Cómo hará el gobierno para financiar la crisis del coronavirus

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus está llevando al gobierno nacional a seguir una hoja de ruta que no era la prevista cuando asumió. Aunque, bien mirada, tampoco es muy distinta. La diferencia sustancial entre uno y otro mapa será un agujero fiscal primario en torno del 5% del PBI, según la mayoría de las consultoras privadas, cuando apenas en marzo último, el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo estimó, en el peor de los casos en el 1,5 por ciento. La respuesta ha sido, y seguirá siendo, la emisión monetaria para tapar el bache que, además, se ahonda por la caída de la recaudación.

Del mismo modo, el elemento central que se mantiene desde la planificación anterior es que este año se reducirá sustancialmente el pago de capital e intereses de la deuda pública nominada en moneda extranjera. El eje ordenador de la política económica del gobierno de Alberto Fernández fue desde siempre una reestructuración de los pagos de esa deuda. Todo indica que sea por la vía del acuerdo o la del default, el gobierno cumplirá con esa premisa y contará con esos recursos para el día después de la pandemia. Y, como reverso de esa moneda, no contará con financiamiento internacional, algo que nunca esperó tampoco.

Los aportes de fondos desde los organismos financieros internacionales también estuvieron desde un primer momento en el radar del gobierno. El brote de coronavirus ha removido las habituales trabas burocráticas de estos entes multilaterales, y el Fondo Monetario ya anunció dos líneas de ayuda que bien podrían ser empleadas por la Argentina. A ello se podrían sumar cifras menores provenientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En cambio, algo que aparece como resultado puro de la pandemia es la aplicación de un impuesto por única vez a las grandes fortunas y otro similar a las ganancias extraordinarias de las empresas. El paso del tiempo ha mellado en el potencial de ambos tributos, especialmente porque el propio gobierno comenzó a dejar trascender que la recaudación total orillaría los 3000 millones de dólares, menos del 1% del PBI y por debajo de lo que se creyó en un primer momento.

Todo este combustible financiero y monetario sólo tendría sentido si enciende los motores económicos. Y aquí es dónde hay más dudas porque la lucha contra el coronavirus está a pleno y podría no ser suficiente el auxilio estatal para evitar que quiebren pymes y se incremente el desempleo, de un lado, o crezca el malhumor social en los barrios populares por lo escasa de la ayuda, del otro.

Déficit, emisión y después

Según un estudio de la consultora LCG, asegura que “La emisión parece ser la única alternativa” para financiar el costo de la pandemia y el déficit fiscal resultante. “De hecho, es la que se está utilizando”, agrega. Abril sobresalió en este punto porque hubo una emisión especial de $ 350 mil millones para financiar a las pymes al 24 por ciento, plan que no prosperó por la actitud de los bancos. Al viernes pasado, los bancos sólo habían desembolsado 110 mil millones de pesos.

LCG –al igual que muchos analistas- advierte sobre las consecuencias inflacionarias de la emisión: “Dada la historia inflacionaria, sumada a la inercia, no puede soslayarse el riesgo de aceleración de la inflación que conlleva dejar este excedente de pesos en la calle. El riesgo, más que de hiperinflación, es de un salto discreto (escalonado) en la tasa de inflación”.

Además de la emisión, el déficit podría financiarse también con algo de crédito en pesos. El ministro Guzmán señaló que quiere “recuperar el mercado de deuda pública del Tesoro en pesos” y si bien le cuesta la renovación total de vencimientos, está consolidando a los bonos actualizados por inflación como instrumento central de su política financiera local. El riesgo es claro, pero para Guzmán la emisión monetaria “no está generando inflación” ahora y a medida que pase el tiempo parte de lo emitido “irá a más demanda de aquello cuya oferta puede crecer, de cosas que la Argentina tiene mucha capacidad instalada ociosa. Ahí hay espacio para que lo que aumente sea la producción, más que los precios”.

Para el economista Fernando Camusso, de Rafaela Capital, el gobierno está usando la alternativa de financiarse en el mercado local: “Lo está haciendo y bien”, señaló. “El Tesoro quiere ser muy cuidadoso con esta herramienta” por lo que ya avisó, por ejemplo, del pago del Boncer el próximo 28 al 10% de los inversores privados que no ingresó al canje de la semana pasada.

Deuda y aportes

“Si Argentina logra cerrar un acuerdo de canje, no vería mal que pueda existir un aporte por parte del FMI”, observó Camusso, para quien un default, así sea parcial, tendría consecuencias muy negativas. “Digamos que logran cerrar Golables 2016, que tienen cláusulas de acción colectiva más bajas, pero quedan los Discounts y Pares abiertos. Habrá defaults de Ley Nueva York allí igual. El riesgo es que Argentina se convierta en un paria global por bastante tiempo. Veo menos financiamiento en esa instancia”, agregó.

En el gobierno tienden a reducir el impacto del default. La frase del presidente Alberto Fernández, “estamos en un virtual default”, aun retumba en los oídos de los que critican la propuesta de canje de deuda oficial, al considerarla “agresiva”.

El plan de las pymes

Desde un sector de las pequeñas y medianas empresas, hay interés en profundizar el debate sobre los “aportes que puden realizar los sectores que están en mayor capacidad de contribuir”, como señaló a Tiempo Eduardo Fernández, titular de Apyme. “Hay necesidad de un aporte especial de sectores con poder de tributación, que son los que mayor renta tuvieron en estos últimos cuatro años”, indicó.

Fernández, un reconocido empresario con militancia gremial y cercano al gobierno de Alberto Fernández, aclaró que este impuesto “no debería ser el único a establecer. El objetivo es que una parte del financiamiento extra del Estado se haga a partir de estos sectores con capacidad de tributar”.

En ese sentido, el empresario observó que “a mediano plazo, hay que discutir qué sistema tributario tenemos, a fin de volverlo más progresivo. Para nosotros deberían gravarse las actividades liberadas en los últimos años y que favorecieron la especulación financiera”.

Con todo Fernández observó que en el actual contexto de la pandemia de coronavirus, “hay que asegurarnos que los esfuerzos que está haciendo el Estado lleguen a quienes los precisan”. Fernández hizo un corte claro entre las pymes que “producen, no fugan ni despiden” y “los sectores concentrados que van a tratar de beneficiarse”. Para ello, instó a que se levante una mesa integrada por el Estado, las empresas y los trabajadores que discuta los planes de desarrollo y la distribución de las cargas en la actual coyuntura.

Bancos y petroleras siguen en la mira

Los bancos estaén desde hace dos semanas en boca de los más altos funcionarios del gobierno, para quienes las entidades bancarias no han estado “a la altura de las circunstancias”, un eufemismo para no decir que boicotearon abiertamente sus planes. El caso del enorme retraso en los créditos para las pymes al 24% de interés es el más notorio de una serie de hechos que han llevado al gobierno a plantearse un plan “para después de la pandemia” que incluiría la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Entidades Financieras.

En el caso de las petroleras, sus demandas por el mantenimiento de un precio sostén del petróleo para el mercado interno es visto con preocupación ya que viene acompañado de la amenaza concreta de miles de despidos en la industria en todo el país. La semana que pasó, lo sindicatos petroleros firmaron acuerdos por los que aceptaron una reducción de los salarios del 30% nominal, aunque en los hechos sería del 50%. Las petroleras aseguran que si no se conforma un “barril criollo” a 45 dólares, pasarán a los despidos. Para el gobierno, el subsidio a las petroleras es un hecho, pero a cambio pedirán slavaguardas laborales.