Se trata de una adenda laboral que suscribieron el viernes en el Ministerio de Energía los gobiernos nacional y provincial de Santa Cruz junto a los sindicatos y tres compañías petroleras que pretenden explotar hidrocarburos no convencionales en especial en la plataforma submarina provincial que lleva el nombre de Cuenca Austral.
Según el ministerio de Energía, las negociaciones se dieron como parte del Marco de Entendimiento para la Sustentabilidad de la Industria Hidrocarburífera que implicó la adecuación de los Convenios Colectivos de Trabajo 643/12 y 611/10, para actividades destinadas a la extracción de hidrocarburos no convencionales en Santa Cruz.
Inspirado en la adenda que se firmó en enero de este año en la provincia de Neuquén orientada a la explotación del yacimiento Vaca Muerta el acuerdo apunta contra los costos laborales para lograr una mayor competitividad y para proteger las fuentes de trabajo.
Según el ministerio de Energía el acuerdo afecta a todo el territorio continental y marítimo de Santa Cruz y confirma el camino iniciado en la Cuenca Neuquina, continuado por Chubut, y marca el rumbo para la actividad. Demuestra que los actores de la industria comparten un diagnóstico común: por un lado, incrementar la productividad y competitividad reduciendo los costos, así como también incrementar el nivel de inversiones que permita consolidar el desarrollo de los recursos.».
El entendimiento apuesta a que se alcance el mejor nivel posible de actividad en Santa Cruz, con la premisa de proteger las fuentes de trabajo y generar un nuevo marco para las inversiones orientadas al aprovechamiento de los yacimientos no convencionales..
De este modo, apunta a modificar las condiciones de trabajo como punto de partida para promover las inversiones de empresas como CGC SA, ROCH SA y ENAP Sipetrol Argentina cuyos representantes suscribieron el acuerdo.
Como antecedente reciente, a fines de agosto se había sustanciado un acuerdo particular entre el gobierno provincial de Alicia Kirchner, la conducción provincial del sindicato y la operadora YPF que consistió en la cesión de derechos laborales por parte de los trabajadores y la reducción drástica de las regalías (desde un 15% a un 5%) a cambio de desbloquear inversiones ya comprometidas por la operadora. Ese acuerdo debía ser ratificado por la legislatura provincial cosa que se produjo la semana pasada a través de una votación unánime.
La provincia ha venido sufriendo centenares de despidos en el sector petrolero y una suerte de huelga de inversiones de las empresas privadas y la propia YPF que han servido de ariete para la revisión de los convenios.
Según el informe dado a conocer por el Ministerio de Energía, este nuevo acuerdo, además, incluye la posibilidad de que Nación disponga un mecanismo similar de incentivo como el implementado en la Resolución 46, que trazó un sedero de precios para los próximos 4 años para el nuevo gas producido en Vaca Muerta para el cual reconocerá 7,5 dólares por millón de BTU en 2018..
Tal como su antecesor neuquino, el convenio especial promueve la polifuncionalidad ya que habilita a que el personal de una dotación pueda realizar tareas de otro equipo con el propósito explícito de incrementar la productividad. Al igual que en Neuquén y a diferencia de lo establecido en los convenios para la extracción de hidrocarburos convencionales, las horas de traslado al lugar de trabajo, conocidas como horas taxi, no serán abonadas.
El nuevo convenio, además, dispone una serie de medidas tendientes a limitar los derechos sindicales de los trabajadores toda vez que, por ejemplo, condiciona »las reuniones informativas o asambleas organizadas por los representantes gremiales a que salvo casos que respondan a causas de extrema urgencia sean programadas a la finalización de los turnos.».
Con el mismo propósito de regimentar la actividad sindical, se establece la creación de una Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos (CEI), que intervendrá en cuestiones derivadas de la aplicación del acuerdo y servirá para abrir negociaciones en caso de conflictos, previo al inicio de acciones directas como huelga, trabajo a reglamento y quita de colaboración.
Del mismo modo, el acuerdo busca garantizar la «libre circulación y acceso a las instalaciones durante el período en que se desarrolle la medida de acción directa», con el propósito de impedir medidas como bloqueos de las instalaciones petroleras en caso de conflictos.
A partir de la firma del convenio las operadoras privadas proyectaron un incremento de la producción de un 60% e inversiones por 300 millones de dólares. El sindicato, justificó su acompañamiento augurando la creación de puestos de trabajo en un contexto en el que los despidos se cuentan de a centenares al igual que las suspensiones con trabajadores percibiendo apenas el salarios básico.
