Hubo 51 compañías que obtuvieron contratos por más de un millón de dólares. Dos de cada tres se beneficiaron con sobreprecios y 17 tienen estrecho vínculo con Cambiemos.
Ya quedó como un vago recuerdo aquella propuesta de un gasto público de $ 1040 millones que hicieran el –por entonces– jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y Gerardo Werthein –el representante nacional ante el Comité Olímpico Internacional (COI)– al ganar la elección como sede de los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud el 4 de julio de 2013 en Lausana, Suiza.
Entonces preveían gastar unos 104,69 millones de dólares para gastos deportivos y 126,4 millones en el complejo habitacional para los deportistas y otras mejoras urbanas necesarias. Todo eso considerando una cotización del dólar a $ 4,50. Lo cierto es que teniendo en cuenta la evolución de la divisa extranjera, la inflación y la decisión gubernamental de cambiar 34 de las 39 sedes previstas en el proyecto inicial para los juegos, la Ciudad puso unos $ 16.200 millones de pesos, 15 veces más del valor nominal estimado en 2013 y al menos dos veces más de la cotización en dólares.
Y la cifra puede ampliarse ya que en el Boletín Oficial siguen publicándose pagos diferidos y aumentos fuera de programa. Existen además compromisos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un crédito de U$S 160 millones que podría terminar costando el doble al concluir el pago en 2026.
El club de amigos
En 17 de las 51 empresas que lograron contratos por más de un millón de dólares hay vínculos estrechos con el poder: ya sea porque fueron aportantes a las campañas de Cambiemos o porque directamente hay funcionarios presumidos por haber jugado a ambos lados del mostrador. Si sumamos las obras y servicios que se les encomendaron a esas compañías son 272 millones de dólares los distribuidos con un presunto conflicto de intereses. Casi el mismo monto previsto para gastar por todos los juegos (231 millones de dólares). Entre ellas tres de las cinco compañías con contratos más abultados: Criba, Conorvial y Dycasa.
Criba SA es la empresa que se quedó con las concesiones más jugosas por un total de 70,8 millones de dólares. La constructora de Alberto y Eduardo Tarasido mostró también su versatilidad al hacerse cargo de tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos; además de levantar dos bloques de viviendas, el estadio de gimnasia y dos estadios multipropósitos. Justamente los hermanos Tarasido donaron 832 mil pesos para la postulación presidencial de Mauricio Macri en 2015. Una inversión conveniente.
La constructora Conorvial es la tercera en el ranking. Su vicepresidente, Ricardo López Casanegra, es otro de los empresarios de la construcción aportantes a la campaña presidencial de Mauricio Macri que quedaron a la luz con el caso de Alejandro Radetic, como denunció Tiempo en mayo de 2017. En los Juegos Olímpicos de los Juventud se quedó con dos licitaciones para ordenar el espacio público. La más importante, por $ 349.706.396 (U$S 21 millones en el momento de ganar la compulsa), le fue adjudicada pese a no ser la más económica y haber superado en un 19% la cotización establecida en el pliego inicial.
Dycasa fue la quinta empresa en volumen de contratos con 28 millones de dólares en obras. Esta constructora, de origen español, cedió al gobierno nacional a su exgerente Pablo Rafael Aragone, a quien Mauricio Macri designó vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en 2016. Ocupó ese lugar hasta mayo de 2018. Un par de meses después su exempresa inauguraba 244 viviendas divididas en seis torres. Esa compañía además había sido denunciada en 2014 por el extitular de la Afip, Ricardo Echegaray, por haber emitido facturas apócrifas.
Bricons es otro de los casos de aportantes beneficiados con contratos. La empresa tiene como titular a Mario Ángel Raspagliesi, quien ofreció un millón de pesos a la campaña del actual presidente: medio millón a título personal y la otra mitad a través de la Agropecuaria El Mistol. Su compañía se quedó con una de las licitaciones menos claras por tres torres de la Villa Olímpica con 129 departamentos. Fue adjudicada en junio de 2015 cuando todavía Mauricio Macri era jefe de Gobierno. Bricons se quedó con el dictamen tras presentar una oferta del 7% por encima del precio tope que había establecido el Estado porteño.
Parte de la familia
Entre las empresas del club del millón también hay parientes directos de funcionarios de Cambiemos. Uno de los casos es el de Emaco, la empresa de Federico Bensadón y Alberto Gutiérrez, en cuyo directorio figura Fernando Polledo Olivera, marido de Carmen Polledo, diputada nacional por Cambiemos. La compañía se quedó con una de las compulsas para construir tres torres que contienen 147 unidades habitacionales. Pero el vinculo íntimo no es su único lazo. Bensadón y Gutiérrez también llevan adelante Telemetrix SA, que tiene la concesión de Costa Salguero desde 1988 a precios irrisorios. Un lugar que además es usado por la Alianza Cambiemos como búnker electoral.
Casualmente Cateyco, la proveedora del catering de los búnker oficialistas, también es una de las beneficiadas. Para Buenos Aires 2018 recibió contratos por 1,2 millones de dólares. Pero la compañía integra la Asociación de Eventos de la República Argentina (AOFREP), en cuya mesa directiva está Bárbara Diez, esposa de Horacio Rodríguez Larreta.
Quizás el caso más sonante de conflicto de intereses familiar es el de la empresa de limpieza Los Soles, propiedad de la familia Costoya. Pedro, cabeza de la compañía, es habitual compañero de bridge de Franco Macri. Su hija Victoria, además, es la esposa del ministro del Interior Rogelio Frigerio. Hasta enero de 2018 Victoria era además directora de Financiamiento y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social, pero debió renunciar luego de que el presidente prohibiera por decreto la permanencia de familiares directos de ministros en la estructura de la administración pública.
Otro caso paradigmático es el de Niro Construcciones, que pese a no tener experiencia específica en el tema le fue otorgada la construcción del natatorio. Lo que hizo entonces fue subcontratar a Myrtha Pools, una empresa italiana cuyo representante local en el momento de ganar la licitación (marzo de 2017) era Orlando Moccagatta, al mismo tiempo subsecretario de Deporte de la Nación. El monto de licitación que ganó fue la segunda más alta, por 31,5 millones de dólares.
Finalmente, vale la pena destacar el caso de Telecom, la compañía de telecomunicaciones que obtuvo 6,5 millones de dólares para proveer servicios en los Juegos. El hombre que actuó como su titular entre 2005 y 2017, Gerardo Werthein, fue precisamente presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
La no respuesta oficial
Tiempo pudo encontrarse con el jefe de Gobierno porteño en los instantes previos a la última conferencia de prensa antes del inicio de los Juegos y le consultó por los gastos realizados. Horacio Rodríguez Larreta no supo dar precisiones acerca de cuánto había dispensado su Gabinete en la organización. «Depende del área», fue su trémula respuesta inicial. Cuando se le pidió, entonces, que dividiera gastos por sector, no supo esbozar una cifra. Sólo se atrevió a decir, señalando a los departamentos de la Villa Olímpica: «Estos ya están pagos», intentando pasar por alto el negociado que esconde la construcción y posterior venta del paquete de edificios, a precios superiores a los valores de mercado. Argumentando que lo esperaban en el escenario se fue rápido sin poder esbozar un monto que aclarara el panorama. «
Las otras millonarias
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