Con respaldo del FMI, el gobierno presenta su oferta a los bonistas

En circunstancias inéditas, el gobierno define la presentación de una oferta a los acreedores privados para reestructurar la deuda pública. La medida, trascendental para la economía argentina porque definirá cuál será el flujo de dinero que se destinará a ese fin en los próximos años, debe resolverse en medio de una de las mayores crisis globales que se recuerde, con la circulación de personas alrededor del mundo reducida a una mínima expresión y con vastos sectores productivos y de servicios paralizados por la pandemia de coronavirus.

El cuadro se agudizó en los últimos días porque se amplió la cantidad de países que decidieron profundizar las políticas de aislamiento social y cuarentena, en un intento por reducir la propagación del virus y el número de infectados. Ya hay consenso en que la economía global, que se suponía iba a desacelerar su crecimiento por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se encamina hacia una caída de magnitud todavía difícil de precisar.

«Está claro que hemos entrado en una recesión, tan mala o peor que en 2009. Hay riesgo de una ola de quiebras y despidos que no sólo pueden socavar la recuperación, sino erosionar el tejido de nuestras sociedades», señaló la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el viernes.

Algunos pronósticos son muy desalentadores. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó que «la escala estimada de caída del PBI equivale a un recorte anual de hasta 2 puntos porcentuales por cada mes de confinamiento estricto», según lo precisó su secretario general, Angel Gurría, en la reunión del G20 del último jueves. A tono con estos tiempos, el debate entre los principales líderes del planeta, del que también participó el presidente Alberto Fernández, se realizó por videoconferencia.

La decisión que surgió de ese encuentro virtual fue lanzar un paquete de ayuda monetaria de 5 billones de dólares (el equivalente a 16 veces el total de la deuda del sector público argentino) para apuntalar la economía mundial. A la vez, el FMI y el Banco Mundial propusieron condonar la deuda de 76 países de bajos ingresos, la mayoría africanos y del Caribe, para que tengan recursos con que afrontar la pandemia.

Esas medidas, más otras en la misma dirección, inundarán el planeta de dinero, lo que remarcará la contradicción entre las bajas tasas de interés resultantes con las que pagan los bonos argentinos. Se desprende de ello que la readecuación de los intereses será una de las claves de la reestructuración.

Negociaciones

Mientras el mundo ensaya respuestas ante la catástrofe, el Ministerio de Economía continúa con el proceso para canjear los U$S 68.842 millones que totalizan los bonos bajo jurisdicción de tribunales extranjeros, según lo establece el decreto 250/20. El cronograma inicial, sin embargo, tiene algunas demoras ya que la oferta iba a ser lanzada en la segunda semana de marzo y anteayer debería haber expirado el plazo para la respuesta.

Ese retraso se sumó a algunos rumores de que los bancos elegidos para intermediar en la negociación (Bank of America, HSBC y Lazard) habrían sugerido al gobierno la postergación hasta que haya condiciones financieras más estables. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda desmintieron esa hipótesis y confirmaron que siguen con el plan original. «Del tema deuda hablaremos con los hechos. Es la única manera de cortarla con las operaciones constantes de los bonistas. Que atrasamos, que adelantamos, que defaulteamos, que pagamos… Es cualquiera», dijeron voceros de esa cartera a Tiempo.

La decisión de continuar con la reestructuración tiene una explicación lógica: los fuertes vencimientos en divisas entre los meses de mayo y junio. Entre ellos se cuentan los casi U$S 3500 millones de capital por diversas series de Bonar en mayo, así como otros U$S 290 millones en conceptos de intereses. Además, en junio hay previstos unos U$S 800 millones de intereses por los bonos Discount 2033. Otros compromisos en pesos, como los Boncer que vencen el 28 de abril, intentarán ser saldados con lo que se recaude por los títulos en moneda local que se ofrecerán en cinco licitaciones programadas desde este miércoles.

Respaldo del FMI

Para esta pulseada con los acreedores, y principalmente con los fondos de inversión que tienen la mayor parte de los bonos que entrarán en el canje, el gobierno contará con la inesperada ayuda de un organismo que habitualmente jugó para el bando contrario: el FMI. Primero fue la foto de Georgieva con el ministro Martín Guzmán en la cumbre del G-20 en Riad; luego, la declaración de que la deuda argentina es «no sustentable» y la recomendación a los acreedores privados de que acepten una quita; y por último, una sugerencia concreta: que la reducción sea de entre U$S 55 mil y 85 mil millones, sumando capital e intereses a pagar, realizada 10 días atrás.

Ese número permitiría que la necesidad de financiamiento del país (el déficit fiscal más los pagos de deuda) se mantenga en no más del 5% del PBI en los próximos cuatro años. Otro rango de exigencia «no es económica ni políticamente factible», dice el informe técnico que seguramente Guzmán pondrá sobre la mesa a la hora de concretar la oferta.

Como si fuera poco, entre las medidas para ayudar a que los gobiernos tengan mayor liquidez para combatir la pandemia, el Fondo estudia una emisión especial de DEG (derechos especiales de giro, la moneda en que realiza sus operaciones) a la que los países miembro podrían acceder de acuerdo a la proporción de capital que aportan a la entidad. Según los cálculos iniciales, a Argentina le podrían tocar entre U$S 2500 y 3000 millones de libre disponibilidad. La iniciativa será tratada en la reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial, que se realizará (siempre de manera virtual) a mediados de abril. Si se concreta, significará la reanudación de la asistencia financiera del organismo, luego de que en agosto de 2019 el directorio suspendiera el acuerdo stand by y de que el presidente Alberto Fernández renegara públicamente de reclamar los U$S 11 mil millones que quedaban por recibir. Una paradoja más del enrevesado panorama que desató el coronavirus.