A pesar del gobierno, gremios y empresas no ven baja de la inflación

La suba de los precios minoristas del 3,9% en enero, anunciada esta semana por el Indec, reavivó la preocupación y la polémica por la posible escalada de la carestía durante lo que resta del año.

El gobierno nacional reafirma su política de precios de referencia, como el nuevo Precios Cuidados+, y en simultáneo prepara otras iniciativas con las que apunta, una vez más, a detener la escalada de los valores que pagan los asalariados en los comercios.

Una de ellas parte de la Secretaría de Comercio Interior en conjunto con el Mercado Central y consiste en la posible creación de un fondo fiduciario con el que se compraría una parte de las cosechas de tomates, papas y cebollas para fijar un precio de referencia.

Otra idea plantea la creación de una empresa nacional de alimentos. Esta es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, en particular del titular de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras, Rafael Krejzer, también dirigente del movimiento social CTEP. 

Según se dio a conocer desde el Ejecutivo, ambas propuestas están en desarrollo con expectativas de publicación para el corto plazo, dada la urgencia de la situación. Pero, por el momento, esos avances se producen en dependencias separadas.

El sector empresarial sigue estas alternativas con enemistad manifiesta. Las grandes empresas advierten que la inflación de 2022 puede superar la del año precedente, y rechazan los proyectos del gobierno porque los asocian a intentos de control del mercado destinados a fracasar, entre otras razones, por su propia oposición y la debilidad del gobierno para imponerlos. Como solución vuelven a proponer una agenda de reformas económicas que servirían, aseguran, para generar certidumbre en el mercado, alentar las inversiones locales y extranjeras, y para la generación de empleo, entre otras posibilidades.

En tanto, las pymes remarcan la responsabilidad de las grandes compañías como formadoras de precios y proponen un control estricto de las tarifas eléctricas y de los precios de los insumos difundidos por parte del Estado como propuesta para evitar el traslado de los costos a los precios que se pagan en las góndolas y mostradores del comercio minorista.

Por su lado, los sindicatos proyectan un porcentaje de inflación similar al que avistan las empresas para este año y se concentran en las negociaciones para actualizar salarios en las mesas paritarias. En este sector de la dirigencia, las políticas de control de precios del Ejecutivo no gozan de popularidad porque observan que la constante suba de precios clave para la dieta de los asalariados complica las negociaciones con la contraparte empresarial.

La receta de siempre

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, consideró que lo mejor que se puede esperar para este año es una inflación igual a la de 2021 pero aseguró que para las compañías privadas todos los pronósticos amenazan con un nivel todavía superior.

Las razones de la escalada, para el dirigente mercantil, son las consecuencias de la emisión monetaria que encaró el gobierno durante la emergencia sanitaria y que incrementaron los problemas estructurales de la economía argentina. El panorama desde el prisma de la patronal es de desconfianza generalizada, lo que, según Grinman, hace prever que la inflación no tendrá solución este año, especialmente con las herramientas que proyecta Balcarce 50.

«La solución es generar puestos de trabajo e incentivar la creación de nuevas empresas –aseveró el titular de la CAC en diálogo con Tiempo-. Hoy Chile tiene 55 empresas cada 1000 habitantes y Argentina 13. La razón es que no somos un país amigable con los empresarios. Para invertir tenés que asegurarte que no te van a tratar mal, que vas a tener cargas tributarias razonables, que vas contar con leyes laborales criteriosas, que podés traer la plata de afuera sin que el gobierno te prohíba girar utilidades al exterior. Ser empresario en la Argentina hoy es una actividad de riesgo».

La propuesta que Grinman traslada vuelve a ser un conjunto de reformas económicas que apuntan a la flexibilización de todos los factores, especialmente el laboral y el cambiario.

Pese al descontento con la política, Grinman remarcó que el diálogo con el gobierno nacional «es excelente» e incluso «mejor que con el gobierno anterior», pero lamentó que por ahora las ideas de la CAC no hayan podido prosperar.  

Sin embargo, el presidente de la entidad observó presuntas diferencias de criterio internas de la alianza gobernante que, según interpretó, ocasionarían demoras, por ejemplo, administrativas, que afectan las negociaciones, el arribo a acuerdos pretendidos, entre otros inconvenientes.

Un sector del empresariado más concentrado cree que estas condiciones mejorarán tras el acuerdo con el Fondo Monetario, ya que impondrá la disciplina fiscal y le sacará protagonismo económico al Estado.

No hay neutrales

El dirigente sindical y diputado nacional oficialista Hugo Yasky considera que a la inflación se la puede combatir creando alternativas de cuño estatal en el mercado, una idea muy difundida entre economistas, políticos y sindicalistas vinculados al peronismo. En este caso, ante la fuerte suba de los llamados alimentos estacionales, se mostró partidario de dos iniciativas estatales: «Convocar a los pequeños productores y a las cooperativas» para que sean los jugadores de nuevos mercados centrales a razón de uno cada 200.000 habitantes. «Es una política que hay que empezar a ejecutar, como la de diseñar circuitos paralelos de comercialización, con alternativas para que el pueblo acceda a alimento de calidad a precios más bajos», dijo.

Pero hay inquietud respecto de las próximas negociaciones paritarias, de que la parte laboral pueda obtener aumentos de salarios que permitan sostener, al menos, el poder adquisitivo. De allí que Yasky -en realidad, el Plenario de la CTA- lanzara una «exigencia» al gobierno en el sentido de «que en la discusión por las paritarias no sea neutral, ni testigo de una disputa, sino que tome postura en favor de los salarios». Es un reclamo que apunta a comprometer el respaldo estatal al planteo sindical en las paritarias. Sólo así se obtendría la fuerza para avanzar.

La lupa en los costos

Para el presidente del Industriales Pymes Argentinos (IPA), el empresario Daniel Rosato, la explicación de la inflación local se encuentra en las expectativas que se generan por los aumentos de las grandes empresas y por las subas constantes de los fabricantes de los insumos para la industria, que se terminan trasladando a los precios. En ese punto, se encuentra cerca de los argumentos que expone el gobierno nacional.

La solución para este sector del empresariado es arribar a un acuerdo que incluya el apoyo de la oposición política. Ese acuerdo nacional sería la base para que las empresas vuelvan a tener recursos, producción, desarrollo, insumos y materias primas, financiamiento y como resultado, la tan mentada previsibilidad que demandan las empresas de todo tipo y tamaño.

Según el razonamiento de Rosato, la previsibilidad resultante hará que las expectativas bajen junto con el nivel del tipo de cambio.

Los primeros puntos de esta agenda son la intervención del Estado para controlar a los fabricantes de insumos difundidos y a las energéticas, frente a la posibilidad de un nuevo aumento de tarifas que consideran contradictorio con el objetivo de mantener quietos los precios que paga la gente en los comercios.

El IPA destacó las iniciativas del gobierno para controlar los aumentos, pero llamó la atención sobre la complejidad que supone actuar desde el Estado para contener los incrementos de los insumos difundidos (insumos que emplea la industria liviana, como chapa, aluminio, cartón, vidrio, plásticos, azúcar, harina y otros). Asimismo, reclamaron un acompañamiento concreto para intermediar con las distribuidoras de electricidad que, aseguran, ni siquiera responden las consultas sobre cortes de suministro, como pasó también con usuarios residenciales este verano.

Deshojando la margarita

Pero el planteo del IPA, de un gran acuerdo nacional, tuvo su chance y no caminó. Ya nadie recuerda que existe un Consejo Económico y Social en cuyo seno se iba a debatir y resolver esa iniciativa. Esa hoja de ruta se perdió en algún lugar y fue reemplazada por borbotones de acción estatal inconexos y sin continuidad.

Y el gobierno va a insistir con este recorrido. Así, la iniciativa de crear una empresa nacional de alimentos irrumpió en los últimos días tras el impulso del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. Esta semana, Klejzer explicó en varias entrevistas que la idea apunta a desacoplar la producción local de los precios internacionales. El proyecto propone que el Estado sea productor y comercializador de alimentos para pelear la posición dominante del grupo reducido de empresas con mayor preponderancia en el mercado local y con más peso para la formación de precios.

La Secretaría de Comercio Interior tomó distancia de ese proyecto e informó que su titular, Roberto Feletti, considera «la posibilidad de armar un fondo con el Mercado Central para comprar una cantidad determinada de tomate, papa y cebolla». La idea es armar un fondo fiduciario con el cual comprar una determinada cantidad de toneladas a futuro con lo que se fijaría el precio y se amortigüaría la estacionalidad en los vegetales.

La estacionalidad se hizo famosa esta semana por el informe de inflación de enero que presentó el Indec y reflejó en números la suba enorme de los precios de la fruta y la verdura. Domar el ansia de lucro de los productores, el peso de los avatares climáticos y hasta las costumbres culinarias argentinas va a requerir de mucho más que dibujos en un papel.

La inflación es corrosiva

La inflación corroe la sociedad. La enorme mayoría de la población, la que tiene ingresos fijos en pesos, lucha mes a mes para no perder poder adquisitivo. Y cuando este cae a pesar de estos esfuerzos, cunde el malhumor.

En su última encuesta nacional, Ricardo Rouvier & Asociados detalla que la imagen positiva del presidente Alberto Fernández dejó de caer en enero y enumera una serie de iniciativas que habrían colaborado con ello. Pero la inflación es el iceberg que amenaza con hundir el trasatlántico que conduce Fernández.

“Sin embargo, las expectativas siguen siendo negativas en cuanto a la economía y en particular la inflación, que constituye un aspecto crucial en la relación entre la sociedad y la política. Es más, el acuerdo con el Fondo puede verse afectado si la evolución de los precios atenta contra el bolsillo del ciudadano.”, señala el trabajo.

La lucha contra la carestía es una asignatura pendiente, según el estudio, ya que “una gran mayoría considera que las estrategias del gobierno para controlar o disminuir los precios, hasta ahora, no han dado resultado”. Ese grupo alcanza al 79,5% de los encuestados, mientras que solo un 8,4% asegura que “es eficaz”.

Con ese bagaje, la cantidad de gente que cree que la inflación no va a disminuir crece sin parar. Si en febrero de 2020, el 42,6% de los encuestados creía que la inflación “no va a disminuir”, ese grupo pasó en dos años a ocupar el 70,8% de las respuestas. Se trata de la expresión del desencanto con la falta de solución a un problema que, como se dijo, corroe a la sociedad.

Multicausalidad a la carta

El gobierno considera que es un triunfo sobre la derecha el haber logrado que el Fondo Monetario acepte la idea de «multicausalidad» de la inflación en la Argentina. Aseguran que ello le quita respaldo al sector que opina que la carestía es un «fenómeno exclusivamente monetario» y que en general busca un ajuste sobre el gasto público.

Pero todo indica que el respaldo de la multicausalidad del Fondo se limita a lo comunicacional. La prueba es que la medida más ardua de sostener del nuevo acuerdo que se presentará en los próximos días es, justamente, la reducción de la emisión monetaria para bancar el déficit fiscal. La caída de la emisión es mucho más acentuada que la del déficit fiscal en 2022. Y con ello el FMI cree que ayudará a reducir el impacto inflacionario.

La multicausalidad también incluye los acuerdos de precios, los que según el ministro Guzmán, fueron incluidos dentro de la letra chica del acuerdo. Sin embargo, con acuerdos de precios y dólar oficial prácticamente congelado, la inflación no baja del 50% anual.

Los movimientos del dólar son una causa concreta de la suba de los precios. La suba de los precios internacionales de materias primas (en dólares) operan en el mismo sentido. Pero en el gobierno no hay interés en llevar adelante acciones profundas para evitar la concentración de billetes en pocas manos.

Falta incluir entre las causas de la inflación el efecto que provocan las deudas en moneda extranjera.