El arte de ajustar

En el mes de septiembre de 2018, el Ministerio de Cultura de la Nación fue degradado a Secretaría. Ese fue un punto de inflexión en el vaciamiento del área, que había comenzado, sin embargo, mucho antes, recién iniciado el año 2016, ni bien la alianza Cambiemos se hizo cargo del gobierno. Basta un porcentaje para dar cuenta de la magnitud del daño producido: mientras en 2018 la economía del país se retrajo un 2,6%, la producción de servicios y bienes culturales decreció aún más, el 2,8 por ciento. Los consumos culturales son los primeros en bajar cuando se incrementan los precios de los bienes de primera necesidad y también los primeros en reactivarse cuando estos bajan.

En la destrucción de las políticas culturales públicas confluyen dos factores fundamentales: por un lado, la crisis económica generalizada en todos los rubros; por otro, el manifiesto desinterés por lo público que expresó el gobierno de Macri también en el ámbito de la cultura.

El desguace se llevó a cabo desde distintos frentes: la desfinanciación del área, los despidos multitudinarios de trabajadores de la cultura, el cierre de centros culturales, la anulación total o parcial de programas culturales y la subejecución de presupuestos.

El entonces ministro de Cultura Pablo Avelluto, hoy devenido secretario, que pasó del área privada a la gestión pública –fue, entre otras cosas, gerente del Grupo Planeta y director editorial de Random House Mondadori–, se vanaglorió de haber tenido “el coraje, la audacia y la voluntad política” (sic) de despedir a 1600 trabajadores del sector.

Según señala un informe elaborado por el Centro Universitario de las Industrias Culturales Argentinas (CUICA) de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), entre 2014 (año en que el gobierno anterior elevó la Secretaría de Cultura al rango ministerial) y 2018 (cuando Macri volvió a degradarla) las partidas presupuestarias para la implementación de políticas culturales públicas tuvieron una caída acumulada del 29%, y del 32% si se compara con el presupuesto 2015.

En 2018, a la Secretaría de Cultura de la Nación se le asignó un presupuesto de $ 4.480.607.310, que se incrementó en un 10% para 2019, un porcentaje muy alejado de la inflación del período.

La menor participación del Estado en la promoción hizo que disminuyera tanto la oferta pública como privada de bienes y servicios culturales. Con la disminución de la oferta pública, el ingreso a determinados ámbitos culturales nacionales perdió su gratuidad.

Por ejemplo, la muestra de J. M. W. Turner, «Acuarelas», que se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre de 2018, desató una áspera discusión sobre el arancelamiento de los museos nacionales. Finalmente, para que la muestra pudiera realizarse el público debió pagar un arancel de $100, única forma de sostener, ante un Estado en retirada, las altas erogaciones en dólares que implicaban el traslado, los seguros y demás requerimientos de la exposición. Las voces críticas que se alzaron sobre el arancelamiento de los museos lo señalaron como el comienzo de un proceso de privatización de la cultura.

De la biblioteca a las orquestas, recorte generalizado

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, por la que Alberto Manguel hizo un breve paso como director, fue víctima del recorte presupuestario y de la disminución del número de trabajadores de planta, ya que también allí hubo una ola de despidos. Como consecuencia, el programa editorial que sostenía se cerró en 2016. De esta forma, el país dejó de contar con la edición de libros fundamentales para la cultura nacional, que no resultan rentables para las editoriales comerciales, y con las reproducciones facsimilares de revistas y documentos que hacen a la historia del desarrollo histórico-cultural argentino.

El programa Ronda Cultural, que consistía en un recorrido gratuito por museos y otros espacios culturales a bordo de pequeños micros con guías especializados, se disolvió y fue mantenido por sus trabajadores de manera autogestiva.

Puntos de Cultura, el programa instaurado en 2011 durante la gestión de Jorge Coscia, que brindaba subsidios y apoyo a organizaciones y colectivos culturales que desarrollaran iniciativas artísticas y culturales, fue reducido a su mínima expresión, del mismo modo que la Red Puntos de Cultura que conformaban 677 puntos en todo el país.

Algo similar sucedió con el Programa de Coros y Orquestas Infanto-juveniles. Creado con el objetivo de ofrecer educación musical gratuita a 20 mil chicos de barrios vulnerables de todo el país, agrupados en 161 coros y 140 orquestas, también sufrió el embate del recorte presupuestario.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Nacional, reconocida por su excelencia, viene atravesando una crisis profunda desde que el macrismo accedió al gobierno. Sus integrantes cobran sus magros sueldos con seis o siete meses de retraso y, en vista del panorama desolador que se vislumbra, muchos de ellos la abandonan en busca de mejores perspectivas de trabajo. Aunque la función de una orquesta nacional es llegar a todo el país, desde hace meses que las giras están suspendidas. En una Argentina devastada por la inflación, en 2018 la Secretaría de Cultura le asignó un presupuesto de 8 millones de pesos para todo el año. En 2019, la situación empeoró de manera dramática: el presupuesto asignado se derrumbó a sólo 950 mil pesos.

