1° de Mayo: trabajadores más pobres y precarizados, con empresarios más ricos

Uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT explicó a los medios que la central no realizaría actividad callejera el 1 de Mayo porque «no hay nada que festejar».

Efectivamente, la recuperación de la economía en 2021, luego del retroceso de 2020 y que ahora persiste con menos ímpetu, no sirvió para mejorar la situación de la clase trabajadora argentina, que arrastra cinco años de retrocesos en sus condiciones de vida por la pérdida de poder adquisitivo del salario.

Sin embargo, el 1 de Mayo no fue concebido como una jornada de celebración sino, por el contrario, como un día internacional de lucha de la clase obrera. Así lo planteó, en 1889, la Segunda Internacional en su lucha por imponer la jornada laboral de ocho horas en todo el mundo.

Pero la CGT no comparte en la actualidad una perspectiva de lucha y sí prioriza su apoyo político al gobierno.

Pobres con trabajo

Los datos oficiales dan cuenta de la degradación del mundo laboral. Mientras el desempleo, a fines de 2021, afectaba solo a un 7,2% de la población económicamente activa (PEA), la pobreza alcanzaba al 37,3% de los argentinos. De allí se desprende que la condición de empleo no garantiza eludir una situación de pobreza. De hecho, mientras el salario mínimo, vital y móvil alcanzó los $ 33 mil en marzo de este año, la Canasta Básica Total (CBT, que mide el umbral de la pobreza para una familia compuesta por dos mayores y dos menores) llegó a 89.690 pesos. Un salario mínimo representó en ese mes apenas un 36,7% de una CBT cuando, en enero de 2017, equivalía al 60,5%. La evolución del salario mínimo impacta en los ingresos de los poco más de 1,2 millones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, cuya asignación está fijada en un 50% del salario mínimo y que explica gran parte de la conflictividad a partir de las organizaciones no alineadas con el gobierno.

Pandemia y precarización

La pandemia y las medidas de restricción sanitaria golpearon de lleno al mercado de trabajo. Durante el segundo trimestre de 2020, el desempleo alcanzó un pico del 13,2% pero sobre la base de una reducción sensible de la PEA, el universo sobre el que se realiza tal medición. Estimaciones privadas señalaron entonces que, si se hubiera tomado de base de cálculo la PEA promedio de los trimestres anteriores, la desocupación hubiera sido de hasta un 30%. Entre el primero y el segundo trimestre de ese año se destruyeron 3,7 millones de empleos según datos del Indec.

Si bien en el último trimestre de 2021, de la mano de la recuperación económica, se restablecieron prácticamente la totalidad de los puestos de trabajo perdidos, lo cierto es que se verifica un deterioro marcado en las condiciones de contratación y, de allí, en las remuneraciones en términos reales. Incluso dentro del trabajo registrado son las modalidades de monotributo y el empleo público las que explican la mayor parte del empleo recuperado, configurando una reconversión de empleos privados hacia modalidades de contratación autónomas y sin estabilidad laboral. Así las cosas, la pandemia y las restricciones trajeron como resultado una reforma laboral en los hechos.

Salario e ingresos

Pero la pandemia, además, cristalizó el deterioro de los ingresos de los asalariados que se venía verificando en los años previos. Según el informe «De la recuperación de la Pandemia a las urgencias preexistentes», elaborado por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM y basado en datos del Indec, el poder adquisitivo de los salarios retrocedió entre agosto de 2017 y enero de 2022 un 17,5%, recuperando apenas dos puntos del piso verificado en diciembre de 2019 cuando la caída del salario real llegaba a un 19,5 por ciento.

De ese mismo informe surge que, en el tercer trimestre de 2021, el 28% del total de trabajadores vivían en hogares que no reunían los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza. A la hora de la desagregación surge que ese fenómeno afecta al 45% de los empleados no registrados y un 41% a los trabajadores por cuenta propia. En el segmento de los trabajadores registrados, la pobreza afecta al 15%. Si bien se trata de un porcentaje muy inferior al de los empleados precarios, resulta significativo que los convenios colectivos no garanticen cubrir una canasta básica que, además, no incluye el alquiler.

