Las tragedias que se llevaron la vida de Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia, y de Juliana Gómez, la futbolista de Argentino de Merlo -más el fallecimiento del jefe de prensa de ese club-, son apenas los últimos eslabones de una cadena que engloba represión policial, violencia de las barras bravas y desidia dirigencial.
Pablo Morcos -47 años, hincha de Independiente Rivadavia de Mendoza- murió en junio en pleno enfrentamiento entre hinchas y la policía durante el partido con Vélez por Copa Argentina en La Punta, San Luis. Morcos fue asesinado en la entrada al estadio Juan Gilberto Funes. Esposado, recibió patadas de una decena de policías. “Esa noche, además de asesinar a Pablo, fue la propia policía de San Luis la que ocasionó los disturbios, el entorpecimiento en la entrada y golpeó a varios hinchas, incluso menores de edad. La militarización del espacio deportivo está diseñada para generar violencia y avalar la represión masiva e indiscriminada que se desata en los partidos. Las hinchadas corren peligro en las canchas porque la policía se ensaña contra contra ‘el enemigo a combatir’”, denunció entonces la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Cualquier semejanza con lo vivido en el Gimnasia-Boca en el Bosque no es pura coincidencia. “Cuando estaba entrando a la cancha veo que una persona cae desplomada y arriba de él se le ponen 15 policías, teniéndolo de todos lados. En ese momento no sabía, pero era mi papá”, relató Lucas Morcos, hijo de Pablo. Barra, con antecedentes penales, la policía informó que estaba armado (su hijo lo negó). Y que murió por “una falla cardíaca”. Cualquier semejanza con las declaraciones de Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, después de la muerte de Lolo Reguerio en La Plata, tampoco son pura coincidencia. La policía bonaerense había reprimido en enero a hinchas de Boca antes de un amistoso de verano con Estudiantes en el Estadio UNO. “Una compañera casi pierde un ojo pero como no hubo muertos ni periodistas heridos el tema no trascendió en los medios”, recordó la agrupación Boca es Pueblo.
Partidos entre semana a horarios imposibles acomodados por la TV, de espaldas a los hinchas. Ya sin hinchas visitantes en Primera desde 2013 pero ahora con “neutrales” (hubo intentos de linchamiento en la tribuna en la que había 8 mil hinchas de Boca camuflados minutos antes de que comenzara el partido ante Sarmiento en Junín). Con aprietes de la barra cuando juega para la dirigencia, que comienza con la recaudación de los trapitos en las zonas liberadas por la policía. Con internas propias de la barra. Con finales mudadas fuera de Argentina, desde el pionero River-Boca en Madrid por la Copa Libertadores 2018 hasta el reciente acuerdo de la AFA con Abu Dhabi por cuatro ediciones de la Supercopa Argentina. Y con una definición a 5 km de distancia en la última fecha del campeonato (Boca-Independiente y Racing-River) en Capital (macrismo) y Provincia de Buenos Aires (peronismo).
Juliana Gómez -20 años, futbolista de Argentino de Merlo-murió el sábado 8 de octubre de regreso desde Rafaela en un accidente sobre la Ruta 9 en un auto particular tras la caída 1-0 ante Atlético por la Primera C, un fútbol amateur, sin ayudas dirigenciales. Las jugadoras habían llegado -y se habían ido de Rafaela- sin descanso. La muerte de Juliana puso al descubierto la falta de condiciones laborales dignas en el ascenso femenino. El auto lo conducía, mal dormido, Ricardo López, jefe de prensa y dirigente de Argentino de Merlo. López murió este martes en una clínica del Oeste del Gran Buenos Aires. Había sido agredido a la salida del hospital de Baradero, donde había permanecido internado: testigos apuntan al padre de Juliana como el homicida. Según trascendió, lo habría golpeado con un tubo de oxígeno. La Justicia imputó al padre de Juliana. Una muerte como respuesta a otra muerte.
La prohibición de hinchas visitantes redujo los focos de conflicto en las canchas. Pero una decisión que se suponía momentánea se transformó en política que suena a resignación. Y, aun así, las muertes siguen hasta el grotesco: Manuel López fue asesinado en septiembre en el marco de una disputa interna en la barra de San Martín de Tucumán. Tenía 36 años. Su cuerpo quedó tendido en la calle, envuelto en un charco de sangre, a cinco cuadras de la cancha. San Martín enfrentaba a Belgrano en La Ciudadela en un partido clave por el ascenso a Primera. El partido se jugó igual. “Lo que tenemos nosotros es que le pegaron un tiro en la espalda a alguien -había dicho minutos antes Rubén Moisello, presidente de San Martín-. El partido se juega, no porque sea más importante que una vida. Hemos preparado una gran fiesta”. El 10 de julio, mientras se jugaba el clásico Luján-Alem por la Primera C, la barra de Alem mató a Joaquín Coronel, de 18 años. Hincha de Luján, había ido a ver el partido junto a sus hermanos. Joaquín ayudaba en su escuela, donde cursaba el último año de la secundaria, y en un merendero. Cinco días más tarde, Federico Potarski -29 años, futbolista de Berazategui, también en la C- fue asesinado mientras trabajaba como chofer de Uber en un intento de robo en La Matanza. Trabajaba por las noches porque a la mañana entrenaba. Y porque Berazategui le pagaba 30 mil pesos, por debajo del salario mínimo en Argentina.
Hinchas muertos, aunque existan organismos estatales desde mediados de los 90, como la actual Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). Víctimas de la policía o, indirectamente, de la AFA. En 2020, un grupo de investigadores sociales realizó un diagnóstico y planteó propuestas para transformar las condiciones de los hinchas en Violencias en el fútbol argentino: claves para pensar su deconstrucción. Tres puntos se destacan: “1. Involucrar a los hinchas en la organización de la seguridad. Sancionar una nueva ley de espectáculos deportivos, más inspirada en el Estatuto do torcedor que en el Código Penal. Generar espacios de encuentro, debate y decisión democráticos. 2. Formar una fuerza estatal con agentes de seguridad desarmados y capacitados para actuar en espectáculos futbolísticos, asistiendo en primer lugar a la resolución de conflictos. 3. Crear un observatorio con capacidad para sancionar retóricas discriminatorias o violentas emitidas desde los medios de comunicación. Desde la capacitación a los medios, buscar transformar las formas culturales que legitiman las prácticas violentas”.
En 1982, tres años antes de la aprobación de la Ley 23.184 -Ley De la Rúa-, que rige para los hechos de violencia en las canchas, murió Juan Manuel Pérez en medio de una pelea entre las barras de Temperley y Los Andes, clásico del Sur del Conurbano. A golpes, dentro de la cancha, antes del partido. Se jugó igual. Tenía 25 años. “Mirá, esto no se va a arreglar nunca. ¿Sabés por qué? Porque en media hora tengo a los dirigentes de los dos clubes pidiendo que larguemos a los detenidos. Y después, cuando el fiscal empieza a investigar, nadie vio nada y todo queda impune”, le dijo el comisario al periodista Marcelo Chiaradía. Pérez, como Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia, integra un listado que ya suma 346 víctimas en torno a la violencia en el fútbol, un relevamiento histórico de la organización Salvemos al Fútbol. El listado, confeccionado en base a artículos periodísticos, sitúa la primera muerte en 1922. Como no hay un registro oficial, el número de víctimas se estima que es superior. La naturalización de la muerte en el fútbol cumplió 100 años.
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