Recientemente se puso en evidencia el problema que atraviesa el INCAA. El conflicto fue tan serio que Luis Puenzo, quien estaba al frente de la institución, fue removido de su cargo. Por otra parte, el reclamo de quienes se verían perjudicados por la posible desfinanciación de la entidad, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad, un hecho vergonzoso que criminaliza la protesta social y que no concuerda con el tan preconizado republicanismo del que hacen ostentación discursiva el gobierno de Larreta y el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio.
Recientemente, Rodolfo Hamawi, actual Secretario de Cultura y Producciones Audiovisuales de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) publicó en La Tecla las consecuencias que podría producir la desfinanciación no solo del INCAA, sino de las industrial culturales audiovisuales en general.
El próximo 31 de diciembre caduca la ley 27.432, una “bomba”, según sus palabras, que determina las Asignaciones Destinadas a la acción cultural.
“Un impuesto o gravamen con Asignación Específica –decía en la nota mencionada- es aquel por el cual un porcentaje de lo recaudado, en vez de destinarse a Rentas Generales, va directamente a un organismo establecido. Por ejemplo lo recaudado sobre el impuesto al cigarrillo ingresa a la cuenta del ANSES, un porcentaje de los recursos obtenidos del pago por los Derechos de Exportación se destinan al INTA, INTI Y SENASA.” Es la Constitución Nacional la que faculta el otorgamiento de estas Asignaciones Específicas como una forma de fomento de determinadas áreas.
Por estos días, los medios corporativos y algunos políticos han hablado, en el mejor de los casos, de “prioridades” en una situación de crisis, como si el cine no fuera una industria que, como cualquier otra, debe ser protegida. Han llegado incluso a aducir que no hay por qué financiar a alguien que tiene la “veleidad” de dirigir una película, como si el derecho al trabajo no rigiera para los trabajadores de esa área.
En lo que hace específicamente a “Servicios de Comunicación Audiovisual”, la ley 26.522 del año 2009 establece que el total de lo recaudado por los gravámenes que impone la ley se distribuirá de la siguiente manera: 25% al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 10% al Instituto Nacional del Teatro, 20% a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, 28% al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 5% a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 10% para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarias, de frontera y de los pueblos originarios, 2% al Instituto Nacional de Música. Todas estas áreas quedarían desprotegidas si la ley 27.432 no se prorroga. Las consecuencias irían aún más allá de los 600.000 trabajadores que perderían su trabajo.
-¿Cuál es la verdadera dimensión del problema que saltó a partir de los conflictos planteados por el INCAA?
-El problema es gravísimo. Por un lado, está el de los trabajadores de la cultura. Pero, además, hay otro problema que es qué pasa si nos quedamos sin fondos para el Instituto de Teatro, para el INCCA o el Instituto de la Música. Esto afectaría a la ciudadanía en general, afectaría al país. Entonces la lucha tiene que tener dimensión nacional. Es asombroso que a 8 meses de la caducidad de esos recursos, todo siga caminando sin que haya siquiera un alerta.
-¿Qué otras consecuencias tendría la caducidad de la ley?
-El INCAA se financia básicamente de dos gravámenes: uno es el impuesto a las entradas, eso está establecido desde el año 1968 y es algo virtuoso. Cuando pagamos una entrada ya sea para ver una película de Walt Disney o cualquiera de estos “tanques” hollywoodenses, de esa entrada el 10 por ciento va al Fondo de Promoción Cinematográfica del INCAA. El otro recurso son las asignaciones que cobra el ENACOM por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con estos recursos el INCAA se nutre para dar créditos, para pagar subsidios. Si eso se corta, se corta la producción de películas argentinas o solo se harán películas para las grandes plataformas. Ese es el otro problema. Habría un apagón de la producción cultural variada y relacionada con la defensa de nuestras identidades. Es obvio que otros aprovecharían ese vacío para hacer otras producciones que no son justamente las que a nosotros nos interesan ni las que protegen tanto la Ley de Fomento que mencioné ni los otros aportes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Música (INAMU), de creación reciente, se financia casi en un 90 por ciento del porcentaje que sale de la Ley de Comunicación Audiovisual que es del 2 por ciento.
-Y, de todos modos, los gravámenes seguirían existiendo.
-Claro, lo que pasaría es que no irían directamente a los organismos culturales, sino a la renta general. Y si van directamente a la renta general, esos porcentajes van a quedar a disposición de la voluntad de los gobiernos nacionales y provinciales. Eso es desfinanciarlos y romper el fin que tienen los organismo culturales que es establecer un vínculo directo con los productores, es decir con los teatristas, con los músicos, con los cineastas. Estos fondos permiten descentralizar la gestión cultural poniéndola en manos de los protagonistas del sector y garantizar la financiación. En el caso del INCCA, lo que se vio es que no había mucho consenso respecto de cómo funciona, pero ese es otro problema, es un tema que tienen los actores del sector. Quizá esta situación sirva para crear conciencia sobre el tema, lo que sería importante, porque no estamos discutiendo solo cuántas películas se hacen, sino cómo nos pensamos como Nación, qué país queremos. Estamos discutiendo si tenemos algún grado de independencia en nuestras expresiones culturales. Lo que hay que garantizar es el financiamiento del sector para que sus valores no bajen o dejen de otorgarse por un desacuerdo con el ministro de turno. El INCAA, lo mismo que el INAMU tienen instancias en los que participan los productores. Si no paramos la caducidad de las Asignaciones Específicas, todo esto se desarma. Lo que se produciría entonces es la absoluta extranjerización de todo y la absoluta monopolización de grandes empresas multinacionales que dominan el ámbito audiovisual, el musical. Ese es nuestro destino si no sostenemos determinados recursos para que los creadores argentinos tengan capacidad de producir. Que tengan que buscar trabajo en multinacionales como Netflix o Amazon no debería ser un destino para los trabajadores de nuestro país.
-¿Cree que hay conciencia de la gravedad del problema en el Gobierno?
-Creo que en el Ministerio de Cultura hay conciencia y creo también que ya es momento de tomar decisiones más activas que involucren una gran movilización del sector cultural. Si no, repetimos lo que pasa en otros ámbitos en los que se dice que “no alcanzan los votos”, pero los votos se ganan y, entre otras cosas, se ganan con la presión popular. Las Cámaras se empiezan a movilizar, pero es necesario centralizar todo eso, tener una propuesta única y mostrar a la sociedad y al Gobierno que este es un tema que hay que resolver con urgencia. Es algo que no se puede dejar para diciembre, porque hay organismos que hacen su presupuesto a mediados de este año. En la Argentina, el tiempo pasa más rápido que en otros lugares y 8 meses no son nada en relación con lo vertiginosos que son los acontecimientos. Creo que el Ministerio de Cultura debería hacer una gran convocatoria y respaldar con toda la fuerza algún proyecto de ley que extienda el plazo. Es preciso hacerlo porque la Constitución Nacional dice que las Asignaciones Específicas tienen que tener una fecha de caducidad establecida por una ley. El macrismo le dio a esa ley cinco años de caducidad, lo cual es una locura. Nosotros debemos impulsar y proponer una ley que extienda ese plazo.
-¿Y cuál sería un plazo lógico?
– Hay una ley del legislador Pablo Garro que habla de 50 años, que es un tiempo razonable para que los proyectos tengan la suficiente dimensión cultural. Creo que hay que apoyar esa línea. Algunos sectores de derecha plantean que no haya ley y otros que su vigencia sea de 5 o 10 años, lo que es disparatado porque una película, por ejemplo, es un proyecto de largo aliento. Entonces no se puede restringir la extensión de esa forma. Insisto en que la comunidad cultural tiene que unificarse respecto de este problema y comunicarlo a la sociedad, que la derecha no pueda decir que “es un problema de los ñoquis” o cosas como las que dijo Espert, que no está entre las funciones básicas del Estado sostener la Cultura. Sí, claro que está entre las funciones del Estado. Nuestro país ha firmado compromisos internacionales al respecto. Pasan por alto, por ejemplo, que en 2005 en una reunión convocada por la UNESCO en Paris, la Argentina formó parte de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural y firmó la declaración por la que los Estados se comprometen a tomar medidas para: “proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y a las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales”. Las industrias culturales son un sector protegido en el mundo. Además, en Argentina aportan aproximadamente el 2 por ciento del PBI. No estamos diciendo que todo eso va a desaparecer, sino, muy precisamente, que las instituciones que están insertas en esos sectores van a estar desfinanciadas y no van a poder cumplir su función.
La ignorancia de esta gente y nuestro silencio hacen que se empiecen a instalar cuestiones falsas y que la sociedad las compre. No hay que permitir que la derecha corra el eje e instale la discusión de si hay más o menos empleados en un organismo porque el eje de la discusión no pasa por allí. Aquí estamos discutiendo otra cosa: la tarea sustancial del Estado Nacional de sostener su cultura. Por eso creo que debemos hacer un trabajo de concientización hacia afuera del ámbito de la cultura, unificar posturas hacia adentro y ganar espacio público. Hasta ahora todo es muy tímido y creo que el Ministerio de Cultura tiene que ponerse a la cabeza de este reclamo. Hubo un apoyo al proyecto del diputado Carro, pero me parece que no es suficiente recibirlo y sacarse una foto con él.
-Debido a la crisis económica y, sobre todo, luego de la pandemia, la derecha hace que el discurso de que la cultura no es prioritaria pase a formar parte del sentido común.
-Pero precisamente durante la pandemia la cultura demostró que es prioritaria, que salva. Parte de poder atravesar la situación dramática del encierro tuvo que ver con las películas que vimos, los recitales online y demás. Hubo una explosión de ese tipo de consumo. Somos parte de los libros que leímos, de las películas que vimos, de la música que escuchamos. Eso nos constituye y eso es lo que estamos discutiendo.
