Es solo por la deuda en moneda local que vence en 2023. El total pasa los $ 23 billones. Fuertes cruces entre el gobierno y Juntos por el Cambio.
El texto dio paso a declaraciones de uno y otro lado en las que hubo pases de factura sobre el proceso de endeudamiento público de los últimos años y especulaciones mezquinas acerca de la conveniencia o no del estallido de esa bomba. Los denunciantes pasaron enseguida a ocupar el lugar de denunciados, con los U$S 45 mil millones tomados del Fondo Monetario Internacional en el primer lugar de la lista de críticas.
Incluso figuras que en los últimos tiempos se habían llamado a silencio, como el autoexiliado Martín Guzmán, salieron a reprochar la posición de JxC. “Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad. Estemos a la altura del país que podemos ser”, dijo el reaparecido exministro de Economía.
El trasfondo de la discusión es la gran cantidad de bonos y letras, algunos a tasa fija y otros con capital ajustable por dólar y/o inflación, emitidos en los últimos tiempos. Su proporción sobre el total de la deuda creció de 23% a 33% en los últimos cinco años, luego de que los mercados internacionales dejaran de prestar dólares al país. La acumulación de deuda en pesos es la consecuencia lógica del camino elegido: fue el FMI quien presionó al gobierno para que financiara su déficit exclusivamente a través del crédito doméstico, evitando emisión monetaria y otras ayudas del Banco Central.
La hora del canje
Conscientes de la enorme presión sobre las cuentas fiscales, a principios de enero la cartera que dirige Sergio Massa llamó a un canje voluntario de títulos (podría haber algunos más) para descomprimir los vencimientos que se habían concentrado en el primer trimestre. De esa manera logró postergar casi $ 3 billones, aunque la mayoría de ese monto vencerá antes de las elecciones, una época de alto voltaje político y en la que la incertidumbre podría jugar en contra de la refinanciación que precisa el gobierno.
Después de ese canje, según el estudio elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, uno de los organismos que sigue de cerca la evolución de la deuda, los vencimientos en pesos para 2023 totalizan unos $ 14,3 billones (al tipo de cambio de fin de año pasado, algo más de 80 mil millones de dólares). Aunque Economía logró aliviar la concentración de compromisos para el primer trimestre, habrá picos importantes en abril ($ 2 billones), junio ($ 2,3 billones) y julio ($ 2,7 billones).
Sin embargo, la posibilidad de refinanciar esas obligaciones no quedará exclusivamente en manos del mercado. De acuerdo a un análisis de la consultora Eco Go, sólo el 40% del total de la deuda está en manos de inversores privados. El resto corresponde a otros organismos oficiales, principalmente la Anses (cuyo Fondo de Garantía de la Sustentabilidad posee títulos públicos por $ 6 billones) y el Banco Central ($ 3,5 billones), que dispondrán de esas acreencias de una manera amigable para el gobierno.
La situación, de todas maneras, podría estallar por los aires si un eventual nuevo gobierno decidiera reperfilar los títulos de manera unilateral (léase default) como cuando en las postrimerías del gobierno de Mauricio Macri lo hizo el entonces ministro Hernán Lacunza. Eso derrumbaría el mercado de bonos, tal como ocurrió a mediados del año pasado cuando una consultora alertó sobre un posible cese de pagos de esos títulos.
Por eso, en defensa de la posición del gobierno, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, hizo una demanda general a los referentes de cabecera de JxC: “Y si el problema son los vencimientos de 2023, ¿por qué no cambian el discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar? Si ganan, será bueno para ustedes. Y en todo caso será bueno para el país”. «
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