Convocan a actualizar el salario mínimo dos meses tarde y tras perder el 34,7%

Finalmente, el Ministerio de Trabajo hizo pública la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para el 14 de agosto. La cita se realizará en formato virtual y participarán 12 representantes de las distintas centrales sindicales y el mismo número por las patronales.

La cita llega con mucha demora. Es que el acuerdo anterior (en rigor un laudo ministerial) venció en julio pasado. Desde 2004, cuando se constituyó el organismo, las actualizaciones se producen en general en julio o a principios de agosto con unas pocas excepciones en las que la decisión se adelantó a mayo y junio.

La demora, además, carga con el agravante de que la actualización anterior fue en tres cuotas consecutivas entre agosto y octubre de 2019. Por eso, hace ya un año que el haber no es modificado.

Por ello es que desde que alcanzó el valor de $ 16.875 a esta parte, perdió un 34,7% de poder adquisitivo, equivalente a la inflación del período septiembre 2019 a septiembre de 2020. Si se toma el valor de $ 12.500 de julio de 2019, el retroceso alcanza un 9,6%. Sin embargo, si la comparación se realizara con la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), más cercana a la realidad de quienes perciben el SMVM, el retroceso en términos reales llega hasta el 38,3 por ciento.

De hecho, la relación entre el haber mínimo y la CBA que establece el umbral de la indigencia se ubica, hoy, en su piso desde 2016. Es que cubre apenas el 87% de su valor cuando, por caso, en enero de 2017, representaba el 146 por ciento.

Esta situación sirve, en parte, para explicar que la pobreza haya llegado hasta el 47% de la población.

Impacto real

Si bien es cierto que su valor resulta simbólico en la medida en que los mínimos de los convenios se ubican por encima de ese valor y, en rigor, opera como una referencia para las tortuosas negociaciones que pudieran realizar los trabajadores no registrados que no cuentan con representación sindical para hacerlo valer con fuerza de ley, de un tiempo a esta parte impacta en otros ingresos que se encuentran vinculados a ese monto.

En primer lugar influye en el Salario Social Complementario que percibe gran parte del alrededor de medio millón de beneficiarios de programas del Ministerio de Desarrollo Social (Potenciar Trabajo) y que está fijado en la mitad del valor del SMVM. También influye en el programa Acompañar para víctimas de violencia de género que, por ley, equivale a su valor.

Del mismo modo, desde 2017 el haber de los que acceden a una jubilación sin completar los aportes no puede ser inferior al 82%. Lo mismo ocurre con el salario mínimo inicial docente, que debe ubicarse un 20% por encima.

Además, también influye en el monto de los ATP que reciben en la actualidad casi dos millones de asalariados privados y que está fijado en la mitad del SMVM pero con un tope de dos salarios mínimos.

El Estado, juez y parte

Aunque formalmente la negociación se desarrolla entre las centrales sindicales y las cámaras empresarias, el impacto real del incremento que se vaya a establecer recae casi por entero en el Estado que es quien, en los últimos años, resolvió el diferendo mediante un laudo ante la distancia entre las partes. El aumento del 7% a los empleados públicos no constituye un dato alentador.

En esta ocasión participarán en carácter de invitados los referentes de los movimientos sociales particularmente interesados en sus resultados.

La negociación

El reclamo que las centrales sindicales llevaron formalmente a las últimas reuniones del Consejo del Salario Mínimo fue el de elevar su monto hasta el valor de la Canasta Básica Total que mide el umbral de pobreza para una familia tipo y que, en agosto, alcanzó los $ 45.478. En porcentaje, se trataría de una suba del 170 por ciento.

A la fecha, y a pesar del evidente retroceso del SMVM en términos reales, desde el lado sindical aún no hay definiciones acerca de cuánto reclamarán en esta ocasión. El secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, reconoció a Tiempo que «aún no lo definimos». Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, adelantó que lo definirán «el próximo jueves convocando a la Mesa Nacional de la CTA».

Desde el lado patronal, José Urtubey, uno de los consejeros de la Unión Industrial Argentina, confió a Tiempo que «todavía está muy verde. Se va a ir a escuchar. Es un año muy particular y habrá que ver qué van a unificar los gremios. A partir de eso tomaremos una opinión».

La negociación, además, tiene relevancia puesto que, con muy pocas paritarias cerradas, podría oficiar de pauta para el resto de los acuerdos. «

El martes, paran estatales nacionales y docentes universitarios por salarios

El gobierno nacional, en su carácter de Estado patrón, propuso a sus empleados un incremento de apenas un 7% en sus haberes hasta diciembre. Estimaciones de la junta interna de ATE del INDEC dan cuenta de una pérdida del poder adquisitivo del salario de los empleados públicos nacionales del orden del 35,7% desde noviembre de 2015.

La propuesta del gobierno fue suscripta por el gremio mayoritario UPCN, cuyo titular es a la vez secretario adjunto de la CGT. Pero recogió el rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado liderada por Hugo «Cachorro» Godoy que, en un plenario realizado el pasado jueves definió un paro nacional de actividades para el martes 6 de octubre, con una  movilización bajo el formato de una caravana de autos que se movilizará desde el Obelisco al Congreso Nacional.

La medida, al mismo tiempo, recogió la adhesión de otros gremios dependientes del Estado nacional que también se encuentran debatiendo sus paritarias con una suerte similar. Un plenario nacional de la Conaduh, que agrupa a los docentes universitarios definió parar y movilizar ese mismo día ante la negativa de las autoridades educativas de ofrecer incremento alguno para el período, luego de que en marzo anunciaran el desconocimiento de la segunda instancia de actualización indexada por inflación del salario acordada por todas las federaciones con el gobierno de Mauricio Macri. Ello implicó una pérdida de alrededor de cuatro puntos con relación a la letra firmada.

La Fesprosa, de salud, evalúa adherir a la caravana y los judiciales de la UEJN paran 36 horas a partir del jueves 8 de octubre. «