana fueron arrastrados por los otros debates.  

El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, estuvo consagrado a las audiencias públicas de las tarifas de gas y luz (ver aparte). Consultado por Tiempo, se limitó a abogar en general por una ley que regule los abusos de las grandes empresas. 

Por su parte, Ariel Aguilar, dirigente de la cámara pyme nacional CGERA, contó que el interés estuvo en el proyecto de Compre Nacional que establecerá un porcentaje de participación de empresas nacionales en las compras del Estado. A la Ley de Defensa de la Competencia, por ahora, la miran desde lejos, aunque se permiten una mirada global: «Es parte de la vorágine de las otras reformas. Vienen por todo y con todo», resumió. «