La devolución de la causa Vicentin por parte de la Corte Suprema de Santa Fe al juez Fabián Lorenzini abrió un pelea estratégica en torno del juzgado que dirige, el de primera instancia en lo Civil y Comercial de segunda nominación de Reconquista, Santa Fe.

El juez debe aprobar o rechazar la propuesta del directorio de Vicentin, que gira en torno de un pago muy reducido a los grandes acreedores, el Banco Nación entre ellos, y la venta de sus mejores activos a una multinacional con la que ese mismo directorio tiene relación desde hace más de 15 años.

En torno de la decisión de Lorenzini se ha desplegado un juego de presiones. Del lado de Vicentin buscan que el magistrado siga el camino que ya tenía resuelto a principios de junio pasado, cuando había enfilado sin freno hacia la homologación de la propuesta de la cerealera a pesar de los reclamos del Banco Nación, principal acreedor, con U$S 300 millones enterrados allí.

Esa proposición apunta a pagar en forma casi inmediata a la homologación hasta un tope de U$S 30.000 a todos los acreedores, y un año después U$S 127 millones que se repartirían entre los medianos y grandes acreedores. Agrega que para efectuar esos pagos usará los ingresos comerciales corrientes y lo producido por la venta de activos sin especificar. Y luego conformar un fideicomiso que se haría cargo del pago del resto de la deuda a partir de la gestión de los activos sobrevivientes. Los actuales accionistas de ese remanente reducirían su participación hasta el 5% de las acciones.

La sospecha de los que se oponen a esta propuesta es que la venta de los activos más valiosos dejaría en la Vicentin residual los activos con menor capacidad de generar ganancias de las que cobrarse el saldo de sus acreencias. Algunos creen que, a valor presente neto, el conjunto de la propuesta implica una quita de hasta el 80% del valor de la deuda.

Este sector recibió una ayuda de la Corte suprema de Santa Fe, la que al devolver el expediente fijo condiciones al accionar futuro de Lorenzini.

Los supremos santafesinos le advirtieron que la resolución del concurso de acreedores debería tomar en cuenta los derechos de los acreedores y que no podía obviar lo que sucede en otros fueros, en relación a que en la justicia Penal de Rosario se sigue una causa por estafa en la que ya se emitieron dos interdicciones contra la enajenación de cualquier activo actual de Vicentin.

El abogado Franco Dimónaco, que representa al Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, planteó en el diario La Nación que en estos planteos del máximo tribual se «expone la debilidad de la propuesta concursal ante la existencia de medidas cautelares dictadas en sede penal –donde se encuentra imputado el directorio de Vicentin– que impiden la enajenación de activos por parte de la desalterada agroexportadora para pagar a los acreedores».

Para Dimónaco, los planteamientos «condicionan severamente el futuro de la propuesta» de Vicentin, de lo que deduce que la firma quedó «a las puertas del cramdown».

Cramdown es el nombre que se le da a una operación legal por la cual uno o varios acreedores transforman sus acreencias en acciones de la empresa deudora. Esta alternativa se había puesto en juego a mediados de este año, cuando desde el Banco Nación se aseguró que era una posibilidad concreta. Pero en el sector aceitero y exportador, en el que tallan fuerte un puñado de multinacionales, se ve con malos ojos esta alternativa porque sería «la estatización de Vicentin por otras vías» y tienen un rechazo visceral a la presencia del Estado en ese negocio.

Pero hay otra alternativa. Fuentes con conocimiento del tema aseguraron que Vicentin estudia cambiar su propuesta a fin de hacerla más «digerible» a los jueces de la Corte Suprema provincial. Pero la tarea no parece fácil ya que sin el aporte de capital extra no habría forma de lograr el pago. En la propuesta de Vicentin esos fondos provendrían de la venta de Renova (aceitera) a Viterra, la ex Glencore, con la que vienen asociados desde 2007 . «