La prioridad fue frenar la sangría de reservas del Banco Central. El dólar a 130 y el racionamiento, con la fuga de divisas como marco de fondo.
Hace semanas que el principal debate entre los economistas radicaba en cuántos de los U$S 42 mil millones que el Banco Central declaraba de reservas eran de libre disponibilidad, una vez separados los depósitos de los ahorristas y las obligaciones con el FMI y el gobierno chino (se decía que apenas unos seis mil millones); y cuánto tiempo más podía el Banco Central seguir manteniendo el cupo de ventas por persona a 200 dólares. Y si bien esta última posibilidad se mantiene, las nuevas normas apuntan a dificultarla hasta renunciar a ella.
En el seno del gobierno también se venía dando esa discusión. Los números del titular del BCRA, Miguel Pesce, eran contundentes: entre julio y septiembre, la entidad había entregado un promedio de U$S 800 millones mensuales al sector minorista; y en el mercado oficial, abierto sólo para el movimiento comercial de las empresas, de las 11 rondas de septiembre en ocho el Central había salido con saldo negativo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistía en no enviar señales que intranquilizaran aún más al mercado, como por ejemplo convertir en dólares las existencias de yuanes y oro en poder del Central. El presidente, Alberto Fernández, pedía no caer en una devaluación. La venta de bonos para presionar sobre el contado con liquidación (CCL) parecía insuficiente y el desdoblamiento cambiario, impulsado por la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, también perdió impulso. En los últimos días, sectores del establishment habían coincidido en que era hora de hacer algo: “Yo creo que hay que cerrar el cepo”, había opinado el influyente banquero Jorge Brito.
El nuevo marco normativo es una mezcla que intenta compatibilizar todo eso: encarecer el dólar ahorro, sin presentarlo como una devaluación, para desalentar su compra; achicar el cupo incluyendo en él las compras con tarjeta; pedirles a las empresas que apelen a sus propias reservas para cumplir con sus deudas externas, o si no que las refinancien tal como hizo el gobierno; y complicar todavía más las maniobras con los bonos y el dólar CCL, que estará cerrado para los no residentes. “Hay compras muy fuertes que tienen que ver con una tradición argentina de dolarización que va a llevar tiempo revertir. Se buscó no aplicar una restricción cuantitativa sino lograr un efecto a través del precio, ya que se va a llevar la cotización a unos $ 130”, se sinceró Pesce en declaraciones radiales.
Desde el punto de vista fiscal, la percepción del 35% sobre la compra de billetes, que será tomada a cuenta de Ganancias, no será significativa porque la AFIP devolverá buena parte de ella (aun licuada por la inflación) al año siguiente. Por el contrario, habrá que seguir con atención la merma en la recaudación del impuesto PAIS, que en agosto aportó $ 22 mil millones y que, se supone, caerá a la par de las operaciones que se realicen en los bancos. En cambio, el dólar blue se consolidará como la alternativa para los sectores que todavía mantengan capacidad de ahorro. Eso explica que en las primeras operaciones de este miércoles su valor haya saltado 10%.
Esta suerte de racionamiento no alcanza para paliar el problema de fondo: el conjunto de la economía no dispone de las divisas que necesita para crecer, proceso que debería darse naturalmente a la salida de la pandemia. “La liquidación de la cosecha es la peor desde 2009 para acá. Ahí tenés cinco mil millones de dólares. Puestos en el mercado, serían otra cosa”, razonó Hernán Letcher, titular del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), en una entrevista con la FM Rock&Pop. Pero también hay otras canaletas por donde se escapan esos recursos, como los giros de muchas empresas a sus filiales del exterior. Las maniobras de la malograda cerealera Vicentin, hoy bajo la lupa judicial, son un ejemplo de esa gran pasión nacional por la fuga de capitales.
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