Advierten que Energía le puso un precio muy alto al gas importado por barco

Por: Jonathan Raed

Lo cotizó a U$S 27 el MBTU para todo el año. Pero ese precio está influenciado por la crisis en Ucrania. Implica un monto más elevado de gasto energético y por lo tanto más subsidios.

Por distintos motivos, en la última semana Argentina importó gas y otros combustibles por unos US$ 800 millones. Todas las operaciones se hicieron con un precio alto. Una de ellas fue particularmente llamativa: un barco de GNL a un precio históricamente elevado.

IEASA (ex Enarsa) adjudicó a la polémica empresa Vitol la compra de un barco de GNL a U$S 27 por millón de BTU (MBTU, una unidad que se usa en el comercio de gas).

Andrés Repar, integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) y del Grupo Bolívar, no comprende la operación. «Comprar a 27 dólares no tiene ningún sentido. En Europa, está sobrando GNL porque subió la temperatura. Había que esperar un poco más. No veo la necesidad de salir corriendo a comprar tanta cantidad a ese precio y menos a una empresa tan cuestionada como Vitol».

Vitol no produce gas. Es un mediador, un trader. Su manera de manejarse y de hacerse un hueco en el mundo de la energía le trajo problemas por supuestos sobornos en Ecuador, México, Brasil, Estados Unidos e incluso en Argentina, donde habría un lobby muy poderoso que le gestiona presencia en el mercado.

El precio promedio del GNL en 2021 fue de U$S 7,5 por MBTU. Por los saltos del convulsionado mercado internacional (arrinconado por el conflicto en Ucrania), en la presentación de la Secretaría de Energía durante la última audiencia pública, se estableció un precio de U$S 23 por MBTU para todo el año. «De esta manera, se sostienen valores altos de mercado de forma innecesaria. Ese precio puede durar dos semanas y encima se sale a comprar a 27 dólares para abastecer hasta mayo», resumió Repar.

Ante la consulta de Tiempo, desde la Secretaría de Energía no brindaron opinión respecto de la llamativa compra.

Ojo con el GNL

Argentina importa unos 4000 millones de metros cúbicos de GNL por año. A U$S 23 por MBTU, el gasto es de unos U$S 1000 millones.

Por otra parte, el precio promedio para la producción de gas establecido en el Plan Gas.AR es de U$S 3,94 por MBTU. Si se agrega el mencionado valor de GNL, el promedio se ubica en U$S 4,84 por MBTU.

«El valor de U$S 4,84 es un disparate. No responde a ningún análisis serio y no se explicó nada en la audiencia pública. Todo esto determina que el Estado, que antes subsidiaba el 55% de la producción de gas, ahora subsidiará el 70%, si se quiere mantener el congelamiento. Si se reducen los subsidios, buena parte de ese precio deberá ser pagado por el usuario», consignó Repar.

«Se compra más cantidad y a mayor precio. Esto indica que el Plan Gas.Ar no resultó porque la demanda no se cubre con la producción de Vaca Muerta. Subió solo el 5,8% la producción cuando habían prometido un 20 por ciento», concluyó Repar.

Marcos Rebasa, especialista en materia energética, expuso: «Hay que ver los costos. El Plan Gas.Ar no funcionó porque no se produjo lo prometido. En verano, hay excedente y eso se exporta porque no se puede almacenar. Para almacenar, hay que invertir, pero te dicen que es caro. Seguramente, será más barato pagar U$S 23 el GNL», ironizó.

«Estamos en un cuello de botella muy grande porque no se planifica. Estos precios encarecen el subsidio del Estado. Decir que el Plan funcionó porque en Europa se disparó el precio es una justificación berreta», planteó.

Con respecto a la quita de subsidios, analizó: «Es un avance. Está bien. Habría que hacer una buena segmentación, cruzando datos de AFIP, de ANSES, de INDEC. No solo por el valor de la propiedad, sino por otros índices a partir de los cuales se puede llegar a unos valores razonables».

En el mismo sentido, concluyó: «Podrás ahorrar un 10%, pero no se resuelve el problema porque tampoco es justo que el rico pague los platos rotos. El problema son los costos, tanto de producir gas como de generar electricidad. Los subsidios más fuertes se dan a la producción».

Así las cosas, en el marco de la discusión por la quita de subsidios exigida por el Fondo Monetario Internacional, y que repercutirá fuertemente en el ya castigado bolsillo de los consumidores, se colocan valores exorbitantes y se producen compras incomprensibles, sin mediar explicaciones. «

Avances en el gasoducto desde Vaca Muerta

El presidente Alberto Fernández firmó el DNU para formar el fideicomiso con el que se financiarán las obras de construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta (Neuquén) con Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.

El texto, además, otorga la concesión de la obra a la empresa IEASA, que consta de una inversión de U$S 1566 millones y tiene como trabajo central el tramo Tratayén-Saliqueló.

El secretario de Energía, Darío Martínez, explicó: «El objeto es ampliar la capacidad de transporte en 44 millones de metros cúbicos diarios, y así utilizar producción nacional y trabajo argentino para sustituir miles de millones de dólares de importaciones actuales de GNC y gas oil».

El jueves, audiencia por la luz

El próximo 17 de febrero se llevará a cabo la audiencia pública virtual que discutirá el precio mayorista de la electricidad, el del transporte y el del Valor Agregado de Distribución (VAD) de las empresas Edenor y Edesur.

Todo, en el marco de una adecuación transitoria de tarifas, dentro del proceso de la llamada Renegociación Tarifaria Integral (RTI).

Desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica emitieron un informe en el cual se destaca que el Estado cubre el 65% del valor de la generación de electricidad y se argumenta en torno a la necesidad de reducir esos subsidios, en el marco de una recuperación económica que para muchos es discutible.

“Con la recuperación económica que está experimentando el país, se cree oportuno avanzar en la revisión de los precios estacionales del Precio Estabilizado de la Energía, el Precio de Referencia de la Potencia y el Precio Estabilizado para el Transporte. Por ello, se plantea que la fijación de precios se defina de forma tal cuyo impacto final en la factura de los usuarios oscile entre 17% y 20%”, completó el informe.

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