Las negociaciones sobre la deuda pública emitida bajo ley extranjera continúan estancadas. Tanto el gobierno, que propuso el canje de bonos, como la mayoría de los fondos de inversión poseedores de esos títulos, se mantienen en sus posiciones. Más aún, en los últimos días dieron muestras de no querer efectuar más concesiones. La tirantez no afloja aún cuando la fecha límite propuesta para aceptar los términos de la operación, fijada para el martes 4, ya está a la vista.

Por eso en las últimas horas circuló el rumor de que el Ministerio de Economía estudia posponer ese plazo para crear más chances de algún tipo de entendimiento. En realidad ya modificó cinco veces esa deadline, a tal punto que ya pasaron casi 100 días desde la publicación de la oferta inicial, el 21 de abril.

En ese lapso, a pesar de los chisporroteos verbales, hubo grandes acercamientos. Los acreedores, agrupados en tres clubes, aceptaron en líneas generales la nueva estructura de bonos propuesta para reemplazar los viejos títulos, con un valor nominal de U$S 66.800 millones. A cambio lograron eliminar el período de gracia, recortar la quita de capital y suavizar la caída del tipo de interés. Pero la diferencia se mantiene en las cláusulas legales y en las facultades que se reserva el ministro de Economía, Martín Guzmán, para retirar ex post algunas series de títulos y así alcanzar niveles de adhesión mayoritarios que obliguen a ingresar al canje incluso a quienes lo rechacen explícitamente.

Los encontronazos siguieron esta semana. El lunes, los tres grupos de bonistas, liderados por el poderoso fondo de inversión BlackRock (sindicado como el más insistente en cambiar las condiciones legales de la operación), dijeron que habían logrado adhesiones de otros fondos hasta acumular el 60% de los bonos Discount y Par y el 50% de los Global. Estos montos harían fracasar cualquier operación que no cuente con su visto bueno.

Guzmán contraatacó con una entrevista a la señal de noticias Bloomberg TV. Allí consideró que el gobierno mejoró significativamente la oferta y enfatizó: «Llegamos a un punto que es el máximo esfuerzo que Argentina puede hacer sin comprometer el curso social que estamos tratando de lograr».

Pese a la cada vez mayor dureza de las discusiones, la distancia en términos económicos se redujo notablemente. A valor actual (es decir, descontando hasta el presente los flujos de dinero prometidos durante la vida útil de los títulos ofrecidos), la oferta argentina es de 53,5 dólares por cada 100 de valor nominal y la última contrapropuesta de los acreedores es de 56,5 dólares. Esos tres dólares que separan a las partes eran 26 al inicio de la negociación.

Mientras el enfrentamiento prosigue, esta semana vence el plazo de gracia por los intereses de dos bonos (el Centenario y el Discount) que deberían haber sido abonados a fines de junio, por un total de U$S 328 millones. Ese monto se suma a los U$S 503 millones de intereses de los bonos Global, defaulteados el 22 de abril. En julio hubo otros vencimientos impagos por otras siete series de bonos Global, que según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso representan U$S 622 millones y que a medida que se cumplan 30 días de retraso también entrarán en default. De no culminar la renegociación de la deuda de manera exitosa, esos eventos podrían disparar nuevas demandas judiciales en los tribunales de Nueva York, fijados como árbitro de eventuales disputas.