Este proceso de precarización laboral y deterioro de los ingresos de los trabajadores se dio en el marco de un fuerte impulso económico. El Producto Bruto Interno durante 2021 creció un 10,3% recuperando lo perdido durante 2020. Sin embargo, ese crecimiento resultó en una apropiación de la clase capitalista en detrimento de los ingresos de los trabajadores. Así lo demuestra el informe de Cuenta de Generación de Ingresos e insumo de mano de obra del Indec, que muestra la distribución del ingreso funcional más regresiva desde que se retomó esa medición en 2016. En aquel momento, la participación de las remuneraciones al trabajo asalariado llegaba al 51,8% del valor agregado de la economía mientras que el excedente de explotación bruto (ganancias) explicaba el 40,2%. Para 2020, esa relación se había deteriorado hasta un 48% de los salarios contra un 43,2 de las ganancias en el marco de una fuerte contracción económica. La recuperación de 2021, sin embargo, llevó a que el excedente de explotación creciera casi cuatro puntos llegando al 47% en detrimento de una participación de los salarios en el valor agregado que se contrajeron, a pesar del crecimiento en  puestos de trabajo, hasta el 43,1%. A la vez, la participación del ingreso mixto (trabajadores autónomos) pasó desde el 11,4% de 2016 hasta un 13,5% ratificando el deterioro en la calidad del empleo.

Pero, más allá de la pérdida del poder adquisitivo del salario con relación a la inflación, desde el punto de vista de la competitividad empresaria, se produjo una reducción sensible del costo laboral. La mediana del salario registrado privado en dólares se redujo desde los U$S 1288 de diciembre de 2015 hasta los U$S 824 a la cotización oficial de enero de este año o los poco más de U$S 400 según la cotización paralela.

El fantasma del FMI

Las expectativas de recuperación del poder adquisitivo o de, al menos, detener el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora colisionan con el acuerdo con el FMI. Es que, más allá de la austeridad fiscal que podría afectar las aspiraciones de recomposición salarial para empleados públicos, docentes y beneficiarios de programas sociales, el memorándum acordado impulsa la quita de subsidios a la energía, la devaluación del tipo de cambio oficial y la suba de las tasas de interés, todas medidas que podrían alentar un proceso inflacionario y recesivo.

Pero además, a pesar de que por el momento no anunciaron la intención de imponer una reforma laboral general, el texto del entendimiento incluye varios pasajes que se refieren a la «modernización» de los convenios colectivos y la intención de incrementar la productividad del trabajo. Para eso, el gobierno aspira poner en marcha las comisiones del Consejo del Salario y la Productividad en los próximos meses.

Efectivamente, en este primero de mayo la clase trabajadora no tendrá mucho para celebrar y, si pretende revertir un proceso que resulta de una orientación de la política económica, deberá chocar con los intereses de la clase capitalista que en la Argentina y en el mundo ha sido la beneficiaria del dislocamiento generalizado que implicó la irrupción de la pandemia. «

La mujer trabajadora es el eslabón más débil

Dentro del deterioro general de las condiciones de la clase trabajadora, son las mujeres quienes no solo arrastraban una peor situación sino que esta se ha visto agravada por el efecto de la pandemia.

Según un estudio del IDAES-UNSAM, «de los 700 mil nuevos empleos que se crearon entre 2019 y 2021, solo el 34% corresponde a puestos ocupados por mujeres». La destrucción de empleo durante la pandemia, además, afectó especialmente al sector de trabajadoras de casas particulares, un segmento altamente informal y femenizado.

Según un estudio elaborado por el Indec para el 8 de marzo, mientras que el 86,7% de los varones se encuentran empleados, apenas el 63,1% de las mujeres tienen esa condición. Por otro lado, el trabajo doméstico no remunerado involucra al 81,6% de las mujeres y apenas al 45,5% de los varones lo que representa uno de los principales obstáculos para su participación plena en el mercado laboral. Los ingresos promedio de las mujeres en el sector informal representan el 65% del de los hombres y para el conjunto de los asalariados la brecha marca que de cada $ 100 que gana un varón, una mujer recibe 74 pesos.