Massa y los bancos acordaron patear hasta 2025 la mitad de la deuda en pesos que vence este año

Por: Randy Stagnaro

Se trata de unos 7 billones de pesos que vencen entre este mes y junio. Se emitirán nuevos bonos con vencimientos hasta dentro de dos años.

El Ministerio de Economía y un grupo de bancos acordaron un canje de deuda en pesos que podría darle estabilidad financiera al gobierno nacional en los próximos meses, algo que podría ser crucial ante las elecciones presidenciales de octubre.

Este lunes, el ministro Sergio Massa anunció que la deuda emitida por el Tesoro nacional con vencimiento entre este mes y junio será canjeada “voluntariamente” por los bancos acreedores, los que aceptarán a cambio nuevos bonos que vencen en 2024 y 2025.

Según los números oficiales, entre marzo y junio vencen ocho diferentes títulos en pesos y otros dos emitidos en el formato “dollar linked”, es decir, que su capital se actualiza según el valor de la divisa estadounidense. De conjunto, se trata de una deuda de unos 7 billones de pesos entre capital e intereses.

De acuerdo con diversos cálculos, la deuda pública en pesos o del tipo “dollar linked” suma algo más de 33 billones, de los cuales 16 billones vencen este año si la operación es exitosa, y las negociaciones que Massa sostiene con los bancos desde hace una semana apuntaban a ese fin, el gobierno se habrá sacado de encima prácticamente la mitad de sus obligaciones financieras del año.

Parte del éxito está asegurado porque del total la deuda que vence este año, unos 10,5 billones de pesos, está en manos del Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que gestiona Anses) y los bancos públicos. En general, los organismos estatales aceptan los canjes de deuda incluso cuando son perjudiciales para los intereses de la propia entidad.

Por el lado de los bancos privados, de los casi 7 billones de pesos de deuda del Tesoro en su poder, entran dentro del canje unos 3,5 billones. En Economía consideraron que el “éxito” sería rondar la mitad de ese valor.

Los bancos presentes al momento del anuncio de Massa eran el HSBC, Credicoop, ICBC, Patagonia, BBVA, Santander, Macro y Galicia y el Grupo Banco San Juan (de la familia Eskenazi y que agrupa al banoc homónimo, al Banco de Santa Cruz, el Nuevo Banco de Santa Fe  y el Nuevo Banco de Entre Ríos). También estaban las autoridades de las tres asociaciones de bancos (nacionales, extranjeros y públicos).

Tanto Economía como los bancos coincidieron en señalar que el tipo de nueva deuda que ingresará por el canje se dividirá en dos: tres cuartas partes serán títulos que actualizan por el Coeficiente de Estabilidad (CER, que ata el capital a los movimientos de la inflación), mientras que el 25% restante será en bonos duales (el capital ajusta por inflación o el valor del dólar, lo que sea mayor). En un año que se espera una inflación del 100%, los acreedores se aseguran el valor del capital más una renta por encima de la carestía.

Palabras

Tras agradecer a los banqueros, Massa aseguró que el canje le dará “tranquilidad al ahorrista y al depositante” El ministro aseguró que “el dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha, de este denominado canje voluntario, es que rompe esa idea de que Argentina está todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda”.

En ese punto, aprovechó para tirarle un dardo a Juntos por el Cambio, que el domingo emitió un comunicado advirtiendo en contra del canje: “Ya tuvimos algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina y entendemos que tener un perfil de deuda ordenada, previsible, es fundamental para el sistema financiero, para el Estado. Y para el ahorrista y el ciudadano es una tranquilidad enorme”.

Massa, además, señaló que este canje no iba en contra de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario. De hecho, en sus informes, el staff técnico del FMI reclama en forma constante una “gestión activa” de la deuda en pesos como es este canje.

Consecuencias políticas

En medios cercanos a los bancos se comentaba que la idea de llevar a cabo el canje surgió del propio sector financiero, preocupado por las dificultades que podría enfrentar el gobierno por el peso de la deuda con acreedores privados y con el Fondo Monetario.

Es decir, al menos una parte del mundo de las finanzas no estaría dispuesto a llevar a cabo una corrida contra el peso y ha buscado los mecanismos para evitarlo. Ahora bien, ese compromiso implica una contrapartida de parte del gobernante Frente de Todos, en el sentido de que el candidato presidencial que surja no debería ir en contra de la estabilidad de la nueva deuda en pesos que surgirá de este canje y de eventuales posteriores, como ya se especula respecto de la deuda que vence en el tercer trimestre.

Quizá son estos alcances políticos los que más afectaron a Juntos por el Cambio, que hace apenas tres semanas había salido con los tapones de punta a advertir que la deuda en pesos era “una bomba” a punto de estallar y que el gobierno estaba maniobrando solo para evitar que estallara mientras estuviera en el poder, dejando la posibilidad de una detonación para el próximo gobierno. La postura del último domingo, repetida en sus redes sociales por Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Luciano Laspina, repitió los argumentos. Pero no logró torcer la decisión de los bancos. Esa es la clave.

La postura de JxC y la respuesta del FdT

En la mañana del lunes, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, salió a responderles: «Intentan desestabilizar con un comunicado por mes los mismos que ‘defaultearon’ la deuda en pesos cuando gobernaron. El canje de la deuda en pesos da certeza y previsibilidad a la economía argentina», señaló a través de su cuenta de Twitter.

El documento emitido por los bloques de JxC advirtió sobre «los graves riesgos que implica el canje de deuda que prepara el Ministerio de Economía».

En respuesta, el interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos reiteró su pedido de «responsabilidad y seriedad» a sus pares, a los que acusan de «sembrar zozobra e incertidumbre» ante cada decisión del gobierno nacional.

Lacunza y Sandleris aseguraron que se trata de una «operación vil y ruinosa para el Estado”. También que, de concretarse, se estaría violando la Carta Orgánica del Banco Central.

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