Los nuevos títulos de la deuda pública comenzaron a cotizar en la Bolsa. Lo hicieron con limitaciones, porque el lunes fue feriado en Estados Unidos y por eso no hubo operaciones en Wall Street, lo que pospuso el debut de los bonos bajo ley de ese país para este martes. En Buenos Aires, los papeles emitidos bajo ley local arrancaron con paridades de entre 46 y 53 dólares por cada 100 de valor nominal, lo que arroja una tasa implícita de alrededor de 11% anual. El más negociado fue el AL 30 (bono en dólares con vencimiento en 2030), al que se vislumbra que será la referencia del mercado.

Las cotizaciones servirán para reanudar la elaboración del riesgo país, el índice que confecciona la banca JP Morgan en base al rendimiento de los bonos soberanos. Ese número marca la diferencia entre el rendimiento que se le exige a esos títulos en comparación con los del gobierno estadounidense. La actualización de ese indicador está prevista para el jueves. De acuerdo a las primeras estimaciones, el índice podría ubicarse en el rango de los 1.100 puntos, la mitad de los 2.150 en que se ubicaba la semana pasada con los instrumentos que ya salieron de circulación. De todas maneras, la cifra es muy superior a la de otros países como los 312 puntos de Brasil y los 163 de Uruguay.

Mientras tanto, las agencias calificadoras de riesgo, cuyos dictámenes son seguidos por numerosos inversores institucionales para decidir sus colocaciones, ya tomaron nota de la reestructuración de la deuda y sacaron a la Argentina de la situación de default en que había caído por la falta de pago en varios de los bonos anteriores.

La primera fue Standard and Poor’s, que de todas maneras fue cautelosa con relación a las dificultades que debe enfrentar el país en los próximos meses y por eso lo recalificó en la categoría CCC+, en la que convive con varias naciones africanas (Congo, Mozambique y Angola, por ejemplo). Esto implica que “el emisor es vulnerable y depende de condiciones del negocio, económicas y financieras favorables para cumplir con sus compromisos financieros, (los que) parecen ser insostenibles en el largo plazo”. En particular, el informe de S&P hace mención a los desafíos macroeconómicos pospandemia, la negociación pendiente con el FMI y con el Club de París como condicionamientos para la gestión en el futuro inmediato. Se espera que a la brevedad, Fitch y Moody`s, otras agencias seguidas con suma atención, también procederán a la recalificación de esos títulos.

Estas opiniones, al igual que los datos que se esperan sobre el riesgo país, configuran un escenario adverso para la Argentina con vistas a un eventual regreso al mercado de crédito internacional. Pero lo cierto es que esa incursión todavía no está en los planes del gobierno, que por estas horas está bastante satisfecho con haber podido reordenar el cronograma de compromisos en dólares. Tal como publicó Tiempo en su edición impresa del último domingo, en 2021 habrá un ahorro de U$S 8.300 millones en servicios de la deuda pública.

Por ahora, el equipo económico sigue priorizando el crédito en pesos para cubrir sus necesidades de financiación. A su favor juega la enorme liquidez que hay en plaza producto de la fuerte emisión de moneda que el Banco Central realizó en los últimos meses para aminorar el impacto del coronavirus en la actividad económica. En esa dirección, el Ministerio de Economía intentará colocar este miércoles Letras del Tesoro a devolver en enero y febrero de 2021, al igual que Bonos del Tesoro con vencimiento en septiembre de 2022. Según informes oficiales, desde mayo las licitaciones tienen un rollover superior al 100%, lo que significa que el gobierno recauda más dinero del que suman los préstamos a cancelar.