Lo dijo el presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA), Raúl Zylberzstein.
El encuentro no cubrió las expectativas de los representantes de las pequeñas y medianas empresas, afirmó Zylberzstein debido a que el titular de la cartera energética no les presentó ninguna propuesta para evaluar subas diferenciales y graduales en el sector, y les expresó que el sistema establecido es el que fija el tope del 500 % de aumento, dado que la Corte Suprema no los instó a ninguna otra cosa. El funcionario nacional reconoció que no tienen ningún proyecto diferencial para las pymes y que recién escucharán las propuestas en la audiencia pública que se celebrará el próximo 16 de septiembre, acotó Zylberzstein. Además, dijo que el ministro afirmó que no cree que el costo de la energía redunde en una pérdida de competitividad para la industria.
Veo con mucha preocupación los tecnicismos que permiten el aumento de tarifas por fuera de las reglas; mas allá de que el impacto sea vital o simplemente sume otra dificultad a las muchas que ya padece el sector, agregó el titular de FECIBA y convocó a todas las pymes a que se comuniquen con su entidad a fin de evaluar cada caso. Además, se comprometió a trasladar las diferentes problemáticas a la audiencia pública que se celebrará la semana próxima en la Usina del Arte.
Finalmente, Zylbersztein reiteró: Si el gobierno nacional no revé su postura, las industrias nacionales, en especial las pymes, tendrán mucha dificultades para poder competir pagando la energía más cara del mundo.
Apelación
Este jueves, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apeló la resolución del juez Oscar Alberto Papavero, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, en la que dispuso rechazar la acción de amparo deducida por CAME contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ENERGAS que aumentaron el servicio público de gas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió respecto a la legalidad manifiesta de los aumentos tarifarios dispuestos por las resoluciones ministeriales cuestionadas, por lo que la Justicia debe tener en consideración tal antecedente del máximo tribunal para hacer extensiva esta nulidad a los usuarios Pymes, fundamentó la CAME.
El miércoles, la CAME había entregado un memorándum a los ministros Aranguren, Francisco Cabrera y Gustavo Lopetegui sobre el problema energético, en el que planteaban que:
-cualquier rebalanceo debe diferenciar entre empresas electro intensivas o gas intensivas y entre empresas que no hacen uso intensivo de ese recurso.
-el criterio para aumentar no tiene que ser un porcentaje, porque eso genera inequidades. No es lo mismo una empresa gas o electro intensivas que aquellas que no lo son. Entonces un 300% de aumento a una fábrica que usa poca luz o poco gas, no le incide, mientras que a una que utiliza luz intensiva, la deja fuera de mercado.
-establecer como criterio para el aumento de tarifas un límite a la incidencia de gas y luz sobre el costo de producción, o en su defecto, sobre la facturación, que es la variable sobre la cual se puede obtener información. Es decir, que el monto que las empresas gasten en luz o gas, no supere determinado porcentaje de sus ventas.
-el rebalanceo debe tener en cuenta el mayor beneficio que tuvieron las grandes industrias en la década pasada. Empresas petroquímicas o cementeras, que son gas intensivas, que emplean muy poco trabajo, que exportan casi todo en dólares, se beneficiaron durante diez años con el subsidio a gas y luz, y no deberían tener tope.
-eliminar el cargo por Fideicomiso de las facturas. Persisten en la facturas los cargos por fideicomisos establecidos en 2004 para realizar obras que no se realizaron y que están completamente paradas. Ese fideicomiso llega a representar hasta el 50% del valor de la factura.
-bajar el IVA a las facturas que actualmente es del 27%, al 21%.
-poner medidores de agua para que las pymes paguen por lo que se consume y no por los metros cuadrados del lugar o por su ubicación geográfica.
-establecer un plan de pagos de hasta seis cuotas sin interés para lo retroactivo del aumento de tarifas que se dejó sin facturar por el momento.
-transparentar la comercialización del gas. Las empresas comercializadoras le suelen decir a las pymes que no tiene más gas y las obliga a comprarle a un brokers que le cobra precios desregulados y en dólares.
-la Corte recientemente dijo que el gas en boca de pozo puede ser analizado como tarifa. Esto significa que el Estado puede tener injerencia en el precio para establecer mejores condiciones para las pymes.
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