Cinco de las 15 provincias (incluyendo en ese lote a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que tienen bonos en moneda extranjera ya lograron su reestructuración, siguiendo los pasos que marcó el gobierno nacional. A ese reducido grupo se sumó esta semana Córdoba, luego de que sellara con sus acreedores la refinanciación de títulos por U$S 1.685 millones. Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut ya lo habían hecho a fines del año pasado.

La noticia llegó sobre el filo de que la provincia mediterránea cayera en default. El 9 de diciembre la administración de Juan Schiaretti incumplió un pago de intereses por U$S 25 millones y el acuerdo llegó justo cuando expiraban los 30 días de gracia para ponerse al día. “Estamos satisfechos con este arreglo muy conveniente para la Provincia. Ha bajado la tasa de interés respecto a los contratos originales, lo cual significa un ahorro hasta el 2029 de 200 millones de dólares. La deuda empieza a vencer en el año 2023 y se extiende hasta el 2029 inclusive”, explicó Schiaretti, quien se jactó de que su gobierno hubiese podido acordar el canje de títulos sin caer en cesación de pagos.

A juzgar por los números, la renegociación no logró bajar tanto los tipos de interés como ocurrió en otras jurisdicciones. De acuerdo al informe oficial, los nuevos bonos pagarán un promedio de 6,08% anual, frente al 7,23% que abonaban los anteriores. Esa rebaja de poco más de un punto es bastante menor a la que obtuvo Mendoza (3,3 puntos) y a los casi cuatro del acuerdo entre el gobierno nacional y los bonistas privados. De todas maneras, Schiaretti se sacó de encima un problema mayúsculo al conseguir la postergación de pagos de capital por dos años: sin el arreglo, en junio hubiese tenido que cancelar U$S 725 millones.

Las discusiones con los acreedores fueron seguidas de cerca (aunque sin intervenir) por el gobierno nacional. Hace unos meses, el Ministerio de Economía creó una dependencia, la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, con el objetivo de apoyar a las administraciones locales para “disminuir los niveles de deuda en moneda extranjera, privilegiando la utilización de instrumentos de deuda nominados en pesos”.

De acuerdo al informe de esa Unidad, a cargo de Rafael Brigo, las 15 administraciones con títulos públicos en moneda extranjera sumaban por ese concepto un pasivo de U$S 15.767 millones. Dentro de los non-performing (préstamos de cartera vencida), el mayor volumen lo concentra la provincia de Buenos Aires, que desde hace casi un año tiene estancada la negociación para el canje de títulos por un monto residual de U$S 5.338 millones. También están comprometidas Chaco (U$S 250 millones) y La Rioja (U$S 300 millones). En el Palacio de Hacienda quieren convocar a los responsables del área de esas jurisdicciones para coordinar esfuerzos.

El caso que llegó a los estrados judiciales es el que afecta a Entre Ríos. En agosto, la gestión que dirige Gustavo Bordet no cumplió con los U$S 22 millones de intereses de su bono ER25. Hace pocos días, un comité de acreedores, que dice tener el 54% de ese título, inició una demanda ante los tribunales de Nueva York. “A la fecha de emisión del bono (en 2017), las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever”, señaló en un comunicado el gobierno entrerriano. También se manifestó dispuesto al diálogo aunque aclaró que “dicha negociación necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones esenciales y prioritarias”.