Antes que derogar la Ley de Alquileres, proponen profundizar la regulación

La ley de Alquileres está en peligro de extinción. El gigantesco lobby del mercado inmobiliario impuso su lógica y, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, logró generar un consenso negativo sobre una ley que llegó para equilibrar un poco una balanza que está siempre a favor de propietarios, inmobiliarias y desarrolladores, en detrimento de las y los inquilinos.

La ley de Alquileres tiene cuatro puntos centrales: duración mínima de tres años para los contratos de alquiler; actualización anual de precios, a través de un índice que promedia inflación y salarios; inscripción en AFIP de los contratos de alquiler; facilitación de la presentación de garantías, con cuatro opciones para el inquilino.

«Salir a pedir la derogación en nombre de les inquilines es una falacia. Ninguna de las modificaciones que se están presentando va a hacer que bajen los precios», aseguró Luna Miguens, coordinadora del Área de Derechos Sociales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El diputado nacional Cristian Ritondo (Juntos por el Cambio) presentó el viernes último un proyecto de modificación de la ley que va en ese sentido. Por un lado, reduce a dos años el mínimo de duración de los contratos. Por otra parte, libera los precios y establece una actualización mensual, a definir por el propietario de manera unilateral.

«Lo que propone Ritondo es una locura. Una actualización mensual y completamente liberada. ¿Cómo eso va a beneficiar a los inquilinos?», se preguntó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y uno de los principales impulsores de la ley.

El mercado inmobiliario estuvo en contra de cualquier tipo de regulación desde el principio. Durante los cuatro años de debate, amenazó con que los precios se dispararían y se derrumbaría la oferta. Apenas sancionada la ley, portales web ligados a inmobiliarias comenzaron a publicar informes que advertían grandes aumentos en los precios. La profecía autocumplida.

Esta maniobra fue muy efectiva, en parte, por no poder refutar esos números con datos oficiales, ya que no existen. No hay actualmente en Argentina relevamientos estatales que detallen la situación de las y los inquilinos.

«Hay un factor central y es que no hubo un Estado que generara mecanismos de fiscalización, ámbitos de denuncia, una ventanilla para recibir denuncias. La ley es importante también porque crea un programa de alquiler social, genera ámbitos de conciliación de conflictos, busca una mayor oferta para los sectores más vulnerables. Cada vez más personas dependen de este mercado, que es opaco y tiene mucha asimetría de poder. Es muy necesario un Estado presente, que regule y que transparente», argumentó Miguens.

«Hoy se dice que el problema es la ley y hay que volver atrás, a un lugar en el cual el inquilino vuelve a una situación de mayor desprotección. Se apunta a una mayor desregulación. Entrar a un nuevo contrato es carísimo y por eso los tres años de duración mínima es un gran avance. En todo caso, la agenda debería ser cómo lograr que se cumpla la ley. Cómo generar oferta, cómo generar un sistema de garantías públicas. Mucha gente depende de un flujo constante de ingresos para tener un lugar donde vivir. Ante cualquier vaivén o crisis, esa persona se puede quedar en la calle. Es el aspecto más sensible y el Estado no tiene ninguna red de protección», advirtió la especialista.

Muñoz no mira con pesimismo tener que debatir modificaciones en la ley. «No es una cuestión del bloque completo del Frente de Todos, sino de Sergio Massa. Tampoco veo tan sencillo que se hagan modificaciones en el tratamiento en comisión. No es fácil modificar esta ley porque está en el Código Civil, no se puede suspender porque habría que suspender todo el Código Civil. Veo una irresponsabilidad enorme por parte de Massa. Lo único que hace es generar un marco de incertidumbre y deslegitimó aún más de lo que está haciendo el mercado inmobiliario».

La ley tiene sus limitaciones y entre las principales se encuentra que regula solo una parte del precio: la actualización anual. Pero el precio inicial, y por ende de renovación, sigue liberado. Allí, se puede encontrar otra causa de la supuesta disparada de precios.

«Nuestro planteo, en el caso de que haya una discusión, va a ser regular todo lo que aún falta: organismo de control específico, regulación del precio inicial, topes al aumento, impuesto a la vivienda vacía. Comenzamos el diálogo con diputados y senadores. Vamos a avanzar en el Congreso con una discusión más sincera y que los diputados digan a quién quieren defender», finalizó Muñoz. «

RECORRIDO

La Ley de Alquileres tuvo una historia llena de zig-zags.
2016: La senadora Silvina García Larraburu (FpV)presenta el proyecto elaborado junto con la ONG Inquilinos Agrupados. Es aprobado por unanimidad.
2018: Se dilata el tratamiento en Diputados. Daniel Lipovetzky (PRO) se convierte en el nuevo impulsor de la ley y evita su caída.
2019: Diputados vota a favor y el proyecto vuelve al Senado por los cambios introducidos.
2020: Senadores aprueba el proyecto corregido y se sanciona la Ley de Alquileres.
2021: La presión del lobby inmobiliario, la falta de control del gobierno sobre el cumplimiento de la ley y las voces en contra dentro de la coalición gobernante hacen que quede en jaque.

El ejemplo de Berlín

En Berlín, la capital alemana, se aprobó por plebiscito la expropiación de 240 mil viviendas para incrementar la oferta y bajar los precios. Fue la manera que encontró el Estado de intervenir en un mercado concentrado que provocó una disparada de precios. El objetivo es comenzar a fijar así nuevos valores a la baja.