El Ballet Nacional de Danza, dirigido por Iñaki Urlezaga, que buscaba que este tipo de expresión se acercara a un público más amplio en todo el territorio nacional, fue disuelto a comienzos de 2018. Como consecuencia de su disolución, 60 trabajadores, entre los que se contaban no sólo bailarines, sino también técnicos, docentes y vestuaristas, se quedaron sin trabajo.

El programa Factoría en Danza, destinado a estimular la danza emergente y que alcanza a bailarines, coreógrafos, directores y performers, también fue víctima del vaciamiento. Lo mismo puede decirse del programa Becar Cultura, el Fondo Argentino de Desarrollo, el área académica de la Dirección de Elencos Estables, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, los programas dedicados a la difusión de las Lenguas Originarias y el concurso “Vamos las bandas”. Todos desguazados.

La industria editorial argentina, devastada

Entre 2015 y 2019, según la información recogida por el CUICA, la producción editorial tuvo una caída superior al resto de los sectores productivos de la cultura, que se verificó en cada uno de los puntos de su cadena, desde la impresión de ejemplares a la venta en librerías.

En el primer semestre de 2019 se registraron 18,6 millones de ejemplares impresos, un 55% menos que en 2015. Pero si la comparación se hace con el mismo período de 2014, la caída es superior al 70 por ciento.

En 2014 se habían publicado un total de 128 millones de ejemplares; y en 2018 fueron apenas 43 millones, y la caída sigue, progresiva y constante. Según el último informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL), los tres primeros meses de 2019 fueron los peores en cinco años.

Esa merma se tradujo en la pérdida de más de 5000 puestos de trabajo en la industria editorial desde 2015. A esto se suma un crecimiento exponencial de las importaciones de volúmenes, que subieron un 438% desde ese mismo año, lo que repercutió no sólo en las editoriales, especialmente las pequeñas y medianas, sino también en las imprentas y hasta en sectores que habitualmente no son tenidos en cuenta a la hora de medir la crisis del sector, como son los fletes que hacen la distribución en todo el país.

Un dato significativo es que sólo en 2018, debido a la devaluación y a la inflación, el papel, un insumo fundamental para el sector, aumentó un 80 por ciento.

Junto al desguace creció la concentración del negocio, económica y regional. El 54% de las publicaciones quedaron concentradas en la Capital Federal; seguida por la provincia de Buenos Aires con el 19%; Córdoba, un 7%; y San Juan, un 5 por ciento.

La última encuesta de ventas realizada por la CAL entre sus socios arrojó que siete de cada diez empresas editoriales vendieron menos en 2018 que en 2017. Además, el 65% de ellas tuvo variaciones negativas en su rentabilidad.

Otro de los problemas que afecta al sector editorial local es que los planes de compra por parte del Estado de grandes volúmenes de libros para las escuelas y bibliotecas fueron discontinuados. Según la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), en 2016 hubo una caída abrupta en las compras oficiales del 93 por ciento. La situación tuvo una leve mejora en 2017, aunque el nivel de compras fue menos de la mitad que en 2015, cuando éstas ascendían al 16% de la adquisición total de libros. La caída volvió a ser abrupta en 2018 y en 2019.

Como sucede en el resto de los rubros de la economía, también en el sector editorial los grupos concentrados como Planeta y Penguin Random House son los que pueden enfrentar la crisis con mayor solvencia, mientras las pymes independientes son las más afectadas.

El cine nacional también quedó fuera de foco

A diferencia de lo que sucede con el libro, la producción de una película tiene costos muy altos y, en un mercado pequeño y deprimido como el argentino, la recuperación de la inversión se hace difícil, a veces imposible. Según lo consigna el CUICA, entre el 50 y el 100% de la recuperación de la inversión depende de los subsidios con que cuente una película, subsidios que, obviamente, son cada vez más escasos. Para que estos subsidios sean otorgados, se necesita fijar un costo medio por película de largometraje, y este costo medio quedó ubicado por debajo de la inflación.

De la mano de la crisis, también cayó la asistencia a las salas. Mientras en 2015 se vendieron 52.230.747 entradas de cine en todo el país, en 2016 la cifra cayó a 50.972,286,en 2017 los espectadores fueron 49.532.735, y en 2018, 46.550.305. Es decir, una reducción del 10,8% de la taquilla en cuatro años. En el mismo período, el presupuesto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) no sólo se achicó –de $ 2.855.106.533 a 2.538.654.311 en 2018, al suprimirse las partidas del gobierno nacional– sino que también se subejecutó.

En 1968, a través de la Ley 17.741, se había establecido que el 10% del valor de cada entrada de cine vendida en el país debía pasar al Fondo de Fomento que utiliza el INCAA para financiar películas, series de televisión y actividades culturales en todo el país. Pero también hay otro ingreso al Fondo de Fomento que proviene del 25% que pagan las empresas nacionales y extranjeras de radiodifusión por operar en el país.

Apenas asumió Mauricio Macri, redefinió las empresas de radiodifusión como TICS, por lo que eventualmente podrían dejar de pagar este impuesto, lo que disminuiría los fondos del INCAA en un 60% y transferiría fondos públicos al sector privado. En abril de 2017, Avelluto pidió la renuncia del titular de la institución, Alejandro Cacetta, alegando “conflicto de intereses”. De esta manera comenzó el proceso de desfinanciación y vaciamiento del INCAA. En los años 2017 y 2018, además, su presupuesto fue subejecutado en 820 millones de pesos.

Estos conflictos han incidido de manera directa en la producción audiovisual. Para recuperar la inversión de una película de costo medio sería necesario vender 583 mil entradas. Según los datos proporcionados por el INCAA, en lo que va de 2019 sólo 16 películas alcanzaron o superaron esa cantidad. Si se toman los datos de la asociación de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), fueron sólo 13.

A este complejo escenario se suma el cierre de diversas salas cinematográficas, que no pueden sostenerse debido a la crisis.

Un teatro para cada vez menos espectadores

Según informa la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), aunque los precios de las entradas no acompañaron el ritmo de la inflación –subieron el 25% en un contexto inflacionario interanual del 55%–, la caída de la concurrencia a espectáculos teatrales cayó un 21% respecto de 2014 (uno de los mejores años para las artes escénicas). Si 2018 fue malo, 2019 fue aún peor: la venta de entradas decreció un 9 por ciento.

La crisis alcanza por igual al teatro comercial y al independiente y, como lo consigna el CUICA, esto difiere de lo que sucedió en el período 2001-2003 cuando, pese a la crisis económica, las salas teatrales independientes nunca disminuyeron la concurrencia. Si bien la transferencia de fondos al teatro independiente aumentó progresivamente a partir de 2016, los insumos de las salas teatrales se dolarizaron. En 2015 se transfirieron U$S 6.271.487 y en 2018, U$S 5.221.256, es decir que hubo un descenso del 17 por ciento. En 2018, además, el presupuesto del Instituto Nacional del Teatro, fuente de financiación de las artes escénicas, se subejecutó debido a conflictos políticos internos.

En este momento, los productores teatrales se ven obligados a ajustar costos, reducir el número de funciones y aumentar la promoción para luchar de manera despareja con la crisis económica general. Un dato para tener en cuenta es que este año, las obras infantiles que aumentan la taquilla durante las vacaciones de invierno, no lograron hacerlo, por lo que la situación es más grave que la de 2018. Según datos proporcionados por el productor de espectáculos Daniel Grinbank, las diez obras más taquilleras reunieron sólo 20.872 espectadores, frente a los 60.872 que convocaron en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, el teatro oficial también sufrió recortes. “Así por ejemplo–consigna el informe del CUICA–, el Teatro Nacional Cervantes ha recortado el festival de Teatro Latinoamericano, el Plan Federal de producciones, el plan de giras o el festival El País, en pos de una mirada centrada no sólo en el teatro neoburgués que mayoritariamente se produce en la Ciudad de Buenos Aires sino incluso más, en una visión eurocéntrica del teatro con adopción de modelos europeos de programación, producción, dramaturgia y puesta. El catálogo del Instituto Nacional del Teatro, aunque con mayores cupos para la producción nacional, ostenta asimismo una mirada igualmente concentrada en un tipo de estética propia de la Ciudad, con mayoría de producciones de ese centro urbano y escasas o nulas producciones de la provincia de Buenos Aires, que en cuanto a cantidad de producción, empata o supera a la ciudad.”

 La música en tiempos de inflación y aumento del dólar

La devaluación del peso y la estampida del dólar son dos factores que, sobre todo a partir de 2018, vienen obstruyendo la posibilidad de que los productores argentinos traigan artistas del exterior.

En cuanto a la música grabada, subió lógicamente la venta digital, mientras que se retrajo el mercado físico. Los ingresos por venta digital ya en 2017 (último dato conocido) habían crecido un 34,4 por ciento. En el  mercado físico, básicamente del soporte CD, se dio el fenómeno inverso: en 2017, las ventas bajaron 38 por ciento, no sólo por el auge de la cultura digita, sino por las limitaciones que el dólar impuso al acceso a discos importados. Según el informe del CUICA, las disquerías sufrieron una baja del 26% en sus ventas en 2017, y del 39% en 2018, de vuelta, algo atribuible a una tendencia global de reconversión del formato pero también a la recesión que se hace sentir en el sector.

Respecto de la música en vivo, los grandes festivales como el Lollapalooza o el Cosquín Rock, que cuentan con el auspicio de marcas importantes, ha mantenido su público en tiempos de crisis e incluso lo han incrementado, aunque sus abonos son caros. La caída se produjo, en cambio, en las entradas de precios medios o populares.

Este fenómeno, que se observa claramente en los recitales, se da también en otros rubros no necesariamente ligados a los consumos culturales: mientras el consumo se mantuvo o incrementó en los sectores de mayores ingresos, se retrajo en los sectores medios y bajos